El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, en la lista

Pendiente, respuesta a recomendaciones de la ONU sobre masacres

ROSA ROJAS /III ENVIADA

Vigentes y pendientes están las recomendaciones que como resultado de su análisis de los casos de El Charco y otras masacres, como las ocurridas en Aguas Blancas y El Bosque, hizo la relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Asma Jahangir, al gobierno mexicano, entre ellas lograr "la desmilitarización de la sociedad y evitar delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito, poner fin a la impunidad de que gozan ciertas clases y categorías privilegiadas, y realizar reformas para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, cualquiera que sea su profesión".

La propia Jahangir, quien estuvo en México del 12 al 24 de julio de 1999, en el informe sobre su visita, de fecha 25 de noviembre de ese año, pero difundido al público en el país el 9 de febrero de 2000, señaló respecto a El Charco que la CNDH le informó, sobre la base de sus observaciones, que se había producido un enfrentamiento armado entre el Ejército, que realizaba una "patrulla ordinaria", y elementos del EPR; que el forense concluyó que se había disparado a los caídos "desde cierta distancia y con armas de gran velocidad", no halló "indicios de que se hubieran empleado granadas u otros explosivos", y la comisión coincidía con la PGR en que el Ejército había sorprendido a un grupo en "flagrante delito". Acota Jahangir que "sin embargo, la CNDH sostuvo que el grupo, aunque estuviera armado, dormía cuando lo rodearon los soldados".

Añade la relatora especial que la CNDH le hizo ver una cinta de video, al parecer filmada 24 horas después de los hechos, en la que aparecía "uno de los principales sospechosos, la estudiante Erika Zamora Pardo, cuando la entrevistaba un investigador de la comisión. La entrevistada reconoció que había armas en la escuela en el momento en que el Ejército llevó a cabo la operación, pero dijo también que los militares la habían torturado con descargas eléctricas mientras la interrogaban. Se apreciaban claramente las lesiones que tenía en los pies, pero según la CNDH, los médicos que la examinaron dijeron que no había señales físicas que apoyaran su denuncia de tortura".

Los campesinos se habrían reunido para debatir cuestiones propias de su trabajo

Jahangir menciona que la información proporcionada por fuentes no gubernamentales y testigos hace pensar que un grupo de unos 100 campesinos se había reunido en la escuela de El Charco para debatir cuestiones prácticas de las labores del campo. Debido a que cuando terminó el encuentro había anochecido, unos 50 de los participantes decidieron quedarse a pasar la noche en la escuela, "y de hecho dormían cuando los despertaron los disparos. Algunos testigos dicen que dos personas resultaron muertas por las granadas arrojadas dentro del edificio, y que otra resultó herida por fuego de arma automática. Otros lo negaban. A continuación, el Ejército ordenó a los ocupantes que salieran de uno en uno y abrió fuego contra los que salían. A los que consiguieron salir vivos se les ordenó echarse al suelo, y muchos de ellos fueron maltratados. Los testigos también describieron cómo los soldados ejecutaron sumariamente a algunos civiles cuando ya estaban en el suelo. La mayoría de los testigos negó categóricamente que hubiera habido armas en la escuela cuando se produjo la ofensiva militar".

La relatora especial añade que todas las versiones recogidas, "salvo la del gobierno, indican de forma convincente que las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza. También parece ser que la acción fue planeada y que el grupo de campesinos no fue sorprendido en delito flagrante. Los hechos relatados por la CNDH y los testigos lo confirman. Las denuncias de los testigos, de fuego indiscriminado por parte de las fuerzas armadas y matanza de los que ya se habían rendido, fueron rechazadas por las autoridades sin que se procediera a investigar seriamente el asunto".

Los testimonios recogidos por la relatora especial la llevaron a la conclusión de que algunas de las personas presentes en la escuela "realmente estaban armadas; no obstante, todavía no está claro en qué medida se puede calificar el incidente de enfrentamiento armado. El hecho de que no hubiera bajas entre los militares no parece apoyar las afirmaciones del gobierno en ese sentido".

"Asma Jahangir también desea poner de relieve que, de haber habido realmente un intercambio de fuego, tampoco se justifican las violaciones de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones sumarias, presuntamente cometidas por los militares. Tampoco es muy pertinente determinar si hubo resistencia armada desde el interior de la escuela, ya que al parecer los abusos se produjeron tras la rendición del grupo. La relatora especial tiene el convencimiento de que hay muy buenas razones para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas en este incidente", afirma en su informe.

