Miércoles 20 de marzo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n El presupuesto del IET para 2001 fue corto, insiste Lima Gutiérrez
Sugiere Mauricio Merino homologar legislaciones electorales de los estados

Víctor Hugo Varela Loyola n
Mientras el sistema federal electoral se ha ido consolidando sobre la base de normas cada vez mejor conocidas, aceptadas y defendidas por autoridades, partidos y ciudadanos, en las entidades federativas siguen existiendo múltiples reglas, cuya heterogeneidad, en el mejor de los casos, impide un conocimiento más extendido de los detalles legales y de los medios para defender el derecho propio y, en el peor de los casos, las convierte en causa de nuevas controversias políticas.
Así lo afirmó el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Mauricio Merino Huerta, durante su participación en el foro "Los organismos electorales en la transición mexicana", que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y en el que también participaron el presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), Patricio Lima Gutiérrez, y el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Pablo Javier Becerra Chávez. En su ponencia "Federalismo electoral: varios sistemas y un solo ciudadano", Mauricio Merino asentó que debido a que en México el derecho electoral es una materia relativamente nueva, no se han abordado en una forma crítica las distintas normas que rigen esta materia en los estados.
Advirtió que en el país no hay un sistema electoral único, sino varios, con distintos niveles de desarrollo. "Y que si bien esa conviviencia entre sistemas electorales diversos es consecuencia del régimen federal, también ha sido causa -y probablemente seguirá siendo- de no pocas dificultades políticas".
Subrayó que los problemas que han enturbiado el proceso de transición por el que atraviesa el país han brotado, casi invariablemente, "de ahí, donde las normas o las autoridades locales no han logrado ofrecer suficiente certeza sobre los resultados de los comicios". Abundó: "los defectos de los sistemas electorales se han hecho cada vez más visibles, en la medida que la solución a esos conflictos ya no ha dependido -para bien del país- de negociaciones políticas, sino de la intervención de los tribunales, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado la última palabra".
El consejero electoral recordó que en algún momento sugirió que fuera el IFE el encargado de organizar todas las elecciones que se celebran en México. Al respecto, dijo que sigue pensando que, en la medida en que los procesos electorales se conviertan cada vez más en asunto técnico y cada vez menos en litigio político, "ése debería ser el derrotero a seguir".
Empero, señaló que tras un lustro como consejero del IFE se dio cuenta de que los pequeños detalles técnicos que componen las elecciones representan en realidad el asunto más importante, y de que de esos pequeños hilos con los que se tejen las redes electorales depende el éxito o el fracaso de cada elección, "que en esta materia se cifra en la credibilidad y en la aceptación de los resultados, o en el comienzo de un nuevo conflicto".
Mauricio Merino admitió que las diferencias que todavía separan a las elecciones de los estados entre ellas, y no sólo de las que se realizan en el ámbito federal, harían operante y aún riesgosa una decisión que quisiera unificar en un solo órgano y en una sola legislación nacional la conducción completa de ese universo complejo que conforma nuestro federalismo electoral.
Ante ello, advirtió sobre la necesidad de reorientar el debate en busca de una mayor homogeneidad entre la propias legislaciones locales. "Esto es necesario para facilitar el ejercicio del voto; para ahorrar recursos y, sobre todo, para afirmar la confianza en los resultados electorales".
Agregó: "Mientras no se haga el análisis riguroso de cada una de las legislaciones locales, ni sus reformas tiendan a facilitar el acercamiento con las demás, será práctica y jurídicamente imposible optimizar la coordinación entre estados y de éstos con los órganos federales para hacer elecciones cada vez más sencillas, menos caras y mejor orquestadas".
El investigador Pablo Javier Becerra Chávez también hizo un análisis sobre el desarrollo del sistema electoral a nivel local. Dijo que si bien es cierto que los cambios en el ámbito federal "normalmente arrastraban los diseños legales locales, la dinámica de los estados era diferente debido a la laxitud del marco constitucional y a las diversas características propias de la dinámica local".
Refirió que a partir de la reforma de 1996, con el establecimiento explícito de un conjunto de elementos mínimos que deben establecer las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, se acelera la tendencia a la unificación de los diseños locales.
Destacó que si bien en 1982 los organismos electorales locales estaban férreamente controlados por los gobiernos de los estados, particularmente por los gobernadores, en 1995, después del Código Federal Electoral de 1987 y de las primeras tres versiones del Cofipe, la situación había cambiado sustancialmente.
Estos cuadros evidencian una etapa avanzada del proceso de "ciudadanización" del órgano electoral estatal en la mayoría de las entidades, coherente con la lógica del IFE creado por la reforma de 19891990. En este orden, refirió que para el año 2000 la situación cambió sustancialmente, pues "en ningún estado el gobernador designa al presidente del órganos electoral local y solamente en Michoacán lo propone para que el Congreso lo elija por mayoría calificada".
Por su parte, el presidente del Consejo General del IET, Patricio Lima Gutiérrez, aseveró que una de las variables que son necesarias para que un órgano electoral sea autónomo es el que se refiere al aspecto financiero, "partiendo de la hipótesis de que la independencia económica contribuye considerablemente a la independencia política y funcional de la organización electoral".
En este caso, señaló que si bien es cierto que existe en el IET autonomía financiera frente al Ejecutivo, que solamente funciona formalmente como intermediario con el Congreso del Estado, también es cierto que aún en un año electoral, como lo fue 2001, su presupuesto fue recortado y modificado por la instancia legislativa.