Llegará hasta la Casa Blanca la investigación sobre quiebra de Enron

Los investigadores del Congreso estadunidense ampliarán sus pesquisas sobre la quiebra de Enron para determinar si la administración del presidente George W. Bush intervino ilícitamente a favor del gigante de la industria energética, informó ayer el diario Financial Times.

El matutino agregó que el senador John Lieberman, quien dirige las pesquisas legislativas sobre el desempeño de las autoridades federales ante el fracaso de la empresa energética, dijo que el comité que preside investigará si funcionarios de la administración Bush favorecieron a Enron.

Adicionalmente, Henry Waxman, demócrata integrante de la Comisión de Energía y Comercio, que ha iniciado sus propias averiguaciones, envió una carta al secretario del Tesoro, Paul O'Neill, y a Donald Evans, secretario de Comercio, para pedirles detalles acerca de las relaciones entre Enron y funcionarios del gobierno.

A finales de octubre y principios de noviembre O'Neill y Evans hablaron por teléfono con Kenneth Lay, director ejecutivo de Enron, quien apoyó durante largo tiempo a George W. Bush. Ambos reiteraron ayer que Lay no solicitó ayuda al gobierno estadunidense.

''Es un hecho obvio que los ejecutivos de Enron hicieron grandes contribuciones a la campaña de Bush ?declaró Lieberman al programa Face the Nation, de la cadena CBS?. Sabemos que el señor Lay y otros ejecutivos de Enron participaron en el diseño de la política energética de la administración Bush''.

Lieberman y Waxman dijeron que no se ha encontrado evidencia de conductas ilícitas, pero la ampliación de las investigaciones ha obligado a la Casa Blanca a reunir información acerca de todos sus contactos con Enron.

Lieberman agregó que los directivos de Andersen, la empresa de contabilidad encargada de las auditorías a Enron, podría enfrentar un proceso luego de que se reveló que sus ejecutivos ordenaron la destrucción de documentos de la compañía. Según la revista Time, investigadores revelaron un memorándum con fecha 12 de octubre, en el cual se ordenaba a los empleados del área administrativa destruir todos los registros de la auditoría, con excepción de ''documentos básicos''.

Andersen ha rechazado la posibilidad de que la destrucción de documentos continuara después del 8 de noviembre, cuando recibió el citatorio de la Comisión de Seguridad y Cambios del mercado de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Andersen declaró la noche del domingo: ''Reconocemos que hubo comunicados internos que despertaron dudas. Nosotros procederemos cuando sea apropiado. Esperamos anunciar pronto avances al respecto''.

Además de las conversaciones de Lay con funcionarios del gabinete de Bush -y de seis a ocho llamadas entre Greg Whalley, presidente de Enron, y Peter Fisher, subsecretario del Tesoro- se ha descubierto que Robert Rubin, secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton y alto ejecutivo de Citigroup, también estuvo en contacto con Fisher, con quien habló sobre la participación de entidades de crédito. Fisher y Rubin coincidieron en que el gobierno nunca ofreció intervenir, pero O'Neill aseguró que le sorprendió enterarse de esa llamada.

Evans reveló que antes de la llamada que le hizo a Lay el 29 de octubre, hubo una conversación previa el 15, un día antes de que Enron diera a conocer las enormes pérdidas que precipitaron su colapso.

El domingo en la noche los abogados de Enron seguían negociando los términos en que vendería su división de comercialización de energía a UBS Warburg.

Por su parte, Multinational Monitor señaló que al parecer la consultora Arthur Andersen siguió los consejos de abogados especializados en delitos de cuello blanco, entre ellos Harvey Pitt, defensor estrella de las firmas contables, quien se convirtió en presidente de la SEC.

En 1994 apareció un artículo del que Pitt fue coautor (''Cuando a las buenas empresas les ocurren cosas malas: un manual para el manejo de crisis'') donde apunta que: ''En numerosas crisis corporativas generalmente hay documentos clave. Los asesores de la compañía deben aprovechar cualquier oportunidad para hacer entender a los ejecutivos que esos documentos seguirán su propio camino una vez que empiece el litigio (...) Pida a los ejecutivos y a los empleados que se imaginen todos sus documentos en manos de algún minucioso inspector o en la primera plana de The New York Times (...) Cada compañía debe tener un sistema para determinar la retención o destrucción de documentos (...) Obviamente, una vez que se ha recibido un emplazamiento a juicio o está por emitirse, la destrucción de documentos debe suspenderse inmediatamente''.

La situación no tiene visos de mejorar, pues son precisamente los guardianes de las firmas contables quienes están al frente de la SEC.

Además, el presidente George W. Bush nombró recientemente a dos nuevos comisionados de la SEC y ambos han sido socios de poderosos despachos: uno es Paul Atkins, de PriceWaterhouseCoopers, y la otra es Cynthia Glassman, de Ernst and Young. Estos nombramientos le dan a la industria de la contabilidad control absoluto sobre lo que alguna vez fue la máxima autoridad encargada de perseguir el crimen corporativo. Ante esta perspectiva, concluye Multinational Monitor, habrá más casos como el de Enron en el futuro de Estados Unidos.