Alejandro Nadal

Consenso de Monterrey

Las crisis financieras de la década pasada dejaron una lección clara: la reforma del sistema financiero internacional es impostergable. Pero aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) hablaron mucho del tema, no han hecho nada.

En un esfuerzo por colocarse en el centro del debate sobre las reformas del sistema financiero internacional, las Naciones Unidas organizan la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo a celebrarse en Monterrey, del 18 al 22 de marzo. Se espera la participación de varios jefes de Estado y gobierno, así como de ministros de finanzas.

Ya se cuenta con un borrador del documento resolutivo, bautizado Consenso de Monterrey, que proviene del informe preparado por un grupo de trabajo, entre cuyos miembros se encuentra Robert Rubin, artífice del rescate a los tenedores de tesobonos durante la crisis de 1994. El grupo estuvo coordinado por Ernesto Zedillo, arquitecto del Fobaproa. Para completar el elenco, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan designó como enviado especial a Michel Camdessus, ex director-gerente del FMI.

Con ese elenco no sorprende que el Consenso de Monterrey (CM) esté repleto de alabanzas y loas al modelo neoliberal y que el análisis sobre los problemas de financiamiento sea superficial y equivocado.

El CM señala primero que los países subdesarrollados necesitan movilizar los recursos internos e incrementar el ahorro privado y público. Para lograrlo, la política macroeconómica debe concentrarse en la lucha contra la inflación y la aplicación de una política fiscal prudente. Esta receta es el núcleo macroeconómico del Consenso de Washington, hermano mayor del de Monterrey. Poco importa que las recomendaciones estén escondidas detrás de múltiples referencias piadosas a la lucha contra la pobreza, el microfinanciamiento, el enfoque de género o la necesidad de preservar el medio ambiente.

Acto seguido, el CM aborda el tema de la movilización de recursos externos, elogiando la inversión extranjera directa (IED) como impulsora de crecimiento. Para atraer estos recursos, los países subdesarrollados deben mantener una política macroeconómica favorable. Pero no hay referencias al papel de la IED en la segmentación de mercados y el mantenimiento de estructuras oligopólicas. Ninguna mención sobre las fusiones y adquisiciones de activos ya existentes, principal componente de la IED mundial. La remisión de utilidades excesivas, los precios de transferencia o los impactos negativos sobre empleo y medio ambiente son temas ignorados. Tampoco se alude a la fuerte concentración de la IED en unos pocos países y en ramas de la producción.

Una de las omisiones más notables del CM concierne a las inversiones de capitales de corto plazo. Estos flujos de cartera están ligados a la liberalización financiera internacional y por su carácter especulativo han estado en el corazón de las crisis financieras de los años noventa. Los esquemas de rescate han estado más dirigidos a salvaguardar a estos inversionistas, y por eso este tema se relaciona con el de las funciones del FMI. Pero el tema brilla por su ausencia.

El CM también propone el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio incrementando su presupuesto y dándole carta blanca para organizar una nueva ronda de negociaciones comerciales. Se apoya así la maniobra de Doha para eliminar las últimas barreras existentes al comercio de manufacturas en los países subdesarrollados, tema que causó fuerte polémica en la última reunión ministerial en el emirato del Golfo.

Sobre el problema de la deuda, el CM invoca la desprestigiada fórmula utilizada para los países pobres altamente endeudados. Esta fórmula no ha tenido buenos resultados, sirve para aparentar que se adoptan medidas constructivas, y en cambio, exige a los países endeudados adopten las medidas de política económica necesarias para "beneficiarse" de este esquema. El CM no contiene nada nuevo sobre formas de reorganización de deuda externa, o sobre la posibilidad de usar esquemas similares a la suspensión provisional de pagos. La crisis argentina hace anacrónico este capítulo del CM.

Por último, en materia de reformas al sistema financiero internacional es notoriamente superficial. No menciona la revisión del sistema de cuotas del FMI, la asignación de derechos especiales de giro, el sistema de votación, o los esquemas de condicionalidad impuestos por el FMI y el BM, ni su indiferencia a la diversidad en distintas economías.

La conferencia de Monterrey marca un retroceso en el debate sobre financiamiento para el desarrollo. Peor aún, en el Consenso de Monterrey el sistema de Naciones Unidas habrá avalado el status quo del sistema financiero internacional impuesto por el FMI, el BM y el G-7.