jueves Ť 29 Ť noviembre Ť 2001
Angel Guerra
Dependencia
Sin saber qué hacer con economías que se hunden y sólo destacan por producir pobreza, los presidentes de América Latina se reunieron con sus colegas de España y Portugal en la decimoprimera Cumbre Iberoamericana, celebrada la semana pasada en Lima. El temor al contagio de la crisis argentina y a la recesión global flotaban en el ambiente y no se veía el exorcismo capaz de conjurarlos más allá de paradójicas imploraciones a los países ricos.
Aunque tímidamente, los documentos adoptados en Lima no pudieron pasarlo por alto. Obviando mencionar las políticas neoliberales señalan que la globalización crea polarización y aumento de la pobreza en "algunos países" y sin citar culpables consignan el daño que hacen a los países pobres las prácticas proteccionistas, la insuficiencia de los flujos de inversión y ayuda al desarrollo, y la necesidad de "aliviar" la carga de la deuda externa.
Y es que a diez años de la primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara el saldo económico y social de América Latina no puede ser más desalentador. Si en aquella ocasión se habló de una década perdida, en ésta habría que haber hablado de dos. Los Estados de la región han pagado dos veces y media la deuda externa contraída en esa fecha, pero deben hoy 289 mil millones de dólares más que entonces. Además, en su inmensa mayoría han continuado enajenando sus activos a las trasnacionales a precios de ocasión y concedido generosas canonjías a banqueros y grandes empresarios a expensas del presupuesto. En 2001 entregarán 168 mil millones de dólares por el servicio de la deuda, más de tres veces que en el 90. En consecuencia, cada vez son más famélicos los fondos dedicados al desarrollo, mayores el desempleo, la migración y el drenaje de cerebros y también la dependencia del capital financiero internacional.
En la década posterior a la reunión de Guadalajara el número de pobres al sur del río Bravo creció en 27 millones para llegar este año a la escandalosa cifra de 224 millones sobre una población total de 442 millones; 57 por ciento de los niños de la región, menores de cinco años de edad, viven hoy en la pobreza.
Esta situación continuará empeorando a menos que haya un cambio radical de políticas públicas. Mientras organismos internacionales consideran que para comenzar a salir de la pobreza las economías latinoamericanas tendrían que crecer sostenidamente a un ritmo mínimo de 6 por ciento anual, su desempeño en los últimos diez años apenas alcanza la mitad de esa meta y las expectativas para el actual y el entrante son de ínfimo o cero crecimiento.
Ante este cuadro desalentador casi todos los gobiernos de la región persisten en "profundizar las reformas estructurales" -eufemismo equivalente a más neoliberalismo- y en esperar como premio la comprensión y generosidad de los saqueadores de sus países. Ello expresa el alto grado de dependencia y subordinación a Estados Unidos a que han llegado en los últimos años las elites políticas locales, mayor que en ningún otro momento de nuestra historia.
Las cumbres iberoamericanas surgieron al fin de la guerra fría como un intento latinoamericano de preservar algún margen de maniobra frente a la unipolaridad estadunidense. España y Portugal, por su parte, buscaban convertirse en interlocutores privilegiados de América Latina en la inversión y los negocios en nombre de la Unión Europea.
El mérito que podría señalarse al mecanismo iberoamericano, pese a su aceptación casi acrítica del orden globalizado y a su gris ejecutoria, es el haber creado un foro menos subordinado a Estados Unidos que la OEA y que la Cumbre de las Américas, concebida por Washington para disminuirlo y como instrumento para anexar a los Estados latinoamericanos a través del ALCA. La membresía en él de dos naciones extrahemisféricas constituye objetivamente un desafío a los afanes neomonroístas de la potencia norteña, reafirmado por la urticante participación de Cuba.
Así, en los documentos de Lima no se apoya en manera alguna al ALCA ni la agresión estadunidense a Afganistán, extremos que habrían sido inaceptables para Cuba y Venezuela. El terrorismo es condenado "dondequiera que se produzca y por quienquiera que lo cometa", una formulación defendida por La Habana para incluir el terrorismo de Estado en general y las acciones terroristas de la contrarrevolución de Miami, hasta ahora impunes en suelo estadunidense.