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Ť Sólo le compete investigar si hubo responsabilidad
del Estado, aseguran
ONG critican actuación de fiscal para desaparecidos
Ť Proponen que utilice la normatividad internacional para
llevar a cabo las pesquisas
VICTOR BALLINAS
Las organizaciones no gubernamentales de defensa de los
derechos humanos se reunieron ayer en privado con el fiscal especial para
los desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, a quien dijeron que no le compete
asegurar "que las desapariciones de personas fueron acciones individuales
y no de instituciones; lo que tiene que hacer es investigar si hubo responsabilidad
del Estado, que de manera directa solapó o cobijó ese tipo
de actuaciones".
Entre las organizaciones presentes en la reunión
estuvieron Amnistía Internacional, la Red de Todos los Derechos
para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el
Centro Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Mexicana
de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Academia Mexicana,
el Cencos, el ITESO, la Afadem, el Centro Fray Francisco de Vitoria y el
Frente Cívico Sinaloense.
Christian Rojas, de Amnistía Internacional, explicó
que la reunión en términos generales fue buena, franca, en
la que se le propuso al fiscal que asuma como propios los estándares
internacionales sobre desaparecidos, y que no sólo tome en cuenta
el informe de la CNDH, sino también los testimonios y documentos
de familiares de víctimas, así como de organizaciones no
gubernamentales (ONG).
Rojas
subrayó que en la reunión, efectuada a petición del
propio fiscal y concertada por el presidente del Centro Fray Francisco
de Vitoria, el padre Miguel Concha, se expuso que la figura de fiscalía
especial "la vemos con reservas, pero con mucha esperanza".
El fiscal Carrillo Prieto les explicó a los dirigentes
de las ONG presentes en la reunión que aún está elaborando
su plan de trabajo, y se comprometió a que una vez que lo tenga
concluido volverá a convocarlos para que lo evalúen y, posteriormente,
hacerlo público.
Las ONG, señaló Rojas, le expusimos al fiscal
que es pertinente que su actuación sea pública, y siga la
línea de investigación que proponen los familiares.
Según el dirigente de Amnistía Internacional
sección México, al fiscal se le comentó que es necesario
tomar en cuenta la normatividad internacional que habla sobre crímenes
de lesa humanidad en el caso de desaparecidos, y se le propuso que en virtud
de que no hay congruencia con la nacional, se asuma la primera para tratar
el asunto.
Adriana Carmona, responsable del área jurídica
de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos, señaló que el fiscal estaba muy preocupado porque
"conociéramos su currículum y su trayectoria. Sin embargo,
en esta reunión que era para exponer nuestras inquietudes y que
Carrillo Prieto presentara su propuesta de trabajo, no quedó claro
cuáles son las limitaciones legales que tendrá en su desempeño.
"Ahí debe ahondar un poco más para saber hasta dónde
va a llegar y qué impedimentos legales tendría".
Carmona dijo que se le manifestó al fiscal especial
la preocupación de las ONG sobre las investigaciones que va a realizar,
porque no hay un marco legal y eso puede ser un pase para la impunidad.
Rojas por su parte destacó que el fiscal se comprometió
a llegar hasta donde tenga que hacerlo, que tocará hasta deba, que
pueden ser desde los responsables que ejecutaron las órdenes, hasta
los que las habrían ordenado.