Alberto NAJAR

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.- Al gobernador Tomás Yarrington no le conmovió la súplica de Perfecta Juárez González.

"Su hijo andaba en la yerba", atajó, y enseguida salió de la habitación sin despedirse.

Doña Perfecta entendió. El desaire del gobernador significaba que, en Tamaulipas, nadie le ayudaría a encontrar a su hijo Alejandro González Juárez, desaparecido junto con Jesús Abiel Dávila González el 31 de julio de 2000 en un rancho propiedad de un narcotraficante en el poblado Los Guerra.

Para esas fechas -mediados de noviembre pasado- la mujer había recurrido a todo: presentó ante la Procuraduría de Justicia tamaulipeca una denuncia con nombres, apellidos y domicilio de quienes está segura se llevaron a su hijo.

Recorrió junto con su esposo Apolinar González Torres casi toda la zona ribereña del Bravo; promovió una queja ante el Centro de Estudios Fronterizos de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Cefprodhac) y hasta escribió una carta al presidente Vicente Fox.

Fue este último recurso el que le abrió la puerta para una audiencia con el gobernador, a la que acudió con María Elma González, madre de Abiel Dávila.

Pero Tomás Yarrington la cerró de golpe.

"Apenas le estábamos diciendo que los (policías) ministeriales no habían hecho nada, que cuando alguno se interesaba lo cambiaban luego luego y que nuestros hijos no estaban metidos en problemas", recuerda. "Yo creo que eso lo enojó, porque dijo 'no se hagan, su hijo andaba en la yerba' y nos dejó con la palabra en la boca".

Caso cerrado, pues.

En Jalisco, Sinaloa, Baja California, Chihuahua o Tamaulipas, los desaparecidos en ajustes de cuentas o disputas territoriales entre narcotraficantes se volvieron comunes en la última década.

No es poca cosa. Según el presidente del Cefprodhac, Arturo Solís, si pudieran contarse todas las desapariciones por el narcotráfico que han ocurrido en el país durante la última década, "probablemente sean más que de la guerra sucia de los setenta".

Como quiera que sea, lo cierto es que estos casos pocas veces se resuelven, e incluso la mayoría permanece en el anonimato por el temor de los familiares a denunciarlos ante las autoridades.

Y cuando lo hacen no encuentran diferencia: generalmente los policías encargados de investigar concluyen que se trata de pleitos entre delincuentes.... Y nada más.

"Hay una gran responsabilidad de las autoridades de todos los niveles", advierte el presidente del Cefprodh. "No puede argüirse que son incapaces de combatir este tipo de ilícitos que se están presentando cuando muchas veces ellos saben quienes son los responsables, sólo falta detenerlos".

Peor aún, añade, en los últimos años se ha comprobado que detrás de muchas desapariciones existe la participación de policías y militares.

Así ocurre en Tamaulipas.

En su informe La Policía Ministerial de Tamaulipas: Corrupción, Impunidad y Protección de la Delincuencia, el Cefprodhac advierte que el nombramiento de jefes policiacos está sujeto a decisiones políticas.

Los funcionarios designados "son incapaces para combatir a la delincuencia", pues "fueron colocados en un puesto como pago a servicios prestados en campaña, por amistad, porque compraron la plaza o por recomendación".

Por si fuera poco, en Tamaulipas como en otras entidades con presencia de narcotráfico, nadie quiere investigar las desapariciones.

"La autoridad federal dice que es un delito del fuero común y por tanto le toca hacerse cargo al gobierno local, explica Arturo Solís. "Pero las autoridades estatales minimizan los hechos y por eso todos los casos relacionados con el narcotráfico quedan impunes".

Eso parece ocurrir con la desaparición de Alejandro González y Abiel Dávila.

El año pasado fue detenido Adolfo González Flores, El Batman, quien sin más responsabilizó del plagio a Jesús Muñatones Juárez, La Burra, un puchador (es decir, que cruza droga por el río) de Ciudad Miguel Alemán, donde se encuentra el poblado de Los Guerra.

