Ť Debe reconocer Macedo que su actuación es similar a la de Madrazo, expresa

También el gobierno actual omitió investigar hechos en el caso Digna Ochoa: Centro Pro

VICTOR BALLINAS

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, aseveró ayer que tanto la pasada administración -el gobierno de Ernesto Zedillo- como la actual omitieron investigar los hechos denunciados por la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Y como este centro lo ha sostenido, subrayó, la averiguación previa fue enviada a reserva en mayo de 2001.

Lo importante es que en el comunicado de prensa 02802 la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que en el gobierno anterior hubo omisiones, pero también en éste se siguen cometiendo. Si al principio se quiso dejar la responsabilidad a la anterior administración, hoy esa dependencia asume que también en este gobierno se han cometido.

Edgar Cortez señaló que la información difundida por la visitaduría general de la PGR señala que a partir del 18 de marzo de 2001 -en el gobierno foxista- se decide nuevamente el reingreso a trámite de la averiguación previa, y se vuelve a incurrir en los mismos actos de omisión, pues dicha indagatoria se envía a reserva sin realizar ninguna investigación, de acuerdo con el oficio FESPLE/3362/2001 enviado a Digna Ochoa y coagraviados con fecha 9 de mayo del año pasado.

Como se recordará, después del asesinato de la abogada Digna Ochoa, el viernes 19 de octubre, la PGR señaló que la averiguación previa fue archivada durante el gobierno zedillista, con la Procuraduría General de la República a cargo de Jorge Madrazo. Y negó una y otra vez que en esta administración se hubiera archivado la investigación.

Cabe señalar que el Centro Pro aseguró e insistió en que la PGR a cargo del general Rafael Macedo de la Concha fue la que mandó a reserva la investigación, "según nos consta en la copia del oficio que se nos entregó, en el cual, con fecha 9 de mayo, se hace saber a Digna Ochoa y coagraviados que la indagatoria se envía a reserva".

La información generó un debate en el que la PGR insistía en que quien envió a reserva dicha investigación fue la dependencia cuando estaba al frente Jorge Madrazo, y que en esa administración se había enviado sólo de trámite dicho oficio al Centro Pro.

Sin embargo, con la información de la visitaduría general de la PGR, queda de manifiesto que esta administración también cometió omisiones, inconsistencias y deficiencias.

El Estado incurre en responsabilidad institucional

Al respecto, el Centro Pro aseguró que con los actos de omisión, más que responsabilidad de los agentes, el Estado puede haber incurrido en responsabilidad institucional por el asesinato de Digna Ochoa.

El Centro Pro resaltó que la actuación omisa y negligente de los funcionarios de la PGR, de los que el domingo dio cuenta la visitaduría general, demuestra el desprecio e indiferencia que el aparato de procuración de justicia del país tiene por la vida y la integridad de las personas, y en especial de los defensores de derechos humanos.

"Demuestra además que pese a los intentos de actuación constructiva sobre el desafortunado asesinato de Digna Ochoa, aún el tratamiento de los hechos es superficial y se pretende limitarlo al ámbito del proceder individual de los agentes de la PGR, evadiendo la responsabilidad institucional que dicha entidad ejerce respecto a la obligación de protección, garantía y respeto del derecho a la vida y protección judicial que el Estado mexicano tiene a su cargo. Esto impide aun que los correctivos que se adopten vayan más allá de sanciones administrativas individuales, prevaleciendo la impunidad", manifestó.

Es importante que el titular de la PGR reconozca que su actuación es similar a la de su antecesor, Jorge Madrazo, resaltó Edgar Cortez. "Se reconocen estas deficiencias, lo que obliga a una revisión de los problemas estructurales, lo que supondría una medida radical para reformar el sistema penal inquisitorio y pasar a uno acusatorio."

Mediante un comunicado de prensa, el Centro Pro subraya que del resultado de la evaluación técnico-jurídica de la averiguación previa FESPLE/3362, respecto a las amenazas a la defensora Digna Ochoa y otros abogados, se confirma lo señalado por esta organización en diferentes ocasiones, en el sentido de que la PGR "no realizó ninguna investigación en relación con los amagos que recibió Ochoa y que después de recibir el expediente por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tanto la pasada administración como la actual fueron omisas en investigar los hechos denunciados".

De acuerdo con el comunicado de la visitaduría general, el 8 de noviembre de 2000 el representante social de la Federación determinó "precipitadamente la reserva de la indagatoria".

Pero también se desprende de esa información que a partir del 18 de marzo de 2001, cuando se decidió el reingreso a trámite de la averiguación previa, se volvió a incurrir en los mismos actos de omisión y nuevamente se envió a reserva la investigación, sin llevar a cabo ninguna indagatoria. Esto consta en el oficio del 9 de mayo de 2001 y del cual el Centro Pro tiene copia.

Ahora que la PGR dio a conocer esa información, afirma el director de la organización defensora de los derechos humano, es necesario que la investigación anunciada llegue hasta sus últimas consecuencias, fincando las responsabilidades administrativas y penales pertinentes.

De igual manera, Cortez reiteró la urgencia de que se lleve a cabo una revisión y una reforma del sistema de procuración e impartición de justicia, para que hechos como la ejecución de la defensora Digna Ochoa y Plácido no vuelvan a repetirse.