viernes Ť 7 Ť diciembre Ť 2001
Gilberto López y Rivas
Simulación
Tuvieron que pasar décadas para que el gobierno federal considerara investigar parcialmente los crímenes realizados por el Ejército Mexicano y los cuerpos de seguridad durante la guerra sucia. El PRI tuvo que perder el poder presidencial y con ello resquebrajarse como partido-régimen para que los pasados gobiernos pudieran ser tímidamente cuestionados en público por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, los pasos que recientemente se han dado para encontrar a los culpables de las torturas, asesinatos y desapariciones dejan aún mucho que desear. El informe sobre la guerra sucia, presentado por el ombudsman José Luis Soberanes al presidente Vicente Fox, no aporta prácticamente nada nuevo respecto a lo ya conocido y publicado por diversos organismos y personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Rosario Ibarra declaró que se trata de un informe sustentado, en buena medida, en la investigación hemerográfica, documental y de campo realizada por el propio Comité Eureka y que fue entregada hace tiempo a la CNDH. Miguel Concha, otro reconocido defensor de los derechos humanos, también se mostró escéptico de los supuestos avances logrados con dicho informe. Y es que lo menos que se puede esperar después de casi 30 años de impunidad es juzgar conforme a derecho a los responsables, incluyendo a ex presidentes y altos mandos de la policía y del Ejército que se ensañaron con una generación de jóvenes que soñaban construir un mundo distinto en el contexto de un régimen autoritario y metalegal.
Sorprende que después de tantos años de dolor e incertidumbre para familiares, amigos y compañeros de las víctimas de la guerra sucia, al jefe del Ejecutivo, proveniente de un partido de oposición, le tiemble la mano para encarar a sus antecesores, a las fuerzas armadas y de seguridad, y para castigar a los responsables del genocidio.
Resulta indignante la doble moral con la que el Presidente enfrenta una demanda de la sociedad tan sentida y añeja: mientras supuestamente se propone llegar al fondo de las investigaciones, incumple su promesa de liberar al general Gallardo, quien también ha sido víctima, desde hace siete años, de los atropellos de la institución armada; solapa los señalamientos sobre los autores intelectuales del asesinato de Digna Ochoa, utilizando las supuestas investigaciones sobre la guerra sucia como instrumento político de propaganda.
La creación de una fiscalía especial para esclarecer estos acontecimientos es inoperante, sobre todo cuando es notoria la ineficacia de los organismos creados anteriormente para propósitos similares. ƑQué sucedió, por ejemplo, con la fiscalía establecida desde el sexenio de Carlos Salinas para investigar el asesinato de Colosio? Crear una fiscalía para hacer justicia por los desaparecidos durante los años setenta y ochenta equivale a mantener frenadas las investigaciones por largo tiempo.
También resulta grave en términos republicanos que el Ejecutivo haya delegado el nombramiento del fiscal a la Procuraduría General de la República (PGR), sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión. šUn organismo como la PGR, dirigido por un militar, tendrá en sus manos la responsabilidad de decidir quién llevará la conducción de las investigaciones sobre el papel del Ejército!
José Luis Soberanes "tomó la decisión" de sustituir la idea inicial de crear una comisión de la verdad por una fiscalía especial bajo el argumento de darle sustento jurídico a una instancia investigadora. Pero el actual curso de los acontecimientos señala que las instituciones estatales están desacreditadas frente a una autoridad moral reconocida por la sociedad. Si bien debemos reconocer que Soberanes va un paso adelante de sus antecesores respecto a las funciones que debe desempeñar la CNDH, se debe recalcar que no basta; se requieren una actitud y una acción más críticas e independientes por parte del propio defensor del pueblo. Mientras la CNDH no logre su plena autonomía respecto del gobierno, su existencia sólo servirá para legitimar supuestas intenciones del Ejecutivo de defender los derechos humanos. No corresponde al ombusdman salir a la defensa de las incongruencias del Ejecutivo, sino safisfacer la exigencia de hacer justicia.
Quienes vivimos desde distintas trincheras los años aciagos de la guerra sucia, procuraremos que la memoria de aquellos acontecimientos no se desvanezca en las futuras generaciones. Quienes hemos sido testigos de la persecución y el asesinato de centenares de nuestros hermanos y hermanas, no debemos tolerar ni la impunidad ni la simulación.