Ť La paraestatal prestó dinero al sindicato para enfrentar problemas legales: Secodam
Exhiben el presunto medio de simulación que usó Montemayor para dar los mil 100 mdp al STPRM
Ť El ex director distrajo fondos para salvar un litigio ajeno a la empresa, indica la denuncia
JUAN ANTONIO ZUÑIGA M. E ISRAEL RODRIGUEZ J.
El incumplimiento de un contrato comercial celebrado en octubre de 1984 entre el sindicato petrolero, en tiempos de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y la empresa texana Arribal Limited habría sido el medio de simulación empleado por el director corporativo de Pemex, Rogelio Montemayor, para sustraer recursos públicos por mil 100 millones de pesos de esta paraestatal, cuyo destino final indaga la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la denuncia de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) recibida en la oficialía de partes de la PGR el 10 de diciembre de 2001, el contrato con la empresa texana comprometió al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) "a vender un mínimo de 6 millones de barriles de petróleo residual tipo A" por cinco años.
Pero el STPRM incumplió este compromiso poco después de que fue apresado el dirigente moral, Hernández Galicia, lo que motivó que Arribal Limited demandara al sindicato petrolero en una corte de Houston, en litigio que finalmente perdió este gremio.
La denuncia interpuesta por Secodam sostiene que la obligación del patrón "no incluye brindar apoyos económicos para solventar problemas estrictamente vinculados entre particulares, entre los cuales no era parte Pemex".
Sin embargo, la paraestatal respaldó con recursos que no tenía al STPRM para hacer frente al fallo adverso, y "a través de su
director general, directores y subdirectores corporativos, otorgaron un préstamo al sindicato bajo el argumento de que serviría para hacer frente a los problemas legales".
Señala la denuncia: "Lo anterior resulta ser el inicio de un conjunto de actos urdidos por el director general de Pemex (Rogelio Montemayor Seguy) y los directores corporativos de administración y finanzas (Carlos Juaristi Septién y Juan José Domene Berlanga, respectivamente), utilizados para distraer fondos públicos al amparo de la relación obrero-patronal".
Así, el 8 de junio de 2000, fueron liberados 640 millones de pesos en favor del STPRM "mediante el cheque No. 0008648, de la cuenta No. 00102135752 de Scotiabank-Inverlat". Ese cheque fue recibido el mismo día por Ricardo Aldana Prieto, secretario tesorero del sindicato.
En la denuncia interpuesta en la PGR se asienta que los auditores de la Secodam pudieron conocer, por conducto del contador público Miguel Angel Pérez Fernández, subgerente de recursos de Pemex, que usualmente los depósitos al STPRM se verificaban en la cuenta No. 3376556 del Banco Nacional de México, "lo que aumenta las probabilidades de un desvío de recursos en detrimento patrimonial de la paraestatal".
Para la transferencia de recursos de Pemex al STPRM se celebró el convenio 9492, formalizado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 11 de septiembre de 2000, lo cual dio cariz legal a la acción.
Al respecto, la denuncia alerta: "Los hechos pueden presentar ciertas circunstancias que los hace aparecer normales, procedentes y aun documentados, pero en el fondo se aprecia la existencia de manipulaciones acordadas o aceptadas entre los directivos de Pemex y quienes actuaron en nombre del sindicato para desposeer a la empresa de los importantes recursos públicos señalados".
El 29 de septiembre de ese mismo año se celebró una reunión extraordinaria del consejo de administración de Pemex, y se levantó el acta 723, en la cual Rogelio Montemayor, en su carácter de director general de Pemex, ocultó datos e informó de manera somera las condiciones del convenio suscrito con el sindicato.
Según la Secodam, el director corporativo de la paraestatal simplemente se concretó a exhibir un documento "amplio", y otro más al que llamó "versión ejecutiva", lo que pone en evidencia "los artificios empleados por Montemayor Seguy para ocultar las operaciones indebidas y omitió al consejo de administración la aparente problemática entre Pemex y el STPRM que dio origen al convenio 9492".
Menos explicó, señala la denuncia, "que parte de los recursos serían distraídos para salvar un litigio del que era ajeno Pemex".
En la relación de hechos la Secodam asegura: "Se puede afirmar que la finalidad de haber suscrito el convenio de referencia era distraer recursos públicos de la paraestatal utilizando como justificación obligaciones presuntamente inexistentes y cuya autoría se imputa tanto al doctor Rogelio Montemayor Seguy, como a los ciudadanos Carlos Juaristi Septién y Juan José Domene Berlanga, quienes estaban obligados a obtener tanto la anuencia del consejo de administración, como de la Secretaría de Hacienda, pues se carecía de los recursos para hacer frente a dicho pago extraordinario".
Agrega: "Sin embargo, en un exceso en las facultades que le otorga al director del organismo descentralizado la Ley de Entidades Paraestatales y la propia Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se distrajo numerario en beneficio de terceros, siendo los receptores de tales fondos los ciudadanos Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto".
