Ť El INM requiere como mínimo $250 millones, sostiene Patricia Espinosa

Repercutirán recortes en programas para mujeres

ALONSO URRUTIA

Para el año 2002, el presupuesto destinado a programas de diversas dependencias dirigidos a mujeres se reducirá 200 millones de pesos, monto casi equiparable al que recibirá el Instituto Nacional de la Mujer (INM) que, a su vez, podría recibir menos recursos de los que ejerció este año, informó la presidenta del organismo, Patricia Espinosa.

Durante el presente año, el INM ejerció un presupuesto de 220 millones de pesos y logró captar más de cien millones por aportaciones de organismos nacionales e internacionales -casi 50 por ciento- para financiar diversos programas.

En conferencia de prensa, Espinosa subrayó que buscarán que se incremente el presupuesto originalmente asignado de 220.4 millones de pesos, en razón de que los requerimientos mínimos del INM son de 250 millones. Aclaró que "el presupuesto ideal para financiar todos los programas que se piensa instrumentar es de 320 millones de pesos", lo que significaría casi 50 por ciento más.

Sin embargo, el impacto financiero será mayor en los programas de salud, apoyo al campo, educación y de otras áreas que están dirigidos específicamente a las mujeres. Espinosa manifestó que habrá recortes en programas como Mujer Campesina o en los apoyos que se otorgan en la Secretaría de Economía para proyectos específicos de mujeres.

Por otro lado, Espinosa informó que en los primeros meses de 2002 el INM y el INEGI realizarán una encuesta nacional sobre violencia intrafamiliar para tener un diagnóstico más preciso de las causas que originan este problema e instrumentar acciones que permitan prevenirla.

La funcionaria federal indicó que en la actualidad sólo la mitad de las entidades tienen un marco jurídico específico para sancionar la violencia intrafamiliar. A esto debe agregarse que en muchos sectores no hay conciencia de que son víctimas de violencia de orden verbal o psicológico.

Manifestó que se pretende realizar una encuesta nacional para suplir la falta de información, pues aun cuando existe una norma oficial para violencia intrafamiliar que obliga a los hospitales del sector público a notificar estos casos, no existe sistematización para procesar esta información.

Paralelamente, las autoridades responsables de la procuración de justicia carecen de suficiente conciencia para dar seguimiento y sancionar los casos de violencia, motivo por el cual este fenómeno continúa y también la impunidad. Subrayó que el objetivo del INM es instrumentar una serie de acciones jurídicas y de políticas públicas para lograr un cambio cultural.

Anunció que se prepara un programa piloto denominado Convivencia democrática familiar, que será aplicado en zonas de Querétaro, Yucatán, Sinaloa, Puebla, Guanajuato y Veracruz, así como en el Distrito Federal, con el fin de realizar acciones más intensivas que permitan abatir la violencia y fomentar un comportamiento más compartido de la familia. Un programa similar fue instrumentado con éxito en Argentina.

También se estudia la posibilidad de desarrollar un programa paralelo, que consiste en una línea telefónica nacional exclusiva para denuncias de violencia intrafamiliar.