Isabel Barranco

Los antecedentes del debate sobre la despenalización del aborto en México datan de 1936. La médica Ofelia Domínguez Navarro fue la primera en proponer el aborto no punible por causas económicas y sociales. Asimismo, planteó la necesidad de derogar el capítulo sexto del título noveno del Código Penal de 1931(1), en vigor.

En 1972, por decreto presidencial se formó el Comité Nacional de Mortalidad Materna, que trabajó de manera irregular por tres años. Paralelamente, en noviembre del mismo año se realizó la primera convivencia feminista, donde más de 100 mujeres discutieron temas como el control de la natalidad, los métodos anticonceptivos, y examinaron la legislación relacionada con el aborto.

El gobierno presentó en 1973 un proyecto para una nueva Ley General de Población; en él se plantea por primera vez que el aborto es un problema social, además de una serie de iniciativas de decretos que reforman y adicionan diversos artículos constitucionales, particularmente el cuarto, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ''toda persona tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos''.

La primera jornada para debatir el tema del aborto fue convocada por el Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) en 1976. La mayor parte de las ponencias sugirieron que la interrupción del embarazo fuera libre y gratuita, con la voluntad y decisión de la mujer, y practicable en todas las instituciones de salud pública. Además, se exigió ampliar la información sobre el uso de anticonceptivos, así como subsidios gubernamentales para la investigación científica de los mismos, con el fin de no perjudicar la salud de las mujeres y evitar las esterilizaciones forzosas.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto (GIEA). Médicos, abogados, teólogos, filósofos e historiadores indicaron en su informe final, entre otras cosas, que ''debe suprimirse de la legislación mexicana actual toda sanción penal a las mujeres que por cualquier razón o circunstancia decidan abortar, y al personal calificado que lo practique (el aborto), cuando exista la voluntad expresa de la mujer''.

Numerosas publicaciones feministas continuaron el debate durante 1977. En septiembre de ese año se efectuó la segunda Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto, convocada por la Coalición de Mujeres Feministas (CMF). El documento final de este acto fue entregado a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. En el texto, las feministas rechazan el aborto como medio de control natal y defienden la maternidad voluntaria. Tampoco esta vez hubo respuesta de los legisladores.

En el mes de abril de 1978, con más de 50 organizaciones cívicas y religiosas, es conformado el Comité Nacional Provida como asociación civil, cuyo objetivo, dicen, ''es la defensa de la vida''. Ya entonces los registros oficiales daban cuenta de la realización, en promedio, de un millón de abortos al año. La policía detuvo a dos mujeres que practicaban abortos en la colonia Ramos Millán del Distrito Federal. Las acusadas confesaron realizar 10 legrados al día con un costo de 5 mil pesos cada uno. Diputadas priístas denunciaron la existencia de ''la industria negra clandestina de abortos'', estimando que las ganancias ascendían 9 mil millones de pesos libres de impuestos.

En tanto, la CMF convocó de manera amplia a la tercera Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto. Con la colaboración de grupos feministas de provincia fue publicado el folleto La maternidad voluntaria y el derecho al aborto libre y gratuito. Ante la imposibilidad de diálogo con las autoridades gubernamentales, las feministas intensificaron sus actividades con protestas públicas, marchas y mítines.

En marzo de 1979, la CMF y el Frente Nacional de Lucha por la Liberalización y Derechos de las Mujeres (Fnalidm) convocaron a un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados. Luego, el 10 de mayo fue instituido como el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. En aquella ocasión, las feministas marcharon vestidas de negro en señal de luto por todas aquellas mujeres muertas al practicarse abortos clandestinos.

En el segundo semestre del mismo año, ambas organizaciones propusieron un debate público sobre la maternidad voluntaria. El resultado fue el anteproyecto de ley que incluye la despenalización del aborto. Dicho documento fue entregado a la Cámara de Diputados, esta vez con el apoyo del Partido Comunista.

Las diputadas María Luisa Oteysa y Adriana Luna Parra enviaron una carta -respaldada por diversos personajes- al entonces presidente de la República, José López Portillo, en 1980. En la misiva establecían que ''el aborto, aun como último recurso, constituye una solución a la que toda mujer tiene derecho, y que requiere de atención médica reconocida y capacitada... La penalización del aborto viola a todas luces el espíritu de nuestra Constitución''.

En 1981, el MNM convocó a la sexta Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto (o Jornada por el Aborto Libre y Gratuito), para exigir una respuesta de los legisladores de la Cámara de Diputados a la propuesta de iniciativa de ley enviada dos años antes. Para tal efecto, la CMF y el Fnalidm realizaron marchas y mítines en diversos puntos de la capital mexicana.

