Primero se interpondrá denuncia ante Profepa, para agotar instancias nacionales
Diputados recurrirán a la comisión ambiental del TLC contra el aeropuerto en Texcoco
El proyecto responde a intereses de empresarios, sostiene el legislador Cobo Terrazas
Subraya nexos que Cerisola tuvo con la industria aeronáutica antes de ser funcionario
PATRICIA MUÑOZ RIOS
Se presentará una denuncia legal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para frenar la construcción del nuevo aeropuerto del valle de México en Texcoco, anunció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Diego Cobo Terrazas.
Este proceso legal, explicó, comenzará con una denuncia formal que se presentará los próximos días ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual estará sustentada en diversos estudios y en las violaciones a las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, General de Vida Silvestre y a diversas normas como la NOM059-ECOL-1994, relativa a especies en peligro de extinción.
Esta instancia será un mero trámite legal a nivel nacional, porque ya se conoce de antemano la decisión que tomará la Profepa al respecto, por ser una instancia gubernamental supeditada a las decisiones del gobierno federal Agotada esta instancia, se recurrirá al amparo ante los tribunales nacionales y se podrá llevar el caso hasta el TLC, para que intervengan autoridades de medio ambiente de Estados Unidos y Canadá, sostuvo el diputado en una conferencia de prensa.
La primera denuncia ante la Profepa será presentada por el Partido Verde Ecologista de México y buscará frenar jurídicamente este proyecto, que "es a todas luces inviable y responde a intereses económicos muy fuertes de funcionarios y empresarios y no a los de la ciudadanía", según Cobo Terrazas.
Añadió: "no conozco los nombres de los empresarios que estarían involucrados, lo que puedo decir, por ejemplo, es que el mismo secretario (Pedro) Cerisola es una persona que ha estado vinculado al ramo: fue director de Aeroméxico, tiene nexos fuertes con el ramo aeronáutico y seguramente habrá una serie de empresas privadas que tienen un interés particular, lo cual no es ilegítimo. Lo ilegítimo es utilizar la posición de gobierno para beneficiar estos intereses".
También se refirió a las órdenes de aprehensión que se han girado contra algunos ejidatarios de San Salvador Atenco. Señaló que es lamentable la actitud del gobierno federal, porque está provocando una reacción social que no es la deseable. Hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con prudencia, y a los grupos opositores para que se conduzcan en un marco de respeto.
Confió en que con las demandas penales se podrá revertir la decisión gubernamental, la cual fue "un engaño absoluto para la ciudadanía, ya que es una determinación que se tenía previamente tomada por un grupo con intereses muy particulares en el asunto".
La denuncia ante el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental del TLC, añadió el legislador, tendrá que abrir un expediente de hechos en contra del gobierno de México por violar la legislación ambiental del país, así como ordenamientos comprometidos en los acuerdos paralelos.
"Al secretario Víctor Lichtinger no deberá extrañar esta determinación, pues cuando él fue presidente de la Comisión Ambiental del TLC, abrió un expediente de hechos en contra del gobierno de México por el caso de los arrecifes de Paraíso, en Cozumel", expuso.
Para concluir dijo que no es entendible la cerrazón del gobierno federal de promover abiertamente un proyecto que violenta el equilibrio ecológico y la voluntad de la ciudadanía, "porque la supuesta consulta que llevó a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue un engaño no sólo a la sociedad, sino a los legisladores".
