Análisis de Coparmex, Concamin, Conieco y Cespedes

Se expresa el sector empresarial en contra de los segundos pisos viales

LAURA GOMEZ FLORES

El sector empresarial exigió al gobierno capitalino someter a consideración de la autoridad federal el proyecto de evaluación de impacto ambiental de la construcción del segundo piso de Viaducto y Periférico y convocar a una nueva consulta ciudadana, dado que la decisión está "viciada de origen, obedece a razones políticas e ignora el impacto económico, jurídico, social y ambiental que tendrá en la ciudad".

En un análisis que incluye los aspectos jurídico, económico y ambiental, las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (Conieco) y el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), argumentan por qué se oponen a la construcción del segundo piso en Viaducto y Periférico.

Sostienen que la solución a la controversia suscitada entre los gobiernos federal y capitalino al parecer sólo tiene dos salidas: que el Ejecutivo federal tome el control de esas vías mediante decreto, o se lo entregue a la administración local, previo acuerdo de colaboración y con el compromiso de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, afirman, existen soluciones alternas que no han sido consideradas, como ampliar el Sistema de Transporte Colectivo-Metro y la línea urbana de ferrocarril, sustituir los microbuses por grandes unidades colectivas de energía eléctrica y crear carriles especiales donde sólo circulen automóviles con más de cuatro personas.

Además de mejorar los señalamientos, incrementar las vialidades de cuota, construir pasos a desnivel en intersecciones estratégicas y cruceros inteligentes, y evitar la creación de nuevos centros de población en el área metropolitana.

Esas medidas se complementarían con una reglamentación de las manifestaciones, para evitar la ocupación de arterias principales; la elaboración de un programa integral de vialidad que considere los aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociales, ambientales y de gestión correspondientes.