En los países en desarrollo es cada vez más notoria la importancia que se le concede a las nuevas tecnologías de información y comunicación para enfrentar los rezagos educativos y ofrecer novedosas alternativas de formación. En la reunión de ministros de educación de los nueve países que concentran más de la mitad de la población mundial y los mayores retos en esta materia (Grupo E-9), realizada el año anterior en Pekín, China, quedó de relieve el papel que podría, desempeñar la educación a distancia y las nuevas tecnologías para ampliar y mejorar los servicios educativos. Sin embargo, es necesario considerar la postura de cada gobierno respecto al tema educativo. Este es un imperativo que no se puede soslayar, sobre todo frente a un contexto de recursos escasos, la necesidad de políticas de largo alcance y la urgencia de resolver los problemas.

En México, el gobierno federal ha reiterado en diversas oportunidades su propósito de intensificar el uso de las nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo y los servicios. El denominado proyecto e-México, anunciado al iniciar funciones la actual administración, intenta establecer un complejo sistema de conectividad electrónica entre la población de las diferentes regiones del país -especialmente las rurales marginadas- y dar acceso, a través de Internet, a servicios educativos, de salud y trámites administrativos. Este proyecto, según los objetivos definidos por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hace ya varios meses, integrará un sistema tecnológico y de contenido social, eliminará restricciones de acceso a la información y reducirá la brecha digital entre los habitantes del país y respecto a otras naciones.

En cuanto a la parte educativa, el programa e-educación se ofrecería nuevas formas de proporcionar el servicio y "un medio para el desarrollo integral de los mexicanos". En las diferentes regiones habría espacios que contarían con una infraestructura mediática para ofrecer programas educativos y de capacitación. Sin embargo, el reciente Programa Nacional de Educación 2001-2006 no precisa formas ni plazos para cumplir con este propósito, únicamente señala que en cada municipio se instalará al menos una plaza comunitaria.

El gobierno federal ya emprendió o anunció diversas acciones dirigidas a aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología informática. El problema, sin embargo, es que no está claro si forman parte de una política de largo plazo o más bien son hechos aislados de amplia resonancia pero de dudosa efectividad.

Hace ya casi un año, en febrero de 2001, el Ejecutivo federal puso en marcha el primer centro comunitario en un poblado de Durango, pero nada se supo de su organización y, de ser el caso, qué resultados se han obtenido. Otro tanto puede decirse del compromiso de dotar de computadoras a aproximadamente 50 mil profesores de enseñanza básica, oferta realizada en el marco de la negociación anual con el sindicato magisterial en mayo del año anterior. O bien, la forma de articulación de diferentes dependencias del sector educativo (Conacyt e INEA entre otras) que comparten propósitos similares en el uso de las nuevas tecnologías, pero que no parecen trabajar coordinadamente. No menos importante es la estrategia que articula los portales de apoyo a la educación recientemente puestos en marcha o los convenios de cooperación con ITESM, Microsoft, Intel y otras firmas.

Sin duda, un proyecto como el de e-educación demanda múltiples esfuerzos y una convocatoria amplia. El problema es qué tanto las acciones caminan en la dirección correcta y, de ser el caso, cómo se enlazan con los objetivos trazados. Eso es algo para lo que no parece haber respuesta y la incertidumbre no se restringe al terreno educativo. Puesto que la intención es instalar una mega red de conexión en el país, necesariamente involucra diferentes áreas de la administración pública y criterios sobre formas de inversión. En este sentido, cobra relevancia la discusión sobre la apertura y concesiones a nuevos participantes en los prestadores de servicios satelitales, el tema del software gratuito, la red telefónica local, los costos de conexión a Internet o la competencia en larga distancia o telefonía móvil. De hecho, estos son temas que están en la agenda de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cuya discusión se prevé en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Sin embargo, por ahora y tal vez en los próximos meses, el centro de las preocupaciones de los legisladores y del gobierno federal es el polémico marco tributario que aprobó el Congreso hace unos días.

Desde luego se requiere mayor impulso a la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Los datos del último censo de población revelan que todavía el 5 por ciento de las viviendas carecen de electricidad -porcentaje que se incrementa en las entidades y municipios con mayores carencias- y solamente 9 por ciento de habitantes en el país posee computadora. Igualmente, según información de la SCT, sigue siendo sumamente reducido el acceso al servicio telefónico: el número de líneas telefónicas fijas es de poco más de 13 millones, una teledensidad de poco más de 10 por ciento. Lo mismo ocurre con los usuarios de Internet, cifra que estima la misma secretaría en poco más de 4 millones de personas en el país.

Como quedó expresado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2001, de la ONU no necesariamente todos los países deben estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico, pero se debe tener la capacidad de comprenderlo y adaptarlo al contexto local. No basta la apertura de mercados y la competencia; "a escala mundial, son las políticas, y no los actos caritativos, lo que determinará, en última instancia, si las nuevas tecnologías se han de transformar en un instrumento de desarrollo humano en todo el mundo".

_{El autor es investigador del Seminario de Educación Superior, CESU-UNAM}