Ť Secodam y ley de responsabilidades de servidores, rebasadas: investigador de la UPN

Pese a programas para abatirlas, corrupción e impunidad continúan en niveles escandalosos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

México ha quedado sujeto a la fortuna, buena o mala "calidad" del Presidente, pues no hay mecanismos de control de la actuación del Poder Ejecutivo. Además, no se ha logrado quitar la impunidad de los malos servidores públicos y la corrupción todavía se encuentra en niveles escandalosos, expone el investigador Oscar Diego Bautista, de la Universidad Pedagógica Nacional, en su libro La ética en los servidores públicos.

En su obra, que analiza el caso contemporáneo de México, señala que la corrupción en el sector público todavía es un problema nacional, a pesar de los planes de renovación moral y de probidad y rendición de cuentas establecidos a los funcionarios en los dos sexenios anteriores, así como las promesas de "limpieza" del servicio gubernamental de la actual administración.

El catedrático advierte que las obligaciones de los funcionarios de todos los niveles, establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se refieren básicamente a la utilización y manejo de los recursos presupuestales. En teoría, con esta ley disminuiría la corrupción en México; sin embargo, "sabemos que no es así" y que ni con esta ley ni con la operación de la Secodam se han frenado los ilícitos en el gobierno.

Aunado a ello, si bien el adecuado manejo de los recursos tiene que ver con una conducta honesta del servidor público, esta ley deja de lado las actitudes éticas que debieran regular el proceder de los funcionarios.

Hace referencia a una investigación del Colegio de México, realizada por José de Jesús Sosa López, quien afirma que la discrecionalidad con que muchas veces se aplica el esquema de regulación hace ilusorio pensar que se pueda cumplir cabalmente lo que señala la Constitución respecto a la responsabilidad de los servidores públicos, pues éstos responden a complejos compromisos políticos que se disfrazan con camuflajes y mentiras.

De esta forma, el autor establece que en nuestro país el marco jurídico para la rendición de cuentas de los funcionarios está rezagado. Por ello, señala que es necesario diseñar nuevos mecanismos legales y procesales efectivos que verdaderamente combatan la corrupción y la impunidad.

El trámite para sancionar a un servidor público, señala el investigador, está lleno de obstáculos, desde la acusación, la recopilación de pruebas y si goza de fuero es más difícil porque el asunto tiene que pasar por las cámaras de Diputados y de Senadores, por lo que el problema se politiza y dependiendo de qué partido sea el acusado y cuál tenga mayoría en la Cámara respectiva, puede ser que nunca sea sancionado a pesar de ser culpable.

"La Secodam sólo puede establecer sanciones administrativas, las cuales, a su vez, pueden ser impugnadas", advierte Bautista en su libro.