De acuerdo con el testimonio, La Burra ordenó el plagio para vengar la ejecución de su esposa, cometida aparentemente por personas al servicio deFidencio Estrada El Poca Luz.

La declaración de El Batman se anexó al expediente del caso desde agosto pasado. Cinco meses después La Burra sigue libre, e incluso se da el lujo de hablar a los programas de radio locales para desmentir las acusaciones en su contra.

¿Alguna vez se resolverá el caso de la desaparición en Los Guerra?

Hasta la semana pasada, el subprocurador regional de la zona norte, José Luis Gutiérrez Ramírez, estaba seguro que el asunto concluirá en unos cuantos días. "Nos falta una diligencia, en cuanto la tengamos consignamos para pedir órdenes de aprehensión", dijo.

Extraoficialmente se supo que la diligencia tiene un solo objetivo: encontrar la tumba de estos desaparecidos.

Frontera chica con lista larga

En esta zona (y en otros estados con alto índice de narcotráfico) cuando desaparece alguna persona se dice que fue levantado. Es un término distinto al secuestro, pues en éste el objetivo es obtener una suma económica a cambio de liberar a la víctima.

No es así en los levantones: generalmente quienes los padecen no vuelven a respirar, y por sus cuerpos jamás se pide rescate.

En el año 2000, el Cefprodhac documentó tres levantones en la frontera chica, y en todos participaron policías en activo o en proceso de retiro. Madrinas, pues.

El primer caso ocurrió a mediados de febrero cuando los ejidatarios Sergio Gutiérrez Serna y Félix Cruz Martínez fueron ejecutados en las afueras de Reynosa. El primero de ellos había sido jefe de la policía municipal, y de acuerdo con el dictamen médico antes de su muerte fue salvajemente torturado.

Desde esa fecha, señala el informe Desapariciones, Secuestros y Ejecuciones en la Frontera de Tamaulipas en el año 2000 del Cefprodhac, dos personas que acompañaban a las víctimas -Juan Francisco Reyes Flores y otro identificado como Gumersindo N- "no han sido localizadas".

Luego, el 6 de abril cuatro sujetos que se identificaron como policías federales levantaron en Reynosa a Juan Durán Gallegos, a quien según la declaración ministerial de su esposa, Ana Luisa Santiago, impidieron que se pusiera los zapatos porque "no los iba a necesitar".

Días antes del plagio Durán Gallegos recibió la visita de un amigo identificado como El Power Ranger, quien le advirtió que en un cateo a su casa agentes de la Policía Judicial Federal le habían robado 50 kilos de mariguana, por lo que, señala el acta ministerial, "le dijo que se pusiera abusado porque también a él le iban a caer".

Durán Gallegos no volvió a su casa.

Al siguiente año el número de desaparecidos se incrementó.

El 20 de enero en el municipio de Díaz Ordaz, en las márgenes del Río Bravo y a 80 kilómetros de Reynosa, desaparecieron Oscar Guadalupe Chapa de la Rosa, El Topo, y Juan de Dios García Benavides El Chiquilín, quienes aparentemente no habían pagado un cargamento de mariguana.

Según las investigaciones de la Policía Ministerial el levantón fue cometido por la banda de Los Piojos, integrada por los hermanos Gilberto, Francisco, Raymundo, Miguel Angel y Juan Villarreal Arelis, todos originarios de Díaz Ordaz y a quienes, curiosamente, ni siquiera se les ha interrogado.

Es más, en la cabecera municipal todos -excepto los policías- parecen saber dónde se encuentran. De hecho, a mediados del año pasado la madre de un desaparecido, Raquel Benavides viuda de García, mandó un mensaje a Los Piojos.

"No tengo nada contra ustedes, no daré aviso a la policía", dijo en una entrevista publicada en un diario local. "Por Dios, ténganme compasión, ustedes también tienen hijos, pónganse en mi lugar para que se den cuenta de lo que estoy sufriendo. Lo único que quiero es tener a mi Juan, vivo o muerto pero saber de él".

La súplica no surtió efecto. Juan de Dios y Oscar siguen desaparecidos. Y Los Piojos siguen en Díaz Ordaz, dedicados a lo mismo que realizan desde hace varios años: cruzar mariguana por el Río Bravo.

