Los 3 arraigados por escándalo en Pemex cooperarán con la PGR
PRI elaboró contabilidad alterna sobre los gastos de campaña de Labastida
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La posibilidad de desviar recursos de Pemex por conducto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mediante el otorgamiento de préstamos supuestamente lícitos inició en agosto de 1997, cuando Adrián Lajous Vargas fungía como director de la paraestatal.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo testimonios de que durante la campaña de Francisco Labastida -por conducto de Jorge Cárdenas Elizondo, ex secretario de Finanzas del PRI y Alonso Bretón, subsecretario tricolor de esa área-, se elaboró una contabilidad alterna de los gastos de campaña a la entregada al Instituto Federal Electoral (IFE), revelaron fuentes de esa dependencia.
A menos de una semana de que se venza el plazo del arraigo domiciliario a que están sometidos Alonso Veraza López, Melitón Antonio Cázarez Castro y Andrés Heredia Jiménez, los tres ya aceptaron integrarse al programa de testigos protegidos de la PGR.
De acuerdo con información obtenida, no se ejercitaría acción penal en su contra, toda vez que no tuvieron conocimiento de la presunta ilegalidad de los recursos que desde Pemex se transfirieron al PRI por medio del STPRM.
Por lo que se refiere a los contratos colectivos celebrados entre Pemex y su sindicato, hasta antes de la revisión contractual de 1997, el STPRM no tenía derecho a solicitar préstamos a cuenta de cuotas sindicales.
El convenio laboral establece desde 1997 en la cláusula 246, que para otorgar préstamos al STPRM, Pemex debía tener disponibilidad presupuestal.
Pero, según las indagatorias de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) -investigaciones que hoy se conocen como Operación Crudo, y de la cual La Jornada informó en exclusiva desde el pasado 19 de enero-, ello no sucedía en 2000, fecha en que supuestamente se desviaron de manera ilegal, mediante el otorgamiento de un crédito, mil 100 millones de pesos.
Las pesquisas de la Secodam han establecido ante la PGR que el texto agregado a la cláusula 246 fue aprovechado en junio de 2000 para entregar de manera ilícita dinero de Pemex al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, y del cual presuntamente 500 millones de pesos se entregaron al PRI para la campaña de Francisco Labastida Ochoa.
Hasta antes de agosto de 1997, la cláusula 246 sólo establecía la obligación de Pemex para descontar las cuotas sindicales y los tiempos en que debía entregar el dinero a la representación sindical; sin embargo, en el contrato colectivo que rigió la relación empresa-sindicato entre 1997 y 1999 se agregó el siguiente texto: "en los casos que proceda y exista disponibilidad presupuestal, el patrón podrá otorgar préstamos a cuenta de cuotas sindicales al STPRM o a sus secciones por conducto del comité ejecutivo general, préstamos que serán deducidos de las cuotas que les correspondan conforme a este contrato, en los plazos y condiciones que se señalen en cada caso en los convenios que se suscriban para tales efectos".
El 3 de enero de 2000, Rogelio Montemayor Seguy, al tomar posesión de su cargo como director de Pemex, en sustitución Adrián Lajous, dijo ante el entonces secretario de Energía y presidente del consejo de administración de la paraestatal, Luis Téllez: "un peso mal administrado es un peso menos para escuelas, para hospitales, para carreteras, para agua, para el campo, para la salud", subrayó.
Consideró que "un Pemex más dinámico y eficiente, con más ingresos, además de proveer recursos esenciales para la vida diaria industrial y comercial de los mexicanos, representa mayor progreso para México, y aseguró que la mejor forma de retribuir a sus accionistas, que son todos los mexicanos, es trabajar para generar más ingreso más utilidades, que sirvan para elevar nuestra calidad de vida".
En su mensaje, Montemayor Seguy recalcó: "México está por encima de cualquier interés particular o de grupo y mi misión en Pemex es convertirla en la más exitosa empresa petrolera del mundo para servir mejor a nuestro país".
Sin embargo, un año después la Secodam iniciaría una serie de auditorías empleando para ello más de 160 personas, y detectó que en la gestión de Montemayor se entregaron de manera ilegal al STPRM mil 580 millones de pesos, de los cuales, presuntamente 500 millones fueron empleados para la campaña presidencial de Francisco Labastida; otros 390 millones fueron depositados en dólares en un banco estadunidense en una cuenta del STPRM; del resto aún se desconoce el uso que se le dio o el sitio donde se encuentra.
La PGR deberá resolver la primera parte de la averiguación previa, a más tardar el próximo 20 de marzo, cuando venza el arraigo de Alonso Veraza López, Melitón Antonio Cázarez Castro y Andrés Heredia Jiménez, ex empleados del PRI, quienes recogieron en efectivo en la empresa de resguardo de Valores Cometra, el dinero que Pemex desvió por conducto del STPRM, y que ahora están sujetos a investigación.
