JUEVES Ť 29 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť En el informe de la CNDH presentado el martes Sahagún Baca aparece en cinco expedientes
Acosta Chaparro, el más mencionado en casos de desapariciones forzadas
Ť La Sedena, Gobernación e instalaciones militares de varios estados destacan en el documento
Ť Inconsistencia sobre las fechas en que fueron vistas por última vez las víctimas, otra constante
VICTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA
En una primera revisión de las 3 mil cuartillas que conforman el resumen ejecutivo -de un total de 175 mil 55 fojas- que presentó el martes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el general Mario Arturo Acosta Chaparro aparece en por lo menos 29 casos de tortura y desaparición forzada de personas. Francisco Sahagún Baca, quien fuera titular de la desaparecida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), está vinculado a cinco expedientes.
Otra de las constantes en las pesquisas de la CNDH es la inconsistencia en los datos sobre la fecha de las desapariciones, sustentadas en testimonios de la última vez que se les vio y las referencias incluidas en los informes oficiales de diversas dependencias -contenidas en el archivo entregado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional-, en el que la versión oficial da cuenta de muertes en enfrentamientos derivados de emboscadas perpetradas al Ejército Mexicano.
Destinos de los activistas
En un número considerable de los casos, los testimonios dan cuenta de que los detenidos fueron trasladados a campos militares, instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, así como de la Brigada Blanca, Brigada Especial, cárceles clandestinas o penales.
Asimismo, dicho informe confirma las versiones de los familiares de las víctimas de la guerra sucia, respecto a que en muchos casos fueron sacados violentamente de sus casas, hospitales y cárceles, como la de Santa Martha Acatitla. Entre las instituciones que se mencionan en dicho informe destacan: la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante sus instalaciones en Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Sinaloa, principalmente; la Secretaría de Gobernación y sus delegaciones estatales; la Policía Judicial de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, estado de México, Distrito Federal, así como hospitales públicos.
Análisis de casos
La Policía Judicial de Sinaloa, a las órdenes del comandante Guillermo Casillas Romero, así como la Brigada Blanca y elementos del Ejército desaparecieron el 15 de julio de 1976 a Henry López Gaytán, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de la estación del Ferrocarril de Culiacán, Sinaloa, en la población de San Blas, según el expediente 95 U de la CNDH.
Otro militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de nombre Puc Chel Fredy, fue capturado el 4 de octubre de 1979 en la colonia Nativitas por agentes de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal, al frente de cuyo dispositivo se encontraba Francisco Sahagún Baca. El activista luego de su detención ilegal fue trasladado a la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, de donde fue sacado días después y no se volvió a saber de su paradero.
El caso 67 R, referente a la desaparición de Fabiola Castro Molina, hija del fundador del Partido de los Pobres, Petronilo Castro Hernández junto con Lucio Cabañas, señala que fue detenida el 16 de enero de 1975 por elementos de la Policía Judicial del estado de Guerrero, al mando de Mario Acosta Chaparro.
El informe de la comisión también incluye la desaparición de su hermana, Guadalupe Castro Molina, quien fue detenida el 23 de abril de 1972 en Acapulco, Guerrero. En ninguno de los tres casos se volvió a saber de ellos.
Por lo que corresponde a las desapariciones en la zona rural, el informe del organismo que preside José Luis Soberanes recoge en su mayoría casos del estado de Guerrero. Entre ellos, sobresale el de Artemio Chávez Bello, quien desapareciera el 6 de octubre de 1974, en San Francisco del Tibor, cuando fue detenido por elementos del 48 batallón del Ejército Mexicano, al mando de un teniente Alcántara y un mayor Durán.
Sin embargo, en el expediente se cita los datos proporcionados por el Cisen, según los cuales Chávez murió en un enfrentamiento el 2 de diciembre con el Ejército, al lado de Lucio Cabañas, en un lugar conocido como El Otalillo. Sin embargo, hay evidencias de que fue detenido en octubre.
El expediente 25 R de la CNDH referente a la desaparición de Zacarías Barrientos Peralta, de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, señala que fue detenido por elementos del Ejército en octubre de 1974, según consta en la denuncia del Comité Eureka. No obstante, en el expediente del Cisen, Barrientos Peralta habría fallecido en una emboscada que le tendieron elementos del 50 batallón del Ejército Mexicano.
La conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que pese a los datos oficiales sobre su presunto fallecimiento, los testimonios recogidos por el organismo revelan que en realidad fue detenido el 26 de septiembre de 1974 por elementos del Ejército Mexicano, institución a la que se le imputa su desaparición.
El expediente 46 R alude a la desaparición del señor Miguel Angel Cabañas Vargas, ocurrida el 2 de abril de 1974 en el poblado de San Andrés de la Cruz, Guerrero, luego de ser detenido por elementos del Ejército y la Policía Judicial.
Al igual que en el caso anterior, el reporte de la DFS recogido por el Cisen atribuye su fallecimiento a un enfrentamiento armado con elementos de la Brigada de los Pobres, ocurrido el 25 de junio de 1972, cuando efectivos de la 27 Zona Militar localizaron dos campamentos guerrilleros.
Sin embargo, en su conclusión la CNDH señala que hay testimonios de que Cabañas Vargas fue trasladado el 8 de abril de 1974 al Campo Militar Número Uno por elementos de la extinta DFS, en coordinación con elementos del segundo batallón de la Policía Militar. La CNDH encontró responsabilidad en miembros del Ejército y la DFS.
Otra desaparición ocurrida en Guerrero es la de Lucio Castillo Gervasio, detenido por elementos del Ejército Mexicano en la sierra de Atoyac, en abril de 1974. Según los testimonios recogidos, Castillo fue subido en helicópteros y llevado a varios poblados de la sierra para finalmente recluirlo en el cuartel de Atoyac; días después fue trasladado a la base de Pie de la Cuesta, y de ahí al Campo Militar Número Uno, donde permaneció recluido ilegalmente por más de un año.
LA CNDH da cuenta de que en los expedientes 134 y 143 U la Policía Judicial del estado, la Brigada Blanca y el Ejército, detuvieron a Cristina Rocha Manzanares y Cristina Rocha de Herrera, que fueron trasladadas al retén militar de San Blas y posteriormente desaparecidas.