Urge tipificar el robo de niños como delito grave, señala Alvarez Icaza

LAURA GOMEZ FLORES

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, señaló la necesidad de que el robo de menores sea tipificado como delito grave.

Indicó que el caso de María Sánchez Bello, acusada del robo de una recién nacida en el hospital de La Villa, hace urgente revisar la Constitución para determinar la gravedad de este ilícito y permitir que los jueces actúen con la calificación debida, ante el daño moral y sicológico que provoca en la familia.

La CDHDF, precisó, no ha recibido ninguna solicitud para intervenir en el caso, pero está en la mejor disposición de atenderlo, pues "el drama del secuestro de niños genera un impacto negativo en la familia y debe tipificarse como un delito grave y llevar a las autoridades competentes a revisar la norma vigente, por el daño sicológico que genera".

Al término de la conferencia magistral del académico francés Michel Wieviorka, La diferencia cultural y los derechos humanos, Alvarez Icaza aclaró que la solución no está sólo en incrementar las penas, sino en mejorar el sistema de procuración y administración de justicia.

En otro orden, el ombudsman capitalino afirmó que México ocupa el segundo lugar en el continente americano en asesinatos, agresiones y detenciones contra periodistas, sólo detrás de Colombia, "lo cual es muy grave y obliga a las autoridades a enfrentar esta situación para no afectar la salud del sistema democrático",

Asimismo, advirtió que las autoridades deben poner mayor atención a las agresiones contra periodistas, pues "la agresión a un periodista es tan grave como si se atacara a un defensor de derechos humanos".

Asimismo, mencionó que se investigan siete quejas presentadas por el funcionamiento de albergues del gobierno capitalino, como Villa Margarita, cuya problemática "nos preocupa y nos ocupa".

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortez, señaló que la falta de efectividad de los organismos públicos en la investigación de delitos contra periodistas ha permitido que prevalezca la impunidad y los crímenes sigan, porque "las probabilidades de que se detenga a quien los cometió son mínimas".