Ť Serían utilizados para obras complementarias que impidan inundaciones

Hacer el aeropuerto en Texcoco requiere que se expropien más terrenos: César Buenrostro

Ť La terminal aérea afectaría zonas naturales de escurrimiento del DF y Edomex

ELIA BALTAZAR

El gobierno federal tendrá que expropiar más terrenos en las inmediaciones de Texcoco y de igual extensión que aquel donde pretende ubicar el aeropuerto alterno, para construir vasos reguladores que impidan la inundación de la ciudad y de municipios del estado de México.

Expuso lo anterior el secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, César Buenrostro, quien afirmó también que las expropiaciones afectarían, entre otros municipios, a Chimalhuacán y más tierras de San Salvador Atenco.

Es un hecho, dijo Buenrostro, que deberán expropiarse tierras para acondicionar vasos reguladores artificiales que sustituyan la actividad que actualmente cumple el ex lago de Texcoco, pues al construirse el aeropuerto serían inminentes los riesgos de inundación para el Distrito Federal y el estado de México en casos de lluvias intensas.

Al ocuparse un área natural de regulación, explicó Buenrostro, es imprescindible construir lagos artificiales para almacenar un promedio de 12 millones de metros cúbicos de agua, volumen que actualmente absorbe el lago de Texcoco.

Incluso, advirtió que no pueden ponerse en marcha los trabajos de construcción del aeropuerto en esa área antes de que se construyan las nuevas zonas de regulación con sus respectivos equipos de bombeo, "porque si se invade desde ahora ese terreno tendrá que protegerse con bordos y drenes perimetrales para evitar inundaciones que afectarían a la ciudad de México y a los municipios mexiquenses de Los Reyes, Ixtapaluca y Chicoloapan".

El secretario de Obras dijo que la construcción de vasos reguladores de agua deberá llevarse a cabo con cargo a la inversión del aeropuerto, pues "sería absurdo que se sufragara con los impuestos de los mexicanos.

"En febrero del 2000 el presupuesto del aeropuerto para la expropiación y compra de terrenos para construir los lagos artificiales era de 6 mil 500 millones de pesos; pero a precios actuales esa cifra seguramente se elevó a 8 mil millones de pesos, sin incluir todas las plantas de bombeo y su operación. Toda esa infraestructura debe ir con cargo al proyecto", consideró el funcionario.

En el mismo documento, entregado por el gobierno capitalino a las autoridades federales, en el que manifestaba su oposición al aeropuerto en Texcoco, se apunta que esta zona es la más importante para la regulación de escurrimientos provocados por las lluvias en el Valle de México.

Buenrostro ha advertido incluso que los ductos de salida de agua de la ciudad están saturados, por la excesiva construcción sobre zonas de recarga, como el área basáltica del sur, la serranía del Ajusco, la zona del poniente, entre otras.

El funcionario aseguró que las autoridades capitalinas ya se preparan para enfrentar la necesidad de aumentar la capacidad de desalojo de caudales, mediante intensos programas de desazolve de las presas del poniente, de las que se extrajeron el año pasado 400 mil metros cúbicos de desechos.

En la ciudad, además, se construyen las dos obras hidráulicas más importantes del país. Se trata de las plantas de bombeo que se ubicarán, una en el kilómetro 18.5 del gran canal del desagüe, con capacidad de 40 metros cúbicos por segundo, y otra en el interceptor poniente, ubicado en Naucalpan.

Por lo pronto, el Gobierno del Distrito Federal esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias interpuestas, que posiblemente se darían a conocer en julio próximo, según informó la consejera jurídica capitalina, María Esthela Ríos.

Pronto entraremos al periodo de presentación de pruebas, dijo la funcionaria, y allí demostraremos los efectos negativos que producirá la construcción del aeropuerto en Texcoco. Además, sostendremos que una decisión de esta naturaleza debió darse en el seno de una comisión metropolitana, que ya existe, y en la que participan los gobiernos federal, local y del estado de México.