VIERNES Ť 7 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť El pleno de la Cámara de Diputados votaría la iniciativa en marzo próximo
Excepto AN, las demás bancadas apoyan el proyecto de ley de acceso informativo del Grupo Oaxaca
CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO
La iniciativa de ley federal de acceso a la información pública elaborada por el Grupo Oaxaca y avalada por PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia por la Democracia, además de la presidenta en turno de la mesa directiva, la priísta Beatriz Paredes Rangel, fue turnada ayer a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para su estudio y dictamen, luego de que fuera presentada ante el pleno.
El coordinador del único partido que decidió no avalar la propuesta, Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, declaró que las tres iniciativas que sobre este tema han sido presentadas deben revisarse en su conjunto, para derivar de ellas una propuesta unificada.
Calderón Hinojosa dijo que todas garantizan el derecho de cualquier ciudadano de acceder a la información pública, aunque reiteró que su bancada apoya la del Ejecutivo, confió en que el dictamen que resulte del análisis en comisiones pueda alcanzar el consenso de los diputados.
Para los priístas, la propuesta elaborada por especialistas, académicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales, a la que se sumaron más de 70 diputados en lo particular, será respaldada por su grupo parlamentario, ya que permitirá contar con una ley fácil de entender y de poner en práctica, explicó el vocero de esta bancada, el nayarita Ney González Sánchez.
El diputado del tricolor Efrén Leyva, integrante de la Comisión de Gobernación, sostuvo que su partido hizo suya la iniciativa "porque evita la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de la información, y permitirá elaborar una ley que, en conjunto con el proyecto que envió la Secretaría de Gobernación, será de avanzada y no corresponderá a los intereses del gobierno".
Para Martí Batres Guadarrama, coordinador de los diputados del PRD, la iniciativa que elaboró la sociedad civil "avanza de manera más fidedigna en el propósito de la transparencia y de la transformación. Eso significa el acceso a la información, se trata de toda una transformación", dijo.
En el mismo sentido, el coordinador de los verdes, Bernardo de la Garza, aseguró que una legislación de esta naturaleza será útil también para los diputados, ya que con frecuencia algunos funcionarios gubernamentales se niegan a proporcionarles la información que requieren para el análisis de algún tema determinado, a pesar de que la solicitud parte directamente de la cámara.
José Narro Céspedes, vicecoordinador de la bancada del PT, coincidió con el resto de coordinadores que hicieron propia la propuesta del Grupo Oaxaca, al señalar que la misma "va más a fondo que la del Ejecutivo, pues plantea medidas de apremio para que el interesado pueda acceder a la información que solicita en un tiempo razonable".
De acuerdo con cálculos de los miembros de la comisión dictaminadora, el texto final podría estarse votando en el pleno en la segunda quincena de marzo, cuando iniciará el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la presente Legislatura.
Además de los coordinadores y de la presidenta de la mesa directiva, entre quienes se sumaron a este documento en lo particular se encuentran los priístas Ney González Sánchez, José Antonio Hernández Fraguas, César Augusto Santiago, Felipe Solís Acero, Efrén Leyva, Víctor Gandarilla, Lorena Beauregard y Salvador Cosío Gaona.
Por otra parte, la fracción del PAN presentó ante el pleno la iniciativa para castigar penalmente a funcionarios que cometan violaciones en materia de acceso a la información. El diputado panista Rodolfo Ocampo propuso cambios en el Código Penal Federal para castigar a aquellos que, de manera intencional, entreguen a persona no autorizada aquella información considerada como reservada o confidencial por la ley correspondiente.
Al que "niegue intencionalmente información considerada como pública en los términos de la ley aplicable, o no entregue la información cuya entrega haya sido ordenada por las autoridades competentes", se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo, y la destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
También se sancionaría a aquel que entregue información confidencial o niegue la información considerada pública: "Al responsable de los supuestos previstos se les impondrá de dos a diez años de prisión, multa de 60 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. La sanción anterior se elevará hasta 20 años, en caso de que la comisión de alguna de las conductas descritas cause un daño grave a la seguridad nacional".
Por otra parte, el pleno aprobó tres dictámenes de reformas de ley y tres con punto de acuerdo en materia de protección ambiental, con objeto de contar con un instrumento jurídico que dé seguridad y contribuya a preservar el entorno ecológico.