MARTES Ť 11 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Desertó, señalan autoridades; la familia lo duda

Podría intervenir la CIDH en el caso de un militar desaparecido en 1993

BERTHA TERESA RAMIREZ

Familiares del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, desaparecido el 8 de mayo de 1993 del 26 Batallón de Infantería de Ciudad Juárez, señalaron que si el gobierno federal insiste en que tal desaparición obedece a una deserción y ''que no están involucrados altos mandos militares'', la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá una recomendación al presidente Vicente Fox para que se apegue a derecho e inicie una investigación pronta y expedita para aclarar los hechos.

En entrevista, Guadalupe Muñoz Guzmán, hermana del militar desaparecido, dijo que el caso de su familiar es una de las desapariciones forzadas en el Ejército Mexicano y en el país.

Señaló que su hermano, quien estuvo adscrito al citado batallón, ''no es un desaparecido político, pero sí es una persona desaparecida por afectar intereses particulares de altos mandos militares; se enteró de nexos del narcotráfico con altos mandos castrenses de los cuales por ahora no es posible decir sus nombres, pues se podrían afectar las investigaciones''.

Indicó que en lo que va de la presente administración de Vicente Fox, ''no vemos ningún avance en las indagatorias que lleven al esclarecimiento o ubicación del paradero del militar, a pesar de que Mariclaire Acosta, actual subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezó en 1999 la demanda ante la CIDH, como presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Guadalupe Muñoz agregó que entre las pruebas más importantes de las que dispone la familia sobre la relación de altos mandos militares en esa desaparición forzada, está la falsificación de la firma de su hermano en un documento fechado el 24 de abril de 1993, donde aparentemente él solicitaba la devolución de los documentos materia de la solicitud de ingreso a la Escuela Superior de Guerra.

Indicó que dicho documento se presentó a la familia para demostrar que efectivamente se trataba de una deserción, sin embargo, al realizarse un peritaje a la firma por parte de peritos militares designados por el entonces procurador de Justicia Militar, general Mario Guillermo Fromow García, resultó que efectivamente había sido falsificada.

Indicó que sobre el resultado pericial dio cuenta también el entonces fiscal del caso, adscrito a la quinta agencia militar investigadora, David Espinoza, quien posteriormente se retractó de lo dicho, ''mencionando que el caso se iba a cerrar porque se sentía presionado''.

El 8 de mayo de 1993 ''fue el último día que tuvimos contacto con mi hermano; se hallaba en las instalaciones del batallón, llamó porque acababa de recibir un radiograma por medio del cual le informaban que su solicitud para hacer los exámenes de ingreso a la Escuela Superior de Guerra había sido admitida, por lo que tendría que trasladarse a mediados del mismo mes de mayo a la ciudad de México para realizar los trámites correspondientes'', relató la entrevistada.

Indicó que el teniente estaba muy contento, ''pero creemos que a alguien no le convenía que viajara a la ciudad de México; de acuerdo con llamadas anónimas que recibimos, mi hermano fue trasladado la misma noche del 8 de mayo al Campo Militar Número Uno, motivo por el cual iniciamos un juicio de amparo ante el juez de distrito en materia penal con sede en Puente Grande, Jalisco, pues consideramos que era víctima de la privación ilegal de su libertad. No obstante, el juicio fue sobreseído en 1993''.

La entrevistada mencionó que como responsables del acto reclamado señalaban al entonces secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán; al comandante de la quinta Zona Militar, Luis Montiel López, así como al comandante del 26 Batallón de Infantería, teniente coronel Pedro Gutiérrez López, entre otras autoridades.