Directora General: Carmen Lira Saade

México D.F. Sábado 26 de enero de 2002

Política

Ť Antes deben ser sentenciados, estar purgando sus penas y terminar el proceso de extradición

Sólo a largo plazo, la entrega de Villanueva, El Metro y El Güero Gil a EU, asegura la PGR

JESUS ARANDA

La "entrega temporal" solicitada por el gobierno de Estados Unidos a México del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, de Ramón Alcides Magaña (El Metro) y de Gilberto Salinas Doria (El Güero Gil) sólo podrá concretarse después de que los tres sujetos hayan sido sentenciados en definitiva por los tribunales nacionales, que estén cumpliendo sus respectivas penas, y que haya terminado el proceso de extradición, que puede tardar al menos dos años.

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Eduardo Ibarrola Nicolín, informó lo anterior y precisó que la eventual entrega de los tres presuntos narcotraficantes al gobierno estadunidense sólo será para efecto de que sean juzgados en ese país, y una vez dictaminada la sentencia regresarían de inmediato a México para concluir su condena.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó, por otra parte, que Villanueva es requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de narcotráfico, al estar acusado de introducir 200 kilogramos de cocaína al estado de Nueva York.

Sobre el particular destacó que la investigación de esos hechos es resultado de la cooperación entre la PGR y la DEA.

Al referirse al tema de la colaboración con el país vecino en materia de extradiciones, Ibarrola dijo que el año pasado se registró un "récord" en la materia, ya que México entregó a otras naciones en extradición a 17 individuos, de los cuales 50 por ciento estaba acusado de delitos contra la salud.

En la actualidad 12 procesos de extradición están en trámite.

El proceso a seguir para responder a la solicitud de extradición "temporal"

Por otra parte, precisó que la solicitud de extradición "temporal" hecha por el gobierno estadunidense fue turnada a la cancillería, la cual luego de revisar que la documentación esté en regla la enviará a la PGR para que ésta solicite a un juez de distrito la orden de aprehensión con fines de extradición.

Como Villanueva, El Metro y El Güero Gil ya están en prisión y bajo proceso, lo que corresponde es que la cancillería solicite a un juez de distrito su opinión sobre la procedencia de la extradición.

Una vez que el juzgador emita su opinión, la cancillería estará en condiciones de extraditar o no a los acusados. Si la respuesta es favorable a la petición del gobierno de Estados Unidos, entonces los requeridos estarán en condiciones de interponer un amparo en contra de su entrega a otro país.

Este eventual amparo se resolvería en dos instancias, la primera ante un juez de distrito y la segunda ante un tribunal colegiado o bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se asegure que se violó la Constitución en alguna parte del proceso o que el acuerdo de extradición México-Estados Unidos vigente es inconstitucional.

Sólo después de que se concluya este proceso se daría paso a la extradición temporal, sostuvo Ibarrola Nicolín. Sin embargo, reiteró que una condición indispensable para que proceda la petición es que el fiscal estadunidense que lleva la causa se comprometa con el gobierno mexicano a que el acusado no será condenado a pena de muerte o cadena perpetua.

El pasado jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, indicó que su gobierno considera que Alcides Magaña y Salinas Doria fueron cómplices de Villanueva en la introducción de 200 kilogramos de cocaína a Nueva York.

El diplomático sostuvo que con la petición de entrega temporal de estas personas se busca "evitar que los criminales utilicen las fronteras para evadir la justicia".

Por otra parte, negó que durante la reciente visita a México del zar antidrogas de Estados Unidos, John P. Walters, se hubiera tratado el tema de la extradición de Villanueva, y con el mismo énfasis rechazó las versiones sobre la participación en Cancún de agentes de la FBI en la captura del ciudadano estadunidense Christian Michael Longo -acusado de matar a su esposa y sus hijos en el país vecino-. "Su regreso a EU fue voluntario" y, añadió, estaba en condiciones de negarse a abandonar México, aunque se habría revisado su situación migratoria para determinar si su estancia era legal o no (y en este caso procedería también su expulsión).