El 11 de marzo apareció cerca de Reynosa la camioneta del ex agente de la PJF Eloy Rivera Hernández, de quien nadie, ni los agentes de la Policía Ministerial que investigan el caso, saben el destino. La principal línea de investigación: que fue levantado... Pero no se sabe por quién.

Un mes después, en Nuevo Laredo los abogados Miguel Angel Martínez Sánchez y Antonio López Nakasono desaparecieron cuando se dirigían a una cita de trabajo.

Martínez Sánchez era colaborador de un diario local al que representó legalmente, y en esa ciudad tenía fama de especializarse en la defensa de narcotraficantes.

En noviembre de 1998 denunció a Masiosare el clima de inseguridad que se vivía en Nuevo Laredo, sobre todo por los secuestros cometidos por la banda de Los Texas que disputan el territorio al Cártel del Golfo con el apoyo del ahora prófugo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Hasta ahora nada se sabe del paradero de los abogados. Entre policías y reporteros de esta frontera corre la versión de que fueron levantados fuera de Nuevo Laredo para que rindieran cuentas de un negocio en el que habían quedado mal con el Cártel del Golfo.

Curiosamente, dicen las mismas versiones, los familiares de las víctimas poco han hecho para localizarlos, algo que el presidente de la Cefprodhac califica como un típico proceso para lavar dinero.

"Acumulas una fortuna con el narcotráfico o con actividades ilícitas", explica Solís, "y cuando mueres el dinero queda limpio, porque ya no pueden reclamarte su origen ni castigarte por algún delito".

Extraña utilidad para los levantones. Pero no es la única.

Los socios

En el recuento de las desapariciones que el Cefprodhac realiza desde hace tres años es común que aparezcan involucrados policías de distintas corporaciones, pero el año pasado, con dos levantones, los agentes de la procuraduría tamaulipeca se llevaron las palmas.

En el informe sobre la Policía Ministerial se presenta el caso del jefe de grupo Fernando Saldívar quien el 15 de mayo detuvo en el ejido Nuevo Cadillo a Mariano Garza Dávila.

Según algunos testigos, el comandante subió por la fuerza al plagiado a una camioneta Suburban que tenía en las puertas la leyenda Vamos Tamaulipas, eslogan del gobierno estatal.

El mueble (así le dicen en esta frontera a los autos y camionetas), se supo después, estaba asignado a la Policía Ministerial.

Días después, el 23 de mayo, el comandante Alberto Del Angel -señalado como protector de narcotraficantes- levantó en Nuevo Laredo a José de Jesús Cuevas Sánchez, gramero (vendedor de cocaína al menudeo) de la localidad.

Los levantados no aparecen. Los comandantes no fueron investigados.

Hay más.

El 17 de junio desapareció en Nuevo Laredo Adrián Ramírez Mendoza, La Hormiga, al parecer por una deuda de cocaína. Las investigaciones señalan a Juan Ramón Arévalo Coronado, El Oso, como responsable del levantón quien, sin embargo, está libre.

Por esos días en Matamoros fueron levantados Ricardo César García García y su esposa Manuela Nelly Peña, propietarios de una casa de cambio en Brownsville, Texas, en la que según la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas se lava dinero del Cártel del Golfo.

El levantón estuvo a punto de frustrarse porque un grupo de policías preventivos se enfrentó a los secuestradores y aprehendió a José Ramón Dávila López, originario de Tijuana y desertor del Ejército.

El militar no fue procesado: horas después de su captura un comando de 20 sujetos armados con cuernos de chivo (rifles AK 47) lo rescató de las instalaciones de la Policía Ministerial donde era interrogado.

El asunto causó suspicacias. En su informe el Cefprodhac advierte de las "incongruencias en la actuación que tuvieron los policías, así como las facilidades con las que los sicarios supieron llegar hasta donde estaban interrogando al detenido".

Todos los policías que se encontraban en la oficina al momento del incidente fueron investigados, especialmente el comandante Jaime Yáñez Cantú, responsable del destacamento.

