Ť Filtrar información a los medios resta seriedad a las pesquisas, expresa Miguel Concha

Critican defensores de los derechos humanos la actuación de la PGJDF en el caso Digna Ochoa

Ť Para Bárbara Zamora las autoridades no han avanzado ni tienen líneas claras de investigación

CLAUDIA HERRERA BELTRANENVIADA

Las filtraciones que ha hecho la procuraduría capitalina a los medios de comunicación sobre los posibles móviles del asesinato de la abogada Digna Ochoa dan "mala espina", porque se resta seriedad a las investigaciones, señaló ayer el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha.

En este sentido Rafael Alvarez, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), consideró que es "muy delicado" que se ventilen públicamente las hipótesis, porque eso podría dañar la confidencialidad de las indagaciones.

Al participar en una conferencia en la Universidad Pedagógica Nacional, Concha aseguró que el Consejo de la CDHDF expresó su satisfacción de que la Procuraduría del DF se hiciera cargo del caso; sin embargo, manifestó que existe preocupación sobre los recientes informes que han aparecido en los medios de comunicación.

Por la mañana, la abogada Bárbara Zamora, quien trabajó con Digna Ochoa en el bufete Tierra y Libertad, consideró que las investigaciones no han avanzado y lo atribuyó a la lentitud de las pesquisas y a que la procuraduría capitalina no tiene claridad sobre las líneas de investigación.

En referencia a las declaraciones del procurador capitalino, Bernardo Bátiz, en el sentido de que las investigaciones apuntan hacia el estado de Guerrero, señaló que esa hipótesis no resuelve nada porque en esa entidad hay muchas personas involucradas con casos que defendió Ochoa, como son los caciques, los madereros o el ex gobernador, Rubén Figueroa.

Nada que informar el próximo lunes

Aseguró que las indagaciones se desarrollan con "gran lentitud", pues explicó que a los abogados que trabajaban con Ochoa se les citó a declarar tres semanas después del asesinato, en tanto el departamento que ocupaba la abogada fue registrado dos semanas después.

Dijo que como abogada penalista sabe que estos procesos se tienