VIERNES Ť 7 Ť DICIEMBRE Ť 2001
Ť El país estará obligado a acatar resoluciones por crímenes de lesa humanidad
Envía Fox iniciativa para que se otorgue a la CPI jurisdicción plena en México
Ť Es un paso más para garantizar la vigencia de los derechos humanos, asegura Creel
ALONSO URRUTIA
El presidente Vicente Fox Quesada envió ayer al Senado de la República una iniciativa de reformas constitucionales con el fin de que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción plena en el país. Con las adiciones que se propone introducir al artículo 21 de la Carta Magna, México se obliga a acatar las resoluciones de la CPI, cuyo desempeño se centrará, una vez que entre en funciones, en la investigación de crímenes de lesa humanidad que se cometan en los Estados miembros.
Al anunciar que el Poder Ejecutivo federal inició el proceso para ratificar el Estatuto de Roma -que dará vida a la CPI-, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijo que con esa acción se pretende equiparar el marco jurídico nacional en la materia con la normatividad de los países más desarrollados y reconocer "la universalidad que tienen los derechos humanos".
La iniciativa establece que "las resoluciones, así como las sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales, gozarán de fuerza obligatoria; las autoridades administrativas y judiciales del fuero federal, común y militar deberán garantizar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en las leyes".
Cabe destacar que el Estatuto de Roma establece que su vigencia no será retroactiva, por lo que su jurisdicción será a partir de que entre en vigor.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Ejecutivo federal señala que se suscribirá el Estatuto de Roma "porque los principios que sustentan la iniciativa son convicciones esenciales de la nación mexicana. Lo hace igualmente como un reconocimiento a la culminación del esfuerzo de la comunidad internacional para establecer una jurisdicción penal internacional que garantice la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el caso de las violaciones de lesa humanidad".
El Estatuto de Roma fue aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la Organización de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, y signado por el representante de México en septiembre de 2000. Sin embargo, este jueves ermpezó formalmente el proceso legal de ratificación que conlleva reformas constitucionales.
La iniciativa establece que se adicionarán tres párrafos al artículo 21 constitucional, mediante los cuales -señala el que quedará en quinto lugar- "la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en los tratados de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados".
Esta adhesión, se indica en la exposición de motivos, se encamina a resolver la aceptación de la competencia de los tribunales internacionales para evitar incurrir en insuficiencias de tipo procesal al momento de cumplir los compromisos adquiridos. Es decir, agrega, que se reconocerán las resoluciones y sentencias "siempre que sean conforme a los términos de los instrumentos jurídicos establecidos".
Destaca que esto "excluiría a los tribunales especiales establecidos directamente por el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas, respecto de los cuales México ha externado sus reservas".
Asimismo, se señala que en los casos de orden penal, los procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo.
Hasta ahora México había aceptado la jurisdicción de dos tribunales internacionales: la Corte Internacional de Justicia, en 1947, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1998, reconocida esta última por 21 países de América Latina.
Se subraya que para aceptar la CPI es preciso adecuar el derecho interno no sólo en el sentido de reconocer la competencia de las instancias internacionales, sino para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias.
La CPI permitirá juzgar la conducta de los individuos "por violaciones graves a los derechos humanos cuando éstas ocurren en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos a la población civil en toda circunstancia".
Durante el anuncio que hicieron Creel Miranda y el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, se informó que la iniciativa es un paso más para garantizar la vigencia de los derechos humanos en México, los cuales comenzaron a darse con el diálogo en Chiapas a principios de año, la excarcelación de algunos presos o reos vinculados al EZLN y la reciente liberación de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Informó que hasta el momento el Estatuto de Roma ha sido ratificado por 47 países, pero se requiere el aval de 60 naciones con el fin de que pueda comenzar a elaborarse el "andamiaje jurídico" para su integración. De acuerdo con el ritmo de aprobación que se lleva, se estima que en marzo o abril podría cumplirse la cuota y pasar a la siguiente fase. Estados Unidos es uno de los países que han manifestado su renuencia a firmar dicho instrumento.
En el caso de México, se explicó que el Ejecutivo federal turnó primero la propuesta de cambios constitucionales con el fin de no prejuzgar sobre una aceptación por parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales. Una vez aprobadas las adhesiones constitucionales, se enviará el Estatuto de Roma -que opera únicamente para individuos, no para Estados- para su ratificación.
Para el gobierno mexicano, se informó, es importante la ratificación porque existe interés de que el país pueda incorporar personalidades en la estructura de jueces de la Corte Penal Internacional.