Recibe la Corte Interamericana el expediente del general; "Fox pagará un alto costo político"

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El caso del general José Francisco Gallardo fue presentado el martes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la petición de que el gobierno mexicano adopte medidas provisionales a favor del militar, entre las que se encuentra su liberación.

Desde el penal de Neza-Bordo, el general, que lleva ocho años en prisión, consideró en entrevista telefónica que este proceso internacional tendrá un "costo político muy alto" para el gobierno, el cual pudo haberse evitado si el presidente Vicente Fox hubiera cumplido sus promesas de campaña y respetado los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Luego de que el gobierno mexicano no acató el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en un plazo de tres días liberara al militar, este organismo cumplió su anuncio y presentó el caso a la Corte Interamericana el pasado martes a las 14:00 horas, indicó el general.

Gallardo, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito pero asegura ser víctima de una persecución por parte del Ejército por haberse pronunciado a favor de la creación de un ombudsman militar, calificó el ingreso de su expediente a la corte como un hecho inédito en la historia jurídica de México, porque existe la posibilidad de que en el país se aplique por primera vez la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos.

Consideró que el error más grave de esta administración es que le ha dado mucho poder al Ejército permitiendo que desempeñe labores de civiles, por lo que señaló que Fox debería regresar a sus cuarteles a los militares, incluyendo al Estado Mayor Presidencial, para que se concentre en labores propias de la milicia.

Adriana Carmona, miembro del equipo de abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ?organismo que defiende a Gallardo desde su encarcelamiento?, explicó que este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llevarse desde diez días hasta un año.

Señaló que la corte puede responder de tres formas: hacer un pronunciamiento en un plazo de diez días exigiéndole al gobierno mexicano que aplique las medidas preventivas a favor del militar, aceptar esta petición y citar a una audiencia en febrero próximo y rechazar la solicitud.

La abogada consideró que esto es un reto para el gobierno de Fox porque en junio pasado se presentó ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con una postura muy comprometida respecto a respetar los derechos humanos, y la oportunidad de demostrarlo es con el caso del militar.

Advirtió que el problema de fondo no está resuelto. "El gobierno no ha tenido voluntad política para resolver mi caso y esto le va a traer un costo político muy alto".

Consideró que el presidente Fox "rompió con el orden institucional" al no cumplir con sus compromisos de campaña de ciudadanizar todas las instituciones de procuración y atención de justicia. "El Presidente va en sentido contrario de cómo solucionar los problemas de seguridad porque promueve instituciones ciudadanas débiles y mucha presencia militar".

Por otra parte, hizo un llamado al secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, para que ponga a disposición de la sociedad civil los archivos del 68 y se abra una investigación y permita aplicar la justicia a los militares que cometieron crímenes que deben considerarse de lesa humanidad y que, por tanto, no prescriben, porque México ha firmado tratados internacionales que así lo establecen.

Señaló que si no se logra aclarar la actuación del Ejército en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la guerra sucia y en los siguientes crímenes que se han cometido, va a ser difícil que las instituciones mexicanas sean democráticas, como lo prometió este gobierno.