JUEVES Ť 29 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Desaparece expediente sobre la muerte de un teniente de aviación en Santa Lucía

Ordena Sedena reabrir caso cerrado por Macedo

JESUS ARANDA

Después de que el entonces procurador militar Rafael Macedo de la Concha cerrara el caso del teniente de aviación José Raúl Vargas Cortés, quien apareció muerto en 1995 en la base aérea de Santa Lucía, ayer, por órdenes del secretario de la Defensa, la Procuraduría General de Justicia Militar dio a conocer que se reabrirá el caso, se dará seguimiento a las líneas de investigación que se omitieron y se castigará a los culpables, en caso de haberlos.

Sin embargo, esta disposición de la Procuraduría Militar se enfrenta con el problema de la "desaparición del expediente original", el cual fue entregado en enero de 1996 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que según dos recientes oficios de la dependencia que encabeza José Luis Soberanes, no tiene en su poder.

Siendo Mirielle Roccatti la presidenta de la CNDH en 1996, el organismo recibió una denuncia de María del Rosario Cortés García, madre de la víctima, en la que se quejaba de que la justicia militar había concluido que su hijo había muerto el 20 de febrero de 1995 a causa de suicidio, pese a una serie de irregularidades que nunca fueron aclaradas.

Durante la administración de Macedo, la procuraduría castrense se mantuvo en su posición y negó que hubiera elementos para reabrir la investigación.

Sin embargo, pese a la insistencia de Cortés García, y a una serie de escritos dirigidos a diversas autoridades, logró que su caso llamara la atención del alto mando, y que el general secretario Ricardo Clemente Vega García girara órdenes para que el procurador Marco Antonio López Portillo recibiera a la madre de la víctima y a sus abogadas de la agrupación Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (Nayeli Ortiz Quintero y Fabiene Cabaret). En esta primera entrevista con el funcionario, éste dijo que la dependencia está abierta a coadyuvar en las indagaciones, así como a seguir hasta sus últimas consecuencias líneas de investigación que quedaron pendientes o no se tomaron en cuenta.

En entrevista, la señora Cortés, quien en ocasiones anteriores llegó a ser sacada prácticamente a empellones por personal de la procuraduría castrense, destacó la forma amable en que fue recibida por el general López Portillo, a quien le reiteró su denuncia en el sentido de que había sufrido actos intimidatorios y amenazas a manos de militares durante el sexenio pasado y demandó que se investiguen esos hechos.

Por su parte, la abogada Fabiene Cabaret reconoció su preocupación por la desaparición del expediente y confirmó que ella misma había sido notificada por la CNDH que ésta no tiene la documentación original del caso. Aunque fue cauta en hablar de posibles acciones legales, dejó en claro que de no aparecer dicha documentación, iniciaría las acciones legales correspondientes, porque de la existencia de ese expediente depende el futuro de la investigación misma.

Durante la entrevista, el general López Portillo recibió un oficio de la señora Cortés en torno a las averiguaciones previas BAM1/06/95 (por el homicidio de su hijo) y SC/304/97/IX/II (por amenazas y actos de hostigamiento), en el que se hace un recuento del caso, que por cierto, conoció el general en calidad de Ministerio Público militar.

Entre las irregularidades que fueron ignoradas por la justicia militar por seis años, destacan: el arma con la que supuestamente se suicidó José Raúl no era suya; el médico criminólogo de la CNDH señaló que su cuerpo fue cambiado de lugar y presentaba huellas de forcejeo; después de su muerte, catearon su casa y se llevaron objetos personales; nunca ha tenido la señora acceso a la averiguación previa, a pesar de las múltiples solicitudes; en el acta ministerial y en la de defunción se asienta que murió en el trayecto al hospital, mientras que las autoridades militares aseguran que murió de inmediato a causa de una herida de bala; la necropsia reveló que tenía fractura en el cráneo.

En razón de estos hechos, se pide se investigue al general Juan Arturo Villasaña Castillo -entonces comandante de la base de Santa Lucía-, y al entonces teniente coronel Enrique Nonato Jaen.

Esta apertura es importante, ojalá y se encuentre a los culpables de la muerte de mi hijo, concluyó Cortés García.