Gilberto López y Rivas

Desastre ecológico en Salvatierra de esfuerzo

El pasado 2 de enero la población civil de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, fue víctima de un desastre ecológico provocado por la explosión de la planta de químicos Clariant.

Alrededor de las tres de la mañana, sus cerca de 70 mil habitantes tuvieron que huir por sus propios medios hacia las ciudades vecinas de Celaya y Cortázar para protegerse de los fuertes gases derivados del incendio de la fábrica. A pesar de los grandes malestares respiratorios y gastrointestinales que provocó la explosión, la población nunca fue atendida por autoridad alguna. Según testimonios de la Asamblea Ciudadana Salvaterrense, gran cantidad de niños, personas discapacitadas, enfermos de diabetes y adultos mayores estuvieron a punto de perder la vida y muchos de ellos presentan secuelas que van en detrimento de su salud.

Lo más grave es la inexistencia de medidas precautorias por parte de los gobiernos local, estatal y federal para evitar los grandes riesgos provenientes de este tipo de plantas que tratan con sustancias altamente corrosivas: ácidos sulfúricos y sulfhídricos, ácido nítrico, alcoholes metílicos y etílicos, formoles, gases como nafta, dinitroclorobenceno, monoclorobenceno, dietanolamina, etcétera. De hecho, según cuentan nativos de la región, hace aproximadamente dos décadas esta misma firma pretendió instalarse en San Luis Potosí, pero no tuvo éxito en su afán dados los riesgos que traía consigo.

Los habitantes de Salvatierra han vivido en zozobra permanente, ya que a lo largo de 20 años no han logrado que ningún gobierno, derivado de los tres partidos políticos más importantes que han gobernado el municipio, revoque los permisos para que dicha planta continúe laborando.

Además del riesgo constante y cotidiano que se vive en la región, esta empresa química es un arma letal contra sus propios trabajadores y el medio ambiente. Desde que se instaló se ha venido denunciando la desaparición de especies de flora y fauna, así como daños a la agricultura ocasionados por la contaminación de la cuenca del río Lerma.

Resulta paradójico que estas industrias de capitales europeos encuentren en sus lugares de origen grandes restricciones legales y normativas para instalarse en las cercanías de la población civil, y que en países como el nuestro la salud y la vida de las personas estén cotizadas lo suficientemente bajo para ponerlas en riesgo, expresando con ello la esencia racista que subyace en las buenas conciencias de los emprendedores empresarios, que tanto apoya el ex gobernador venido a Presidente.

Clariant declara retóricamente en su propaganda: "haremos un progreso continuo hacia una visión sin accidentes, impacto o daño al ambiente y haremos un reporte público de nuestro desempeño global en salud, seguridad y ambiente". Sin embargo, en sus páginas de información y reportes de desempeño nada señala respecto al accidente ocurrido en tierras mexicanas en los primeros días del año.

No esperemos que el actual gobierno federal, que mantiene entregado nuestro país a los intereses del capital trasnacional, tenga voluntad de tomar medidas inmediatas al respecto. No esperemos que tenga la conciencia ecológica y humana para evitar otro desastre como el ocurrido recientemente en esta ciudad de Guanajuato.

Con todo, la resistencia cívica debe obligar al cabal cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, misma que prevé las sanciones que se derivan del incumplimiento de las normas ecológicas para el manejo y control de materiales y residuos peligrosos. Esta ley señala ex profeso en su artículo 170 que es sancionable la afectación del equilibrio ecológico, el daño o deterioro grave de los recursos naturales, así como los casos de contaminación con repercusiones dañinas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, como sucedió en el caso que nos ocupa.

Aprendamos de los ciudadanos activos, conscientes y comprometidos con su entorno social y ecológico, agrupados en la Asamblea Ciudadana Salvaterrense, a denunciar y exigir el cabal cumplimiento por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Ley General del Equilibrio Ecológico.

Demandemos el castigo a quienes por corrupción, negligencia o ignorancia permiten desde sus cargos públicos la instalación, operación y permanencia de este tipo de industrias que atentan contra la integridad de los seres humanos y su entorno.

Salvatierra es tan sólo un ejemplo de lo que ocurre en muchas otras ciudades de la República en las que existen, por omisión o comisión, similares complicidades por parte de las autoridades. Sólo la resistencia ciudadana organizada puede revertir este proceso.