Por otro lado, la presencia en El Charco del general Alfredo Oropeza Garnica da pie para que algunos defensores de derechos humanos, como Andrés Rubio, apunten que la operación fue "planeada", como lo estima también Jahangir, y no un "reconocimiento nocturno" regular de elementos al mando del coronel de Infantería del Estado Mayor, Jorge Alberto Guerra Tenorio, como establece la CNDH en su recomendación.

Sobre el particular, el 19 de junio de 1998, la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, envió una carta al entonces presidente Ernesto Zedillo en la que señalaba que no es creíble la versión de un "enfrentamiento casual, cuando al mando del mismo estuvo el general Oropeza, cuyo cuartel está en Atoyac de Alvarez, a más de 100 kilómetros del municipio de Ayutla de los Libres". La entonces diputada recordaba que Oropeza fue víctima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, un poblado de la sierra de Atoyac, lo que "puede explicar la crueldad y la saña con la que decidieron exterminar a los sitiados" en El Charco (informes de prensa indican que dicha emboscada fue el 27 de mayo; resultó herido Oropeza Garnica y hubo tres soldados muertos, así como dos de los 25 eperristas que participaron en la misma). Núñez Ramos, entonces diputada, demandaba a Zedillo "la apertura de una investigación honesta, cuyos resultados sean conocidos por la sociedad".

Por su parte, la columna Fuerzas Armadas, de El Financiero, asentó el 10 de junio de 1998: "Reunidas en una escuela para indígenas guerrerenses, por lo menos 50 personas armadas con fusiles AK-47 fueron sometidas por los soldados, después de haber sido localizadas por inteligencia militar. Cuando el contingente militar llegó al lugar, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, al mando de la tropa, intentó, durante casi una hora, que los miembros del EPR depusieran las armas. A cada llamado del general correspondieron insultos de los atrincherados, hasta que desde el interior de la escuela se hicieron los primeros disparos. Resultado: 11 guerrilleros muertos, 21 detenidos y un número no determinado de heridos".

Cuestionado sobre la presencia de Oropeza Garnica en la acción militar de El Charco, el cuarto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodolfo Lara Ponte, mencionó que la información recabada por los visitadores de la CNDH fue que un coronel Guerra estaba al mando del operativo. Se le indicó que la comisión misma informó que abrió su investigación con base en la nota de La Jornada, que justamente consignaba la actuación del citado general ahí, y se le insistió si el organismo nunca indagó por qué dicho general estaba en El Charco. Lara Ponte contestó que la CNDH se da a la tarea de "determinar si efectivamente hubo violación de derechos humanos".

Se le planteó que el punto es relevante, dado que no es lo mismo hablar de un enfrentamiento casual, en el que hay flagrancia, que de un operativo planeado que finalizó con la muerte de 11 personas que estaban cercadas, ya que en este caso los militares podrían haber mantenido el cerco hasta que se rindieran los que estaban en la escuela, aunque fuera por hambre. El funcionario de la CNDH contestó: "no, yo no digo que no sea relevante, simplemente repito, nosotros somos un organismo que no tiene funciones jurisdiccionales, es un órgano cuasi jurisdiccional, pero no corresponde a la CNDH, en ese sentido, determinar ese tipo de responsabilidades; nosotros nos circunscribimos ante la violacion de derechos humanos y hacemos recomendaciones cuando advertimos que se dieron. Creo que esto es tarea concretamente de los órganos jurisdiccionales".

Se le cuestionó cuál fue el criterio para que no se hablara de reparación del daño a las víctimas. Contestó: "tenemos elementos que nos permiten determinar que hubo un enfrentamiento", y "corresponde al propio órgano jurisdiccional" determinar al respecto, y por ello la CNDH recomendó que "por las vías penal y administrativa se decida si hay reparación a las víctimas".

Respecto a la jurisdicción sobre las violaciones a los derechos humanos de los civiles en El Charco, que ahora está en el fuero militar, se planteó a Lara Ponte que al haber civiles involucrados, la competencia debería ser del fuero civil, como establece la Constitución. El funcionario contestó: "yo no tengo esa interpretación en ese sentido".

?¿Hay un problema de interpretación?

?Yo no creo que sea un problema de interpretación, es una situación que establece la ley de manera categórica, es decir, los elementos que conforman el Ejército Mexicano o servidores públicos de la Sedena, quienes forman parte del cuerpo militar, tienen sus mecanismos, sus normas, sus propios órganos de procuración de justicia.

La Constitución establece en el artículo 13... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.