Ť Se manifiesta en contra del otorgamiento de 30% de los recursos del instituto a comunidades

Descartada, cualquier privatización de sitios arqueológicos, aclara el director del INAH

Ť Más de 80% del presupuesto se destina a pago de burocracia; 19% son los fondos reales,
indica Ť Propone la participación de IP en planes de investigación a cambio de exenciones

ARTURO GARCIA HERNANDEZ

En el proceso de modernización del Instituto Nacional de Antropología e Historia está completamente descartada la privatización de los sitios arqueológicos, aseguró ayer Sergio Saúl Arroyo, director del organismo: "No existe una mínima posibilidad, proyecto o perspectiva en la cual se piense en una privatización. Lo que sí pensamos que puede ser benéfico es la participación de particulares en algunos servicios, pero las leyes en este momento y las que vengan en el futuro tendrán que seguir considerando que el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación".

El funcionario también se manifestó en contra de la reciente propuesta de algunos senadores de otorgar 30 por ciento del presupuesto del INAH a las comunidades regionales: "eso sería fatal; no creo que los problemas de las comunidades se solucionen quitándole recursos a un sector que de por sí los requiere históricamente. Creo que habrá mejores vías y medios en nuestra política para amortiguar los serios déficits sociales que hay en el país".

Problemas presupuestales

De acuerdo con Arroyo, de los mil 390 millones de pesos que ejerció el INAH este año, "81 por ciento y más" se aplicó a salarios y prestaciones del personal, "lo que quiere decir que en realidad funcionamos con un presupuesto de 19 por ciento". Además, anticipó que es prácticamente imposible que haya un aumento real al presupuesto que la institución recibirá en 2002. Ante dicha circunstancia, el titular del instituto informó que ha hecho una propuesta a la Secretaría de Hacienda -sin la intención de provocar "ningún tipo de beligerancias"- para que le permita ejercer directamente los recursos que genera, que este año rebasarán los 200 millones de pesos.

La propuesta, que "va encaminada a garantizar que esos recursos se dirijan a proyectos de investigación", está complementada con la petición de que a las aportaciones de los particulares se les concedan exenciones fiscales: "Está prevista la participación de la IP, pero hay que delimitarla muy bien, porque no significa en ningún momento que se le concesione, en absoluto, ningún tipo de servicio en las zonas arqueológicas. Esto lo quiero dejar claro. También creo importante que la Secretaría de Hacienda y las diferentes instituciones públicas del gobierno federal tengan muy claro el alcance de lo que es el patrimonio cultural en términos de lo que significa para el desarrollo del país. Las excenciones fiscales -por ejemplo- aparentemente son recursos que no llegan a la Federación, pero en un segundo momento se convierten en generadores de desarrollos económicos muy activos que crean empleos y recursos con los cuales necesariamente es beneficiado el gobierno federal".

En administraciones pasadas buena parte de los recursos se utilizaban en exposiciones muy costosas. A fin de optimizarlos, ahora se está dando mayor prioridad a la investigación y a la vida académica en general.

En su conversación con los medios, Sergio Saúl Arroyo señaló dos debilidades "muy fuertes" para que el INAH pueda desempeñarse con eficiencia. Una es la desarticulación que existe entre el organismo y las políticas de desarrollo en todo el país: ''Hay gobiernos estatales y municipales que no sólo no fortalecen las políticas de conservación, sino que muchas veces son ominosas y contrarias a las políticas de presrvación, y por eso nos hemos visto constantemente en severos problemas. Por eso debe mantenerse el carácter federal de esta institución, porque constituye un punto de equilibrio en relación con las actuaciones de los gobiernos de este país''.

El segundo problema es en relación con los bienes inmuebles que están en custodia de la Iglesia católica; ''17 mil iglesias en todo el país, es imposible que el INAH tenga 17 mil custodios en todo el país. Tanto la iglesia como las comunidades tienen que generar esquemas de seguridad preventivos. Para ello estamos dando cursos de capacitación y asesorando a las policías locales, y teniendo reuniones con los gobernadores para establecer medidas".

Añadió que otro de los compromisos no saldados por la institución es justamente la catalogación de los bienes inmuebles en custodia de la Iglesia. ''Estamos ya en pláticas con diferentes grupos religiosos en México, particularmente la Iglesia católica, para generar esos catálogos".

No obstante estos problemas, el funcionario aseguró que existe una disminución en el saqueo del patrimonio histórico y arqueológico.

Entre las cifras mencionadas por Arroyo durante su informe están las siguientes:

Ť Se iniciaron 399 proyectos de investigación.

Ť 145 investigadores intervinieron en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio.

Ť Se sumaron 5 mil 553 inmuebles al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos.

Ť Se delimitaron y registraron mil 300 sitios arqueológicos para llegar a un total de 31 mil 887 en todo el país.

Ť A 12 mil bienes culturales se les hicieron procesos de restauración y conservación.

Ť Fueron emitidas 12 declaratorias de zonas, monumentos históricos y arqueológicos.

Ť Las escuelas del INAH realizaron 211 prácticas de campo.

Ť Los distintos espacios del INAH recibieron 16 millones 380 mil visitantes.

Ť Se editaron 70 títulos nuevos sobre arqueología e historia.