Las pesquisas, sin embargo, no rindieron frutos, pues 20 días después del incidente el comandante fue ejecutado. Del matrimonio levantado nada se sabe.

En julio hubo otras dos desapariciones. El día 2 un grupo armado se llevó a Roberto Reyes Gómez de la colonia Lucha Social de Miguel Alemán, y el 21 en Matamoros desapareció el arquitecto José Valdez Velázquez, maestro de la Universidad Valle de Bravo y quien según el subprocurador regional en Matamoros, Raúl Mack Moncada, "tenía mucho contacto con Juan N. Guerra (fundador del Cártel del Golfo), era de los que estaban todos los días con él en el café en Piedras Negras, y además le estaba haciendo algunos trabajos".

El 31 de agosto en el rancho Barranquitas, cerca de Matamoros, fue levantado el ex jefe de grupo de la Policía Ministerial Orlando López Lozano.

Sobre el plagio hay dos versiones: una, que debía 10 mil dólares al narcotraficante Fernando Barrera, y la otra es que se trató de una venganza del Cártel de Walt Disney, formado por pateros (traficantes de indocumentados) al que habría frustrado una operación cuando el levantado era policía en activo.

Un día después desapareció el adolescente Alberto Encinia Espinosa, sobrino del narcotraficante Casimiro Espinosa, El Cacho, ejecutado un año antes cerca de Matamoros.

Encinia Espinosa vivía en Brownsville y según el subprocurador Mack Moncada la víspera "había estado presumiendo que retomaría el territorio que dejó su tío". Por esa razón es que el 1 de septiembre cruzó la frontera para desayunar con su amigo Javier González, hijo de El Chito González, también dedicado al tráfico de drogas.

Nunca llegó al desayuno.

El 6 de octubre ocurrió otro plagio en Nuevo Laredo. Alberto Elías Pinedo, El Kikín, fue levantado por un madrina de la PJF identificado como Miguel Mendiola, La Sombra, quien pese al señalamiento de varios testigos permanece en libertad.

Las versiones publicadas en diarios locales señalan que el levantón fue una represalia por la muerte de José Lorenzo Palomo García, El Palomo, narcotraficante ejecutado días antes en la esquina de Héroe de Nacataz y avenida César López, a unas calles del despacho de los abogados Martínez Sánchez y López Nakasono.

Por esa fecha, el padre de la víctima, quien también se llama Alberto Elías, lanzó una advertencia. "Voy a esperar un rato, uno o dos días y si no voy a tomar otras medidas. Espero que las autoridades me respondan".

No le respondieron. De las acciones que emprendería nada se supo.

En noviembre, de nuevo hubo levantones en Ciudad Miguel Alemán. El domingo 20 un grupo armado con cuernos de chivo se llevó a Juan Martínez Torres, El Banano, y una semana después este mismo comando levantó al contador Jaime Barrera Peña, gerente del salón de baile Las Bugambilias y señalado como el operador financiero de Evelio López Falcón, El Yeyo o El Señor de Los Caballos, quien disputa la zona ribereña a Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.

El Yeyo cobró fama a principios del año pasado cuando un comando de sicarios trató de asesinarlo en el palenque de Guadalupe, Nuevo León. Esa vez, el contador Barrera Peña estaba en la mesa del narcotraficante.

Tal vez por eso, para la Policía Ministerial los casos están prácticamente resueltos: el autor intelectual de los plagios es Osiel Cárdenas... Y hasta allí llegaron las pesquisas.

El último levantón de 2001 ocurrió el 10 de diciembre en Matamoros. La víctima fue Tomás Reyes Silva, un ex regidor cuya principal característica fue haber comprado, con su dieta, una veintena de camionetas suburban que rentaba a funcionarios del Ayuntamiento.

La mata dando

Este año todo parece indicar que seguirán las desapariciones.

El 14 de enero el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército (GAFE), junto con agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra la Delincuencia (UEDO) efectuaron en Matamoros un cateo contra el Cártel del Golfo, en el cual oficialmente se detuvo a 10 personas.

