Ť Interpone tres recursos ante la Judicatura Federal

Caso IPAB: apela la PGR de la liberación de ex funcionarios

Ť Ese consejo sólo verificaría la técnica jurídica

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso tres recursos de apelación en contra de la resolución del juzgado tercero de distrito en materia penal, que concedió la libertad condicional a Eugenio González Sierra, ex director jurídico adjunto del IPAB, y León Alberto Schietekat Ballesteros, director de Inversiones Institucionales de Bancomext, quienes fueron acusados de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales informaron que hasta ayer el Consejo de la Judicatura Federal no había recibido ninguna queja administrativa en contra del juzgador por el fallo referido.

En cuanto a las apelaciones, la primera, presentada por el Ministerio Público Federal, se refiere a la orden de aprehensión, en la cual no se tomó en cuenta el delito de extorsión solicitado por la representación social.

La segunda apelación se refiere a la libertad condicional otorgada por el secretario de acuerdos en funciones de juez por mandamiento de ley, Ramón Esquivel Ortiz, ya que al no consignar a González Sierra y Schietekat Ballesteros por los delitos graves que se les imputaba obtuvieron la libertad condicional. La tercera apelación va en el mismo tenor en contra del auto de libertad que obtuvieron los ex funcionarios bancarios en contra de las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Respecto a una eventual intervención del Consejo de la Judicatura Federal -en caso de que se presente una queja administrativa- funcionarios de este órgano colegiado precisaron que la indagación sobre el caso se limitaría a indicar si hubo error o no del juzgador en cuanto a la técnica jurídica aplicada.

Pero, subrayaron, el consejo no revisaría la sentencia dictada; ésta se mantiene firme hasta que el tribunal unitario, al que le corresponda conocer el asunto, no emita un fallo definitivo.

Al interior del Poder Judicial Federal se reconoce que este fallo sobre la investigación que llevó a cabo la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) generó críticas a la labor que desempeñan los jueces y magistrados federales.

Aunque trascendió que la titular del juzgado referido, Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, insiste en que no autorizó la intervención telefónica de los acusados, por lo que las cintas que se presentaron para fundamentar los presuntos delitos en que incurrieron no tendrían validez legal.