Gilberto López y Rivas

ƑReformas a la contrarreforma?

En el mercado legislativo del Senado de la República anda circulando, como moneda falsa, un nuevo proyecto de iniciativa que pretende reformar la contrarreforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, impuesta por el Congreso de la Unión el 14 de agosto del año pasado.

Sin entender que no basta hacer remiendos a la Constitución con el propósito de paliar el descontento y la indignación que provocó la traición de la mayoría de los legisladores al espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés, un grupo de senadores se ha dado a la tarea de hacer pequeñas concesiones a la iniciativa de Cocopa, recogiendo mínimos elementos aislados de esa propuesta, pero conservando en esencia el mismo contenido que caracteriza el impugnado decreto que originó que cientos de controversias constitucionales fueran presentadas en la Suprema Corte por un movimiento indígena nacional, que lejos de sentirse derrotado ha demostrado su desarrollo como sujeto autonómico.

La iniciativa en cuestión busca reformar algunas fracciones del apartado A del artículo 2Ɔ y las fracciones I y III del artículo 115 constitucional, dejando intocados el asistencialista y clientelar apartado B del artículo 2Ŷ, así como fracciones que acotan y limitan el reconocimiento pleno de las autonomías de los pueblos, o discriminan a los mismos con la sospecha implícita de que pueden causar la división de la supuesta unidad nacional.

Los senadores que redactaron esta propuesta pretenden reintroducir el derecho de los pueblos indígenas al "acceso colectivo del uso y disfrute de los recursos naturales", presente en la iniciativa de Cocopa, dejando intacto el gran candado de las contrarreformas salinistas al artículo 27 constitucional, a partir de las cuales se permite la venta de las tierras comunales y ejidales, tema candente que por acuerdo de las partes en San Andrés se discutiría en la mesa tres del diálogo, dedicada a "bienestar y desarrollo".

Nuevamente se arriba a la misma perspectiva racista que inspiró a los redactores de la contrarreforma de agosto, al pretender trastocar lo establecido en los acuerdos de San Andrés en cuanto a los sistemas normativos internos de los pueblos indios por el inocuo término de "prácticas jurídicas", como si los indios fueran incapaces de elaborar marcos jurídicos que fueran más allá de las "prácticas" dictadas por el uso y la costumbre.

Como en la contrarreforma, se insiste en no reconocer a las comunidades como entidades de derecho público. Esta iniciativa tampoco reconoce a los pueblos como sujetos de la ley ni depositarios políticos de los derechos a la libre determinación y la autonomía, intentando, en cambio, establecer como premio de consolación un vergonzante reconocimiento de las comunidades indígenas a partir de la figura de las "presidencias municipales auxiliares", que tratándose de indios serían, a juicio de nuestros senadores, "honoríficas". Esta propuesta, más que coadyuvar a la reconstitución de los pueblos traería como resultado la profundización de su fragmentación, ya que la reforma que comentamos vuelve a desconocer por omisión los alcances de las autonomías en los ámbitos municipales y regionales en que los pueblos indígenas los hagan valer, establecidos en San Andrés.

Los que suscriben este proyecto debieran ser conscientes de que la reforma de la contrarreforma sólo puede realizarse a partir de la propuesta de Cocopa, recientemente reintroducida en el circuito legislativo por un grupo de 168 diputados de todos los partidos políticos, a excepción de Acción Nacional. Esta iniciativa es la única que cuenta con el consenso del movimiento indígena nacional, de la sociedad civil que lo acompaña, y de la solidaridad internacional.

La presentación de nueva cuenta de la iniciativa de la Cocopa en la Cámara de Diputados respalda el argumento de que la Suprema Corte debe declarar nula la reforma de agosto en materia de derechos indígenas por inconstitucional y porque viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La instancia máxima del Poder Judicial tiene la oportunidad de hacer la justicia histórica hacia los pueblos indios que el Poder Legislativo les negó.

La iniciativa de reforma de la Cocopa es la única que puede restablecer las condiciones mínimas del diálogo de paz, cuya ruptura ha significado enormes sacrificios para los pueblos indios no sólo de la zona del conflicto, sino también de todas las regiones en las que hay presencia indígena.

No es con la misma política de contrainsurgencia y de desgaste de todos los actores políticos involucrados en el teatro de la guerra, aplicada por Ernesto Zedillo durante seis años y continuada por Vicente Fox en lo que va de su gobierno, que puede lograrse la solución pacífica al enfrentamiento armado que comenzó hace más de ocho años. No es con consultas desde el Senado que legitiman la contrarreforma indígena, ni elaborando iniciativas que conservan el sello indeleble de la mestizocracia que se podrá avanzar por el camino de la paz y de la anhelada transición democrática.