JUEVES Ť 29 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Preocupan a legisladores amplias atribuciones que se toma el mandatario
Niega Bush que se busque coartar libertades individuales en nombre de la lucha antiterrorista
Ť Las cartas con ántrax, obra de un científico del programa de armas bioquímicas: Greenpeace
AFP, REUTERS Y DPA
Washington, 28 de noviembre. El gobierno de George W. Bush negó hoy ante el Congreso que busque coartar las libertades individuales en nombre de la lucha antiterrorista. Y aunque no parecía convencer a los legisladores, la mayoría de los estadunidenses apoya la decisión del mandatario de permitir que tribunales militares juzguen a los extranjeros sospechosos; que sean espiadas las conversaciones del acusado y su abogado; que el juez castrense pueda condenar a muerte y que no haya derecho a apelación.
Por otro lado, la organización ecologista Greenpeace dijo que la ola de atentados con ántrax en Estados Unidos es probablemente obra de un científico del programa de armas bioquímicas estadunidense. La sospecha se basa en informaciones de delegados del gobierno estadunidense a la conferencia mundial sobre armas bioquímicas, en Ginebra, así como en científicos independientes que asistieron a la reunión.
El gobierno de Washington, a pesar de disponer de la información, no divulga el nombre del laboratorio del que parecen ser originarias las esporas de ántrax, ni tampoco la identidad del científico responsable, afirmó la revista que Greenpeace publica en Alemania.
En la publicación, la bióloga estadunidense Barbara Rosenberg, quien fue asesora del presidente Bill Clinton, y el experto alemán Jan van Aken coinciden de forma independiente en que las mortales esporas de ántrax descubiertas en envíos postales de Estados Unidos no provienen de Medio Oriente, pues utilizan componentes usuales en los programas estadunidenses.
"Al parecer, el atacante trató de forzar las cosas y obligar al gobierno de Estados Unidos a incrementar el presupuesto para la investigación de armas biológicas", dijo Greenpeace.
En el ámbito de las libertades civiles, el fiscal general adjunto Michael Chertoff dijo ante un comité del Senado que "seguimos de manera agresiva y sistemática una investigación de envergadura nacional e internacional, pero estimamos que lo hacemos en el marco de los límites cuidadosamente establecidos por la Constitución".
Los legisladores no ocultaron su inquietud por las acciones del Ejecutivo, que tras los atentados del 11 de septiembre se dotó de poderes considerablemente ampliados para la lucha antiterrorista. El propio Congreso, con una ley votada el mes
pasado, reforzó los poderes del gobierno para asistirlo en esta lucha, pero una serie de recientes decisiones de la administración, entre ellas instaurar los tribunales militares para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo, suscitan preocupación.
Además de la creación de estos tribunales, la administración Bush se atribuye también la potestad de poner bajo escucha las comunicaciones de los abogados de los detenidos, en el marco de las investigaciones por los atentados.
"Esta administración parece dispuesta a actuar sola, sin autorización ni consulta del Poder Legislativo", criticó el presidente del comité, el demócrata Patrick Leahy.
Para apaciguar al Congreso, el fiscal general John Ashcroft había revelado la víspera que presuntos miembros de Al Qaeda, del extremista Osama Bin Laden, se encuentran en detención preventiva, y dio datos sobre el número de personas a las cuales se les ha presentado acusación.
Pero el senador demócrata Russ Feingold afirmó hoy que "rehusando decir quién es sospechoso de terrorismo y quién no lo es, el Departamento de Justicia afecta la reputación de todos".
Sin embargo, una encuesta de National Public Radio, Kaiser Family Foundation y Kennedy School Poll, reveló hoy que 64 por ciento de los estadunidenses apoya los tribunales militares para extranjeros.
El sondeo sostuvo que quienes se oponen consideran que es más probable que los tribunales militares condenen a gente inocente, que en los juicios secretos no haya manera de protegerse contra los abusos, y que la evidencia secreta deje al sospechoso sin posibilidad real de defenderse.
Ante la pregunta de si Timothy McVeigh debería haber sido juzgado por un tribunal militar en lugar de uno civil por su responsabilidad en el atentado terrorista contra un edificio federal en Oklahoma, 70 por ciento respondió que no. "Esto refleja el doble estándar que rige la opinión de la población, dependiendo si se trata de ciudadanos estadunidenses o no", comentó el sondeo.
Asimismo, 71 por ciento de los encuestados consideró que el gobierno tiene "legítimas razones" para mantener la reserva sobre la identidad y los cargos de los extranjeros actualmente detenidos, algunos solamente por violar leyes migratorias.
En otro ámbito, el presidente del gobierno español, José María Aznar, dijo hoy que "si es necesario" su país colaborará con fuerzas militares en la coalición liderada por Washington, tras reunirse con Bush en la Casa Blanca.
"Nuestra lucha es por las mismas ideas, las mismas libertades, la misma sociedad y civilización", indicó Aznar, quien precisó que Washington no ha pedido la extradición de presuntos miembros de Al Qaeda arrestados en España.
España había recordado que no permite la extradición de sospechosos porque pueden enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos o ser juzgados en los tribunales militares.