JUEVES Ť 29 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Se tomó como evidencia cheque expedido por la SCT
Amparo a San Miguel Tocuila contra decreto de expropiación
Ť La suspensión, para mantener como está el asunto sobre la construcción del nuevo aeropuerto, argumentó el juez
PATRICIA MUÑOZ RIOS
El ejido de San Miguel Tocuila, municipio de Texcoco, obtuvo ayer la primera suspensión provisional contra el decreto de expropiación que determinó el gobierno federal para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.
El juez sexto de distrito en Nezahualcóyotl, estado de México, José Antonio Sánchez Castillo, concedió el amparo ante la evidencia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo llegar al comisario ejidal de Tocuila un cheque por 9 millones 236 mil 822 pesos por la afectación de 128 hectáreas. A razón de 7 pesos 21 centavos el metro cuadrado.
El juez consideró que los ejidatarios iban a ser desposeídos de sus bienes en forma inminente, "ya que los trámites tendentes a ejecutar esta acción de parte de las autoridades son patentes", y además tomó en cuenta que una vez efectuado el pago al ejido afectado se procedería a la desocupación del mismo, según lo marca el artículo 80 del reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
La suspensión se concedió "para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan", hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del juicio de amparo, promovido por la Procuraduría Agraria bajo el expediente 1111/2001.
Apenas, esta dependencia había interpuesto, a través de su Dirección General Jurídica y de Representación Agraria, el miércoles y jueves de la semana antepasada, nueve demandas de juicio de amparo, correspondientes a los núcleos agrarios de Chimalhuacán, Huexotla, San Bernardino, Santiago Cuautlalpan, San Miguel Tocuila, Nexquipayac y San Martín Nezahualcóyotl. A la par, la SCT se movió también en forma rápida y tramitó y entregó el cheque referido en un tiempo récord.
La Procuraduría Agraria recibió en las últimas semanas la decisión de las asambleas de estos ejidos para su representación jurídica ante las instancias competentes, y tramitó de inmediato los juicios de amparo. En tanto, la gente del secretario Pedro Cerisola depositaba los 9 millones en una institución bancaria para que fueran cobrados por la representación ejidal.
Refirió esta procuraduría que la suspensión decretada por el funcionario judicial implica que "los ejidatarios de San Miguel Tocuila conservarán la posesión de sus tierras mientras se desarrolla el juicio de amparo en su totalidad".
Esta es la primera suspensión que los jueces de distrito del estado de México otorgan en contra de alguno de los 19 decretos expropiatorios que afectaron a más de 5 mil 391 hectáreas de 13 ejidos de la zona, asentados en los municipios de Chimalhuacán, Atenco y Texcoco, para la construcción del nuevo aeropuerto y la mitigación del impacto ecológico de la obra, estableció la dependencia.
Puso de manifiesto la idoneidad de la defensa que ha hecho de los derechos de los campesinos afectados, e insistió en que en los ocho casos en que la suspensión ha sido negada a sus representados, promoverá los recursos de revisión correspondientes. No obstante, confía en que el tribunal colegiado de circuito que conozca de ellos revocará las resoluciones negativas, con base en los "agravios" que se harán valer.
Hizo hincapié en que al otorgarse la suspensión en los demás juicios de amparo contribuirá al mantenimiento de la "paz" y el "orden" en la zona, pues los afectados no podrán ser despojados de sus tierras mientras los juicios se encuentren en trámite.
En su resolución, Sánchez Castillo expone que la suspensión de plano no contraviene disposiciones de orden público e interés social y que al discernirse si el otorgamiento de esta suspensión causaría mayores perjuicios de los que se pretende evitar, se encontró que "la expropiación, al tener como objetivo la construcción de un nuevo aeropuerto y dado que el existente se encuentra en regular funcionamiento, las características de la obra a ejecutar, su magnitud y la necesidad de llevar a cabo los trámites administrativos para estar en condiciones de dar inicio de las obras, los efectos de la suspensión no ocasionarán un daño evidente al interés público ni contravendrán el interés social, ya que su aplazamiento no conlleva, por el momento, un perjuicio irreversible para la sociedad".
Ť Traemos machetes para decir al gobierno que "no dejaremos que nos quite lo nuestro"
Por segunda vez, campesinos de Texcoco marcharon al Zócalo
RENE RAMON ALVARADO, JAVIER SALINAS CESAREO Y ANGELICA ENCISO
Con machetes en alto, corriendo y coreando "tierra sí, aviones no", centenares de ejidatarios de San Salvador Atenco entraron al anochecer de ayer al Zócalo capitalino. Por segunda ocasión, los campesinos vinieron a esta ciudad para exigir al gobierno la cancelación del decreto expropiatorio de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, y advirtieron: "sólo muertos nos sacarán de ellas".
Al término de una larga jornada que, como siempre, empezaron al salir el sol, los campesinos se apostaron frente a Palacio Nacional para dejar un recordatorio más: "El pueblo unido, jamás será vencido".
