Sospechosa cercanía de dirigencia con empresarios, dicen

Representará concesionario al PRI en mesa para la reforma de medios

JENARO VILLAMIL

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) nombró como su representante ante la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos a Francisco Javier Sánchez Campuzano, presidente del grupo radiofónico Siete y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

Así cambió la representación que durante más de 10 meses tuvo Carlos Ortiz Tejeda en las siete mesas de trabajo y revelando. Según participantes en la mesa, es una "sospechosa cercanía de la nueva dirigencia priísta con los concesionarios".

La mesa de negociación, en la que participan representantes de 15 grupos distintos, concesionarios, partidos políticos, dependencias federales, Congreso y organizaciones ciudadanas, se reunió finalmente el 1 y el 8 de marzo, sin que se llegara a un acuerdo explícito sobre los tiempos necesarios para que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión se presente en este periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con Beatriz Solís, representante del Senado junto con el legislador Javier Corral en las mesas de negociaciones, es preocupante el cambio en la representación del PRI, porque no queda claro "con cuál posición asiste: si como representante de los intereses de los concesionarios o del partido".

Francisco Javier Sánchez Campuzano es diputado federal y fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. La estación 1440 forma parte del Grupo Siete, que él preside, el cual está considerado como "el octavo grupo radiofónico" en importancia del país. Junto con él participará en la mesa de negociaciones Carlos Jiménez Macías, quien fungió como vocero de Roberto Madrazo en la contienda interna priísta. Durante la presidencia de Dulce María Sauri Riancho, la vocera del PRI, Adriana Delgado, delegó en Ortiz Tejeda la representación del instituto político en las mesas de negociación.

Además, el documento de conclusiones de las siete mesas de trabajo, entregado el pasado 28 de febrero por la dirección de RTC, revela que durante las sesiones anteriores el representante anterior del PRI, Carlos Ortiz, signó en nombre de su partido muchas demandas de las organizaciones civiles que iban en contra de las posiciones de los concesionarios.

Por ejemplo, en el documento final de la mesa 3, sobre participación social y derechos ciudadanos, el PRI apoyó la propuesta de "acceso de las organizaciones sociales a los medios electrónicos de comunicación a través de los tiempos oficiales que considera la ley", y "la creación del nuevo órgano plural que sustituya al actual Consejo Nacional de Radio y Televisión, buscando una conformación práctica, legítima y democrática".

La creación de un nuevo órgano regulador

Justamente uno de los puntos álgidos que deberá definir la mesa de negociaciones para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión consiste en la creación de un nuevo órgano regulador. De acuerdo con las conclusiones, firmadas también por el representante de la sociedad civil Luis Arturo Bassols; de la CIRT, Sergio Fajardo Ortiz y Raúl Sandoval Navarrete; de las Cámaras, partidos, dependencias federales y por Manuel Gómez Morín, director general de RTC como testigo de honor, este nuevo órgano podría tener dos características: "Opción A. Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación"; "opción B. Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios".

Independientemente de la opción que se elija, este órgano estará integrado "por 13 miembros. A saber: cuatro representantes designados por el Ejecutivo, de la siguiente manera: uno de la Secretaría de Gobernación, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uno de la Secretaría de Educación Pública y uno de la Secretaría de Salud. Cuatro designados por los organismos representantes de los medios de comunicación, de la siguiente manera: dos de medios concesionados y dos de permisionados; y cinco representantes ciudadanos".

"Este organismo será responsable de coadyuvar en el cuidado del cumplimiento de la ley, emitiendo recomendaciones públicas e interponiendo sus buenos oficios ante controversias, sin afectar competencias de otros órganos en la materia", según las conclusiones.