Ť Presentan libro Injusticia legalizada, en el Centro Pro
Pendiente, reformar sistema de justicia; juego excesivo al MP: Noriega y Sarré
VICTOR BALLINAS
La reforma al sistema de justicia en el país sigue pendiente, a pesar de que el equipo de transición del nuevo gobierno trabajó en ello, aseveró ayer el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez. En la actualidad, sostuvo, el sistema de justicia se ha convertido en una dificultad para el respeto de los derechos humanos.
Cortez manifestó lo anterior durante la presentación del libro Injusticia legalizada, editado por dicho centro y el Lawyers Commitee for Human Rigths, con sede en Nueva York, Estados Unidos.
En el libro citado se señala que la tortura, la intimidación y la coerción a los detenidos son prácticas muy arraigadas en el sistema mexicano de justicia penal. "Estas realidades no son fortuitas, sino resultado de las deficiencias estructurales, es decir de las malas leyes y malas prácticas; lo que aunado hace más probable la violación sistemática de los derechos humanos ciudadanos".
La presentación del libro estuvo a cargo del investigador Miguel Sarré y la aboga
da Pilar Noriega, quienes coincidieron en que hace falta una reforma al sistema de justicia en el país porque actualmente se le han dado muchas facultades al Ministerio Público, y que desde las reformas que se han hecho a dicho sistema "se beneficia a los legisladores que al mismo tiempo son litigantes".
Sarré apuntó: "La injusticia está en la propia Constitución. Se ha desvirtuado la función del Ministerio Público, pues se le han dado cada vez más atribuciones: investiga, recaba pruebas y toma la confesión del acusado. Desde ahí se genera corrupción e impunidad".
Por su parte, la abogada Noriega subrayó que "el último reducto en el que se legaliza las violaciones a los derechos del procesado es ante un juez. El juez es el que da validez a las declaraciones obtenidas bajo tortura y coacción".
Ambos comentaristas expusieron que es momento de pasar de un sistema de justicia inquisitorio a uno acusatorio con democracia, en el que no tenga ya validez plena la confesión obtenida bajo tortura. Debe anulársele todo valor a esa prueba, y no ser concluyente, como hoy lo es.