Hay, sin embargo, un saldo adicional: además de la captura de cuatro personas inocentes (ya están libres) en el operativo desaparecieron la niña Naomi Itzel Covarrubias Vázquez, de cuatro meses de edad, junto con su madre Nayeli Covarrubias Ortíz, de 19, las que según la queja 18 presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tamaulipas fueron detenidas por militares.

También en ese operativo desapareció el adolescente José Rodrigo García Ibarra, aprehendido por soldados cuando jugaba fútbol en una cancha.

De acuerdo con un reporte del Cefprodhac, el testigo Mario González relató que "llegaron unos 12 camiones militares y empezaron a hacer apuestas de quién agarraba a más chavos y empezaron a corretearnos por casas y solares baldíos. Ellos fueron los que se llevaron a Rodrigo".

Hasta ahora se desconoce el paradero de los detenidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) guardan silencio.

Sin embargo, la cauda de desapariciones apenas empieza.

El pasado viernes 18, en Reynosa, el doctor Salvador Medina Barrientos y Ricardo Oceguera Espinosa se presentaron en las instalaciones de la Octava Zona Militar para entrevistarse con el capitán Hugo López Quintero, y desde entonces no se sabe nada de ellos.

Según el Cefprodhac el militar informó a los familiares que no se preocuparan, que ellos estaban bien y les hizo creer que habían ido de cacería a un rancho propiedad de los dueños del periódico El Mañana de Reynosa".

Pero los empleados del rancho desmintieron la versión pues "nadie había acudido a cazar a ese lugar el fin de semana".

Los desaparecidos pertenecían "a las paramilitares Defensas Civiles del Décimo Regimiento de Caballería Motorizado", y de acuerdo con sus familiares "tenían problemas con Hugo Flores Peña, ex ministerial y ex comandante de la policía preventiva de Reynosa, hermano de Aída Zulema Flores, actual coordinadora de Seguridad Pública Municipal" en el mismo municipio.

Y es que, indica el reporte de Cefprodhac, Hugo Flores y José Manuel Zenteno Pestaña -auxiliar de Juan Antonio Guajardo Anzaldúas, secretario particular del alcalde de Río Bravo- prometieron a los desaparecidos la concesión de la feria en ese municipio, pero no cumplieron.

No fue un problema menor, sobre todo por los antecedentes de los involucrados: según el Centro, Zenteno Pestaña es muy cercano al ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, quien lo nombró director de la Policía Rural de Tamaulipas. Y recientemente un hermano de Ricardo Oceguera "fue asesinado en el Valle de Texas por sus relaciones con el narcotráfico".

Nadie, sentencia Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, debe ser desaparecido.

"Ahora proliferan casos de personas que desaparecen y lo primero que dicen es que es narco, ha de ser ratero", añade en su casa de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

"Sea lo que sea, el delito o crimen que haya cometido, no tienen por qué desaparecerlo, para eso están la ley, las garantías constitucionales. Son seres humanos".

Rosario Ibarra subraya que no es admisible que se archiven las investigaciones de éstos desaparecidos con el argumento de que están relacionados con el narcotráfico.

Pero, hasta ahora, afirma Arturo Solís, la realidad es que estos asuntos causan un profundo resquemor hasta para las organizaciones civiles.

Un ejemplo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que escatima el apoyo a los familiares de las víctimas y a los grupos que los respaldan.

"Es parte de su incapacidad de entender que los derechos humanos se afectan a todos", denuncia. "No le han puesto la atención debida; si los casos no se vinculan con motivos políticos no les interesa".

Y se nota.

Tras el operativo del Ejército y la UEDO en Matamoros, prácticamente todos lo sectores de esa población mostraron su condena por los hechos, sobre todo por la multitud de violaciones a las garantías individuales que se cometieron.

Uno de los más indignados es el investigador Arturo Zárate, del Colegio de la Frontera Norte.

"Parecerá una exageración, pero los que se rasgan las vestiduras por los desaparecidos del 68 -y está bien que lo hagan, yo los apoyo- deberían fijarse en estas cosas, que también reclamen y con más fuerza por lo que está ocurriendo ahorita".*