"Demostraremos al pueblo de México que no somos gente irracional, que tenemos conciencia y que nuestra lucha es justa y se basa sólo en la defensa de la tierra", fue la consigna de cientos de ejidatarios de los pueblos de Atenco y Texcoco en su marcha desde el ex vaso de Texcoco hacia el Zócalo.
A su paso por territorios mexiquense y del Distrito Federal, el contingente de alrededor de mil 500 personas en resistencia recibió la solidaridad y el apoyo moral de miles de habitantes. Con aplausos, vivas y pancartas, los transeúntes, muchos de ellos que salían del Metro o apostados sobre los puentes peatonales, se sumaron al movimiento.
Apenas aparecía el sol, cuando decenas de cohetes fueron detonados para llamar a la población de San Salvador Atenco a concentrarse. Como de costumbre, los campesinos acudieron a la parroquia de El Divino Salvador para recibir la bendición del sacerdote Jorge Cuapio Bautista, quien al arrojarles el agua bendita pidió a unos 80 dirigentes del movimiento no hacer uso de la violencia, tratando de disuadirlos de llevar machetes, palos y tubos a la marcha.
Eran las nueve de la mañana cuando la caravana emprendió su recorrido, esta vez a bordo de 18 autobuses; eran escoltados por una docena de jinetes, quienes enarbolaban la bandera nacional y el estandarte de su santo patrono: El Divino Salvador.
Ignacio del Valle, uno de los dirigentes del movimiento agrario, hizo referencia a las descalificaciones hechas por funcionarios federales y estatales contra el movimiento. "No nos interesa quién descalifique nuestras protestas, nosotros vamos con un solo objetivo: demostrar al pueblo de México que nuestra lucha es justa, porque está basada en la razón".
Denunció que tanto la Procuraduría Agraria (PA) como los gobiernos estatal y federal tratan de provocar a los campesinos, y en los próximos días, añadió, el hostigamiento continuará, pero no vamos a caer en sus provocaciones, ya no nos duelen después de ese decreto genocida.
"No somos gente irracional, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, y específicamente les decimos que nuestra lucha se basa en el derecho que tenemos a la tierra que nuestros padres nos dejaron, y la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. El precio no importa, no las vamos a vender".
La caravana de ejidatarios provenientes de Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Acuexcomac, San Salvador Atenco, Tocuila, La Magdalena Panoaya, Francisco I Madero y San Felipe Santa Cruz efectuó un recorrido de más de siete horas, a lo largo de 30 kilómetros, para llegar al Angel de la Independencia. Durante el trayecto, por los municipios de Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán y Los Reyes la Paz, en territorio mexiquense, decenas de agentes de la Judicial siguieron la marcha, incluido el subprocurador de Justicia de Nezahualcóyotl, Luis Alberto Contreras Salazar.
Ya en el Distrito Federal, la situación se tensó debido a la presencia de Gabriel Mendoza, funcionario de la oficina de atención ciudadana del Gobierno capitalino, quien fue identificado por los campesinos como uno de los responsables de la agresión de que fueron objeto a manos de los granaderos el pasado miércoles 14. En avenida Río de la Piedad, el funcionario fue amagado y correteado por los ejidatarios, pero éste logró darse a la fuga a bordo de un automóvil.
Sobre avenida Chapultepec, a la altura del número 213, los campesinos bajaron de los autobuses para continuar la marcha a pie hasta arribar a la columna del Angel de la Independencia, lanzando decenas de cohetones. Pasaron corriendo, sin detenerse, por el Angel, para tomar Paseo de la Reforma, y ahí se les unieron contingentes de organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa.
Protestaron frente a la embajada de Estados Unidos, y más adelante se detuvieron frente al hotel Sevilla Palace. Ahí, como coreografía ensayada, afilaron simultáneamente los machetes en el suelo, y después, sosteniéndolos en alto, corearon: "esos son, esos son, los que chingan la nación".
Los jornaleros manifestaron su molestia a través de las innumerables consignas que lanzaban a cada paso, arengados en todo momento por La Güera, una mujer de Atenco. Hicieron una escala frente a la Secretaría de Gobernación, donde pretendían entregar una lista de presos políticos para quienes demandan libertad. Nadie los recibió. Esta lista fue integrada por la denominada Comisión Nacional Popular, e incluía, entre otros, a integrantes del Frente Francisco Villa, al general Francisco Gallardo, los ecologistas ya liberados Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
El recorrido continuó por avenida Chapultepec para finalmente llegar a 20 de Noviembre. Primero entraron los caballos al Zócalo, y segundos después, en medio de cohetones y con los machetes en alto ingresaron los centenares de ejidatarios. En el mitin, las organizaciones expresaron su apoyo al movimiento de los campesinos, quienes acusaron también al párroco de la iglesia de El Divino Salvador en Atenco de mantener informada a gente de Gobernación sobre las acciones que llevan a cabo.
