Ť La medida sólo afectará a sectores de mayores ingresos, sostiene Fauzi Hamdan
Límite para mantener el apoyo: 350 Kw por mes
CIRO PEREZ SILVA Y PATRICIA MUÑOZ
El senador panista Fauzi Hamdan adelantó ayer que la eliminación de subsidios a las tarifas eléctricas iniciará cuando el consumo exceda los 350 kilovatios (Kw) por mes y no los 125 propuestos originalmente. Esta medida sólo afectará a 25 por ciento de la población que comprende a los sectores de mayores ingresos, agregó.
A su vez, el vicecoordinador del PRI, Efrén Leyva Acevedo, confirmó que el próximo martes comparecerán ante comisiones los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de Energía, Ernesto Martens, así como los directores de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y de Luz y Fuerza del Centro, Antonio Caso, para que justifiquen ante los legisladores la necesidad del gobierno de incrementar tarifas.
Respecto de las nuevas tarifas eléctricas, el senador priísta Marco Antonio Fernández Rodríguez celebró que el gobierno federal se haya "retractado" de aplicar las tarifas como se habían planteado originalmente, porque se afectaba a millones de mexicanos. Consideró necesario revisar a fondo las medidas que se aplican para el cobro del servicio, porque en el país rigen 31 tarifas; en el sector industrial hay 17, y seis para el residencial, lo cual genera confusión.
En tanto, la perredista Miroslava García Suárez exhortó a los legisladores de la Comisión Permanente a agotar todos los instrumentos institucionales a su alcance para revertir y convencer al Presidente de la República "sobre la imprudencia" que significa disminuir el subsidio de las tarifas.
Durante la sesión, el pleno aprobó un punto de acuerdo para especificar que el agua potable está exenta del cobro del IVA, toda vez que no estaba especificado en la ley. El texto precisa que a partir del 1996 y para entrar en vigor el año siguiente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado estableció en su artículo noveno transitorio, fracción II, que el servicio o suministro de agua para uso doméstico se gravará con la tasa cero.
Tal disposición se retoma íntegra para el siguiente ejercicio fiscal en la fracción III del artículo 8Ɔ transitorio. Es necesario cubrir el vacío jurídico que existe con la finalidad de no permitir la posibilidad de alguna duda o interpretación en esta cuestión, a los organismos operadores de agua potable en perjuicio de la población.
En este contexto, la Comisión Permanente considera que ante la falta de una disposición expresa para el presente ejercicio fiscal acerca de la aplicación del IVA al servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá declarar prorrogado el efecto del artículo sexto transitorio, fracción II, de la Ley del IVA del año anterior, que establece tasa cero para tal rubro, y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación como criterio de observancia general.
En otro punto de la sesión, la perredista Miroslava García Suárez presentó una iniciativa para que la Cámara de Diputados participe en la ratificación de los tratados económicos y de comercio, ya que tocan tal cantidad de temas y materias que no se justifica el que se excluya a la Cámara de Diputados de su discusión y ratificación.
La legisladora sostiene que el Congreso debe legislar un marco de principios que normen la orientación y parámetros en los cuales puede negociar los acuerdos económicos y comerciales, y no simplemente ratificar sus resultados al final. La ley debe incluir la obligación del Ejecutivo de pedir autorización al Congreso para negociar y hacerlo dentro de los lineamientos que le marque la ley y la autorización del Congreso. Asimismo, debe informar al Congreso y a la población durante el proceso de la negociación y de los resultados.
Para la ratificación de tratados de menor jerarquía deben aplicarse los criterios del artículo 26 sobre procedimientos de participación y consulta popular previstos para el sistema nacional de planeación democrática y para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, el Ejecutivo debe considerar en todo momento las recomendaciones que provengan del Poder Legislativo, derivadas de estudios de impacto de los tratados comerciales y, en su caso, iniciar los procesos de renegociación que convengan al país, poniendo siempre los intereses nacionales por delante.
En otro punto, la perredista Magdalena Núñez Monreal denunció los altos salarios que perciben funcionarios panistas en el estado de México. "Es un saqueo descarado de las arcas municipales al asignarse sueldos que van de 100 mil a 400 mil pesos mensuales, que de manera discrecional o encubierta reciben mediante bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades", dijo.
Presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos del país, con pleno respeto a las soberanías estatales y bajo un principio federalista, a revisar el marco legal respecto a las facultades y atribuciones de los cabildos en materia de asignación de sueldos y prestaciones de los funcionarios municipales, de manera que guarden coherencia con la situación socioeconómica de los municipios que gobiernan.
