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Ť El ombudsman pidió entregar la documentación ante un notario público
Intentan abogados del Congreso de Chiapas realizar una auditoría a la CEDH
Ť Llama la CNDH al gobernador y a López Hernández a no descalificarse mutuamente
ANGELES MARISCAL, RODOLFO VILLALBA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES
Abogados y contadores del Organo Superior de Fiscalización del Congreso chiapaneco acudieron ayer a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con la intención de iniciar una auditoría sobre posibles compras de equipo de espionaje por parte del titular del organismo, Pedro Raúl López Hernández.
No obstante, el ombudsman se encontraba fuera y posteriormente condicionó la entrega de la documentación requerida a la presencia de un notario público que la certifique, "para evitar que los funcionarios del gobierno le den un mal uso".
Este mismo día, el procurador de Justicia estatal, Mariano Herrán Salvatti, entregó al ombusdman un auto blindado y un cuerpo de policías de seguridad en cumplimiento a sendas solicitudes de las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidieron al gobierno de México medidas cautelares, luego del tiroteo del que fueron objeto la casa y el automóvil de López Hernández.
Conoció el presidente del STJ la intención de dimitir del ombudsman
De su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Milton Escobar Castillejos, aseveró que el sábado anterior el ombudsman le solicitó una audiencia para darle a conocer su intención de renunciar como titular de la CEDH y buscar la posibilidad de emplearse en otro cargo de gobierno, pero le respondió que "carecía de toda facultad para realizar ese acercamiento, por lo cual tendría que dirigirse ante el secretario particular del gobernador para resolver su problema, que es de tipo personal", afirmó.
Este miércoles, diez integrantes del Organo Superior de Fiscalización arribaron a las oficinas de la CEDH. Durante una hora y 45 minutos esperaron a su titular infructuosamente, por lo que levantaron un acta en la que señalan que les fue negada la documentación para el inicio de la auditoría solicitada por el Poder Legislativo.
A la salida, los integrantes de la comisión se toparon con López Hernández, quien indicó que se retrasó debido a una audiencia telefónica sostenida desde Washington, Estados Unidos, con una de apellidos López Berely, funcionaria de la CIDH. Sin embargo, los auditores abandonaron el lugar.
El ombudsman reafirmó su anuencia para la realización de la auditoría. Sin embargo, señaló que ante la presunción de que "quieran sembrarme evidencias de que hice mal uso de los recursos públicos con supuestas compras de equipo de espionaje, contraté un notario para que certifique la documentación entregada y me quede yo con un respaldo de ella".
El equipo de espionaje, celulares y una grabadora: Hernández
Y es que según denuncia de trabajadores despedidos por el ombudsman, éste había comprado equipo de espionaje. El funcionario ha dicho que se trató de un equipo de radiocomunicación que sustituyó a los celulares y una grabadora portátil para el área de comunicación social.
Horas después llegó a la CEDH el procurador Herrán Salvatti, quien entregó a López Hernández un auto blindado y le presentó a un grupo de policías judiciales asignados para su cuidado. Esto, dijo el funcionario de Justicia, se dio en cumplimiento a las solicitudes de la CIDH, la CNDH y otros organismos que pidieron para el ombudsman medidas cautelares.
No obstante, la noche de este miércoles, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que la CIDH reiteró su solicitud "urgente y concreta" al gobierno mexicano, para que adopte medidas destinadas a garantizar la seguridad e integridad del ombudsman y de su familia.
En un comunicado de prensa, el Centro Fray Bartolomé explica que dichas medidas fueron solicitadas por seis meses, al final de los cuales la CIDH "revisará el caso y la situación que guarda para determinar si procede ampliar el período o el retiro de las medidas cautelares". Agrega que la CIDH dio un plazo de 15 días para que el gobierno mexicano informe acerca de las medidas adoptadas.
Sobre este mismo asunto, el primer visitador de la CNDH, Víctor Martínez, sugirió que "no hay que hacer descalificaciones previas, y así como no se debe de descalificar a Pedro Raúl tampoco se debe descalificar a la Procuraduría de Justicia del estado. Tenemos que exigir a las instituciones que el trabajo se haga bien". Lo anterior, con relación a las declaraciones del gobernador, en el sentido de que la agresión podría ser un "autoatentado".
Señaló que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, acordó la atracción del caso López Hernández, aun sin ser de competencia federal, "porque en este caso la agraviada es la comisión estatal". Precisó que el seguimiento del caso lo hará la primera visitaduría, cuya sede está en la ciudad de México, donde ha sido radicada la queja de Pedro Raúl López Hernández.