Al final, luego de anunciar que en esta ciudad permanecerá un contingente de 100 personas que irá a la Cámara de Diputados este jueves, Del Valle explicó por qué portan los machetes. "Los traemos para decir al gobierno que se fije en lo que está haciendo, porque no dejaremos que nos quiten lo que es nuestro. Si tenemos que dar nuestra vida lo haremos".
Ť El gobierno no considera el plusvalor en Texcoco: experta
En AL los terrenos ejidales valen 10 veces más que en México
Ť La megarrentabilidad será para operadores del aeropuerto, dice
PATRICIA MUÑOZ RIOS
En América Latina, el precio de los terrenos sin servicios oscila entre 5 y 10 dólares por metro cuadrado, y ya urbanizado se eleva de 30 a 35 dólares, por lo que el precio que se está dando actualmente es casi 10 veces superior al existente en el ejido de México, aseguró Susana Medina, investigadora del Colegio Mexiquense, en un estudio que presentó ayer sobre el mercado de tierras en nuestro país.
En el caso de las expropiaciones en Texcoco, sostuvo que estos terrenos van a adquirir un "plusvalor" en el corto plazo por la construcción del nuevo aeropuerto, y esto no se está considerando en la indemnización a los ejidatarios. De ahí que la "mega-rrentabilidad" que tomará el proyecto será para las industrias que operen en el mismo, así como para los empresarios privados y extranjeros que participen en él.
El gobierno federal -reiteró- está haciendo caso omiso de este plusvalor que obtendrán los terrenos que pretende expropiar, y ni siquiera reconoce un valor de mercado para la operación, por lo que, en los hechos, se estaría traspasando la rentabilidad de estos ejidos de sus actuales dueños a los inversionistas futuros.
La estimación de que el precio del terreno sin servicios en México debe oscilar entre 5 y 10 dólares fue tomada con base en estudios de suelo, recuperación de plusvalías y desarrollo regional, realizados por la Universidad Autónoma del Estado de México, según refirió la investigadora en su análisis denominado Los mercados de tierras periurbanos en México.
No hay terreno
En el mismo documento detalla que en México hay baja oferta de suelo para pobres, se adolece de irregularidad en la tenencia de la tierra, planeación inadecuada, baja respuesta de los organismos públicos y los gravámenes inmobiliarios son de los más elevados a nivel mundial.
Estableció que en algunas ciudades como la de México, y en estados como Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz la reserva del suelo alcanza para menos de un año, y eso eleva considerablemente la tenencia de tierra.
En su análisis presentado ayer en el Foro Internacional Ordenamiento de la Propiedad y Sistemas Catastrales, organizado por la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraría, Susana Medina se refirió también a la falta de vivienda en el país. Indicó que "en México, de cada 100 familias sólo 20 tienen casa propia ya pagada, 30 están en proceso y 50 rentan".
Según sus investigaciones, 82.70 por ciento de la población ocupada no puede acceder de manera formal al mercado de suelo y vivienda en el país por sus magros salarios. Esto es porque para poder adquirir la vivienda más económica que oferta actualmente el mercado se requiere un ingreso del orden de 1.92 veces el salario mínimo mensual, que sumado a lo que cada familia necesita sólo en alimentación, da como resultado un ingreso necesario de 6.29 minisalarios, que muy pocas familias tienen.
Para acceder a un crédito de interés social para vivienda se requiere tener una percepción mensual de entre 9 y 12 mil pesos, a precios de 2001. Sin embargo, para una casa de interés medio alto, es casi imposible el acceso, pues a través de la banca se requiere un salario de 25 mil pesos, que significan cerca de 22 salarios mínimos. Así, sólo 17 por ciento de la población ocupada en México puede entrar a la oferta legal de vivienda, y eso siempre y cuando sea de nivel medio-bajo.
En su análisis hace una proyección sobre el volumen de nuevos hogares que se establecerán en el país entre 2000 y 2005, y señala que su número rebasará los 4 millones, no obstante, de este total, entre 83 y 85 por ciento serán hogares considerados como pobres.
Detalla que ante la imposibilidad económica y la creciente demanda de vivienda para las nuevas familias, la población de bajos recursos, que es la mayoría, ha recurrido y recurrirá al "mercado subterráneo", pues les permite construir a largo plazo aun con los consabidos problemas de suelo, servicios y los abusos de seudo líderes sociales.
Se calcula -dijo- que al año 250 mil familias reciben su escritura, e igual número ingresa al mercado ilegal del suelo; la cifra, pues, se mantiene constante. La política de regularización de la tenencia de la tierra ha tenido poco o nulo efecto, pues las ciudades siguen creciendo fundamentalmente mediante la toma clandestina de predios.
En cuanto al terreno ejidal, apuntó que hay aproximadamente entre 10 y 15 millones de propietarios en condiciones de irregularidad, y que los cambios al artículo 27 constitucional, "en lugar de reducir el mercado informal y ante la necesidad de los ejidatarios de un ingreso más seguro y rentable que cosechar la tierra, lo han incrementado".