Como candidato a la Presidencia de la República, Miguel de la Madrid Hurtado se refirió a la despenalización del aborto durante la Reunión Nacional de Consulta Popular sobre Población, realizada en 1982 en Tabasco. Al año siguiente, ya como jefe del Ejecutivo, durante la Reunión Nacional sobre la Mujer efectuada en Colima, le fue solicitada una consulta en torno a este asunto. La respuesta fue autorizar al Conapo para promover leyes más severas contra los violadores, así como la creación de un organismo que defendiera los derechos de las mujeres.

Luego de los fatales sismos de 1985, las discusiones bajaron de intensidad hasta llegar al silencio total. Es hasta 1987, en el cuarto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Taxco, Guerrero, cuando se acuerda continuar la lucha por la despenalización de aborto y desmitificar la culpa que supuestamente debían sentir millones de mujeres cristianas que se practicaron uno. En ese entonces fue fundamental el apoyo de la Agrupación Feminista Católica por el Derecho a Decidir.

Un año después, en 1988, Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL) llamó a participar en la Red Internacional por los Derechos Reproductivos de la Mujeres, misma que lanzó una campaña de denuncia de los altos índices de mortandad materna ocasionados, fundamentalmente, por los abortos clandestinos. La campaña comenzó el 12 de mayo y concluyó el 28 del mismo mes, instituyéndose esa fecha como el Día Mundial contra la Mortalidad Materna. (2)

Los grupos feministas discutieron en 1989 un nuevo anteproyecto de Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, sobre la despenalización del aborto (3). Empero, la propuesta tampoco prosperó, dado el avance de las fuerzas de derecha en el país, como lo fue el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado más grande de la República, Chihuahua, frente a la débil organización feminista. (4)

En octubre de 1990, Patrocinio González Garrido, entonces gobernador de Chiapas, promovió la reforma al artículo 136 del Código Penal de esa entidad para despenalizar el aborto por razones económicas, de planificación familiar, de común acuerdo con la pareja o en el caso de madres solteras. Meses más tarde la reforma fue ''suspendida'' por las presiones de la Iglesia católico, Provida y el PAN. El Congreso local argumentó que se esperaría un dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema. En tanto, las representaciones de los partidos de la Revolución Democrática, Frente Cardenista y Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados se manifestaron por una amplia consulta popular.

El 6 de enero de 1991, la Coordinadora Feminista del Distrito Federal acordó llamar a la formación de un frente amplio nacional por la maternidad libre y voluntaria, para que pugnara por la despenalización del aborto, con la participación y apoyo de partidos políticos, organizaciones sociales, así como hombres y mujeres en general.

En 1993, la mayoría panista del Congreso de Chihuahua, en medio de una gran polémica, mediante una reforma integral a la Constitución local, introdujo el concepto del ''derecho a la protección jurídica de la vida desde el momento mismo de la concepción''.

Un año después, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, convocada por la Organización de Naciones Unidas y realizada en El Cairo, Egipto, fue adoptado por las diferentes instituciones de Estado y organizaciones feministas no gubernamentales el concepto de derechos reproductivos y sexuales. (5)

Para 1997, las investigaciones realizadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) revelaron que en 21 de las 32 entidades federativas mexicanas se ha legislado sobre el aborto. En general, las causales por las que no es punible el aborto son: cuando es producto de una violación, por peligro de muerte, razones eugenésicas, grave daño a la salud de la madre u otras causas (económicas, inseminación no deseada). Sin embargo, no hay homogeneidad en los códigos penales, que incorporan solamente algunas de ellas.

(1) Registro realizado por la historiadora Gabriela Cano de la UAM-Iztapalapa.
(2) ''La penalización del aborto contradice al artículo cuarto constitucional, donde se establece que toda persona tiene el derecho a optar de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Este artículo sería la justificación para que una ley superior rigiera por encima de otra reglamentaria, como es el Código Penal''.
(3) El antecedente inmediato fue el anteproyecto de modificación al Código Penal elaborado en 1983 por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
(4) En el artículo 108 del citado anteproyecto se establecía como causal para la interrupción del embarazo que éste fuese practicado con el consentimiento de la pareja, cuando es posible obtenerlo durante los 60 días siguientes a la concepción, y que obedezca a causas económicas graves justificadas.
(5) Según el folleto de información Salud Reproductiva y Sociedad, editado por el Colegio de México, la adopción del concepto fue con el objetivo de ''darle a la salud reproductiva de las mujeres una dimensión que abarque las condicionantes sociales de los procesos de reproducción, en donde el aborto juega un papel crucial, pues tan sólo en México el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad femenina''.