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José Blanco
Batiburillo
Vaya paradoja. Cuando por fin el Congreso de la Unión
alcanzó un status real de autonomía política
respecto del Ejecutivo, los señores diputados y senadores quedan
muy por debajo de las expectativas que la sociedad se formó sobre
su trabajo. Las condiciones en que fue aprobado el primer presupuesto del
gobierno de Fox, al cuarto para las doce, fueron comprensibles. Por la
novedad, el primer Congreso libre de la dominación del Presidente
logró levantar en aquel momento expectativas importantes sobre sus
tareas. Si ha habido un desencanto evidente en una parte creciente de la
sociedad sobre el primer Ejecutivo no priísta, no menor ?probablemente
mayor? ha sido el desencanto social con el Congreso.
Ha habido puntos buenos que anotarle, es cierto. Ahí
está el trabajo, aun no completo, sobre la reforma financiera, en
los primeros meses del año pasado, del que prácticamente
no fue informada la sociedad. Pero, como siempre, las manzanas malas echan
a perder a las buenas. Vino inmediatamente el trabajo que a nadie dejó
satisfecho ?que no fuera a sus propios autores?, sobre la legislación
indígena.
Ahora, a las doce y cuarto, el Congreso parió un
batiburrillo de disposiciones fiscales, no una reforma hacendaria. La mejor
ocurrencia de nuestros representantes fue la reforma a la ley del ISR,
pero aun ésta carga con contrahechuras como las disposiciones fiscales
sobre el ingreso de autores. Y no porque éstos no deban pagar ISR,
sino porque de acuerdo con lo aprobado unos pagan y otros no. La ley, así,
pierde unas de sus exigencias básicas para ser tal: la generalidad.
Ese "criterio" de retrato hablado del impuesto de autores,
guió por supuesto también las decisiones de los legisladores
para fabricar el engendrito de los impuestos especiales. Por eso también
ahora hay cuatro tasas del IVA, graciosamente diseñadas para que
el impuesto sea evadido con más facilidad.
¿De dónde salió la homologación
de la tasa del ISR para personas físicas y morales? Del mercado
político: te la concedo a cambio de que me concedas tal techo de
endeudamiento para el GDF y 20 por ciento a los artículos "suntuarios";
una disposición que, al violar la generalidad y diseñarse
sobre las rodillas, hace "suntuario" al salmón, pero no al huachinango,
al robalo o a las langostas, productos bastante más costosos que
el salmón, como se ha repetido en estos días. Los ejemplos
se multiplican ad infinitum.
El mercado político es un problema de fondo del
batiburrillo. Un sistema fiscal tiene que surgir de una buena técnica
fiscal, de una buena técnica jurídica, del conocimiento macro
y microeconómico; no de la "política". "Más vale que
nos vayamos acostumbrando a que las decisiones de la Cámara de Diputados
resulten de la negociación política", dijo un diputado panista
hace unos días. Es decir, la "reforma" que tenemos, es la reforma
posible, acorde a los personajes concretos que habitan las curules que
les concedió la lotería política. Pues no, algunos
ciudadanos no estamos de acuerdo en que nos vendan como política
el pestilente producto que suele intercambiarse hoy en San Lázaro
y sus alrededores.
Tratándose de una reforma hacendaria -como en muchos
otros campos; la educación por ejemplo-, la política sirve
para fijar los objetivos nacionales que surjan de los acuerdos posibles
entre los actores organizados; no para diseñar la reforma misma.
¡Adónde iríamos a parar si los señores diputados,
con su robusta ignorancia, diseñaran el contenido de una reforma
educativa como la que urge a este país! Para eso están quienes
de veras saben sobre los complejos temas que una reforma así involucra.
Una reforma hacendaria, insistamos, ha de diseñarse
sobre la base, al menos, de cuatro criterios básicos: 1) justicia
recaudatoria: que pague más quien más ingresos perciba; esto
no significa necesariamente tasas diferenciadas a las personas, mucho menos
a los productos o servicios; 2) competitividad fiscal: tener presente
que no es de ninguna manera lo mismo hacer una reforma hacendaria en una
economía cerrada, que en una abierta en el contexto de la globalización,
menos aún en el marco de un conjunto de tratados internacionales,
entre los que hoy sobresale el TLC; 3) eficacia recaudatoria: agregar
entre cinco y ocho puntos porcentuales del PIB a las arcas del fisco, en
un periodo razonable (cinco a seis años), lo cual entre otras cosas
exige la revisión exhaustiva de los sistemas de recaudación
y administración; 4) tener presente que, con mucho, la justicia
fiscal (y social) se alcanza principalmente por la vía del gasto
público y las políticas sociales, no por la vía impositiva.
Un IVA igual a todos los productos, con mecanismos de devolución
como los que planteaba Fox ?que nunca fueron discutidos por los diputados?,
aun deficientes en un principio, habría sido una solución
mucho más racional que el engendrito estéril de los impuestos
especiales.