Recibe la OIT quejas por violación al convenio 169

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) admitió la reclamación presentada por sindicatos universitarios en contra del Estado mexicano por la violación del convenio 169 de ese organismo durante el proceso de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

La OIT tendrá un plazo de un año para pronunciarse en torno a si existieron violaciones a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y en caso de que determine que hubo irregularidades, podrá hacer una recomendación al gobierno mexicano.

Claudia Gómez, de la Red de Abogados por los Derechos de los Pueblos Indios, consideró que la aceptación de estas quejas constituye un hecho importante, ya que implica un reconocimiento internacional de que la reforma constitucional no soluciona los problemas indígenas como lo ha señalado el presidente Fox.

Las reclamaciones fueron presentadas los días 20 de agosto y 31 de octubre pasados por los sindicatos de académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de trabajadores del Colegio de Bachilleres, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y por defensores de pueblos indígenas.

La abogada Magdalena Gómez Rivera explicó que el propósito de esta reclamación, que fue admitida el 7 de diciembre en la sesión del Consejo de Administración de la OIT, es que ese organismo señale las incongruencias de esta reforma constitucional y se presione al gobierno mexicano para que promueva una nueva modificación a la legislación vigente.

Aunque admitió que el gobierno mexicano no está obligado a acatar las recomendaciones de la OIT, consideró que sería de "un alto peso político" que este organismo se pronunciara en torno al tema.

Guadalupe Goncen, secretaria general del Sindicato de Académicos del INAH, indicó que en la primera reclamación demandaron al Estado mexicano por la violación del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, el cual se refiere al derecho de consulta que los pueblos indígenas tienen cuando el Estado legisla en torno a dicha materia.

La segunda reclamación señala que además el Estado mexicano viola otros artículos del convenio, sobre todo los referentes a los derechos de los pueblos indígenas para decidir sobre los proyectos de desarrollo nacionales y regionales que les afectan directamente; para usar y detentar sus tierras, permanecer en los lugares que tradicionalmente han ocupado, aplicar sus usos y costumbres y contar con programas sociales elaborados con el gobierno.

Magdalena Gómez consideró que la aceptación de la queja es un paso importante para hacer respetar la legislación mexicana, porque el gobierno está acostumbrado a firmar tratados internacionales que no cumple.

Para la OIT también es un desafío, dijo, porque desde su creación, en 1919, no había recibido reclamaciones que tuvieran un impacto nacional. La mayoría de las quejas que ha admitido hasta ahora tienen que ver con problemas de algunos grupos indígenas en lo particular.

Claudia Gómez explicó que una vez aceptada esta reclamación, un comité tripartito (en el que participan representantes gubernamentales, de sindicatos y de organizaciones patronales que no están involucradas en el caso) estudiará el caso y definirá si la legislación mexicana cumple con el convenio de la OIT.

En diciembre de 2002, el Consejo de Administración emitirá un dictamen que entregará al gobierno mexicano y en caso de que este se niegue a cumplirlo, el informe se hará público.

Por otra parte, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer en un comunicado que las 322 controversias constitucionales que se han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas han sido admitidas y en todas ellas se ha designado al ministro ponente que habrá de darles trámite hasta su resolución final.