John Ashcroft insinuó que militares estadunidenses podrían participar en su aprehensión

EU presenta cargos criminales contra tres integrantes de las FARC

Solicitará a Colombia la extradición de los indiciados; Bogotá daría trámite a la petición

AFP, REUTERS Y DPA

Washington, 18 de marzo. Estados Unidos presentó hoy cargos criminales contra tres miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y pedirá a Santafé de Bogotá la captura y extradición de los indiciados, anunció el fiscal general estadunidense, John Ashcroft.

El fiscal incluso dejó abierta la posibilidad de usar a militares estadunidenses para capturar a los acusados. "No quiero indicar específicamente que usaremos a nuestros militares, pero usaremos todos los medios apropiados a nuestra disposición", afirmó, según consignó el diario colombiano El Tiempo. Por lo pronto, las autoridades colombianas se mostraron dispuestas a dar trámite a la eventual solicitud de extradición.

Los cargos por narcotráfico contra los miembros de las FARC fueron presentados en momentos en que el gobierno del presidente George W. Bush consulta con el Congreso la forma de dar ayuda militar adicional a Colombia para combatir a los grupos armados ilegales, además de autorizar el uso, con ese fin, de equipos ya entregados que fueron habilitados por ley para combatir el narcotráfico.

Esta es la primera vez que Estados Unidos acusa y busca enjuiciar a guerrilleros colombianos por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Encabeza el acta de enjuiciamiento Tomás Molina Caracas, apodado Negro Acacio, a quien Ashcroft identificó como jefe del Frente 16 de las FARC, que supuestamente controlaba una pista de aterrizaje clandestina en el oriente de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela y Brasil, desde la que habrían salido "múltiples cargamentos" de cocaína hacia Estados Unidos y otros países, entre 1994 y 2001.

Tomás Molina, de 37 años, es considerado por las autoridades colombianas el principal responsable de finanzas de las FARC.

Los otros miembros de las FARC mencionados en el acta son Carlos Bolas y otro hombre cuyo nombre no se reveló, todos supuestamente jefes de las FARC. Otros indiciados son un colombiano identificado como Nelson Barrera y tres brasileños, uno de los cuales, de nombre Luiz Da Costa, está detenido en Brasil, y Estados Unidos también pedirá su extradición, dijo Ashcroft.

El fiscal general situó los cargos en el contexto de la campaña de Estados Unidos contra el terrorismo internacional, afirmando que las acusaciones reveladas hoy eran "una llamada de atención" para recordar a los estadunidenses que "si alguien compra drogas está respaldando el terrorismo.

"Cuando se gasta un dólar en drogas en Estados Unidos, los enemigos de Estados Unidos ganan un dólar", insistió.

"La acusación marca una convergencia de las dos principales prioridades del Departamento de Justicia: la prevención del terrorismo y la reducción del uso ilegal de drogas", señaló Ashcroft.

Sostuvo sin embargo que "los cargos de hoy son contra dirigentes de las FARC no como guerrilleros o terroristas, sino como traficantes". El secretario de Justicia anunció asimismo que mañana martes presentará la primera fase de una nueva y "más agresiva" estrategia para reducir la disponibilidad de drogas ilegales en Estados Unidos.

"Igual que los cargos presentados hoy, esta estrategia pondrá el foco sobre las más significativas organizaciones responsables del abastecimiento de drogas", dijo.

En la misma conferencia de prensa, el jefe del agencia antidrogas estadunidense (DEA), Asa Hutchinson, dijo por su parte que el colombiano Molina actuaba como responsable del tráfico de drogas para las FARC, la más antigua y numerosa organización guerrillera de Colombia, recibiendo cocaína de los frentes 1, 7, 10, 39 y 44 de esa agrupación.

Hutchinson precisó que la investigación del caso llevó 18 meses en Colombia y Brasil, y que el enjuiciamiento fue aprobado por un jurado el pasado 7 de marzo, pero no fue revelado hasta este lunes porque había que asegurar la protección de testigos.

Las FARC, que llevan cuatro décadas alzadas en armas, figuran en la lista de organizaciones terroristas hecha por Washington.

En Santafé de Bogotá, Rómulo González, ministro de Justicia, sostuvo hoy que los miembros de las FARC acusados por Estados Unidos "son ciudadanos colombianos que los piden en extradición y se le va a dar el trámite correspondiente".

El fiscal general, Luis Camilo Osorio, recordó a su vez que con la ruptura del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, el pasado 20 de febrero, les fue retirado a los rebeldes el estatuto político.

Y el jefe de las fuerzas armadas, general Fernando Tapias, recordó que Estados Unidos y Colombia mantienen vigentes tratados de extradición que podrían aplicarse en estos casos.

Hasta el cierre de esta edición no se había conocido reacción de las FARC a la acusación estadunidense. En cambio, esa fuerza guerrillera y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) descartaron por separado estar involucrados en el asesinato de arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte, y ambos grupos coincidieron en que el crimen perpetrado el sábado obedeció a un ajuste de cuentas a la Iglesia católica por sus gestiones en favor de la paz en Colombia.

Rebeldes se deslindan del homicidio del arzobispo Duarte

El jefe del sexto frente de las FARC dijo, según Radio Caracol, que esas fuerzas "no tuvieron ninguna participación" en el hecho, que atribuyó a los "enemigos de la paz".

Con Duarte "tuvimos diferencias, pero aquí en Colombia todo crimen se disfraza de impunidad (...) Jamás van a encontrar a los autores intelectuales y materiales porque no los buscan donde deben estar", añadió el comandante Pablo Catacumbo.

Previamente, el encarcelado vocero del ELN, Francisco Galán, leyó un comunicado que condenó el asesinato del prelado, con quien "si bien no compartíamos puntos de vista, opiniones o acciones (...) ello no impidió que mantuviéramos un intercambio franco y abierto y una comunicación permanente". El asesinato, agregó el segundo grupo guerrillero del país, "ensombrece aún el panorama de la paz, por cuanto la Iglesia ha sido una de las instituciones más vinculadas a la búsqueda de una salida política".

Al menos 35 guerrilleros de las FARC y cuatro del ELN murieron y una decena de rebeldes fueron capturados en combates ocurridos el pasado fin de semana en distintos sitios del país, informaron este lunes fuentes militares.

La fiscalía general colombiana, por su lado, reveló este lunes que los primeros indicios de las investigación del asesinato de Duarte apuntan hacia las mafias del narcotráfico, puesto que el prelado tenía previsto ampliar sus denuncias hechas en febrero sobre el financiamiento de campañas políticas con fondos de ese comercio ilícito.

Monseñor Duarte, que será sepultado mañana, recomendó a los fieles católicos no votar en las legislativas del 10 de marzo pasado "por candidatos que financian sus campañas con dinero sucio", aunque entonces no quiso precisar nombres.

En este contexto, el sacerdote Germán Paz, portavoz de la arquidiócesis de Cali, denunció que la policía no atendió el sábado un llamado de la Iglesia para que brindara protección al arzobispo, ante la presencia de dos sospechosos en la parroquia en cuyas inmediaciones Duarte fue baleado la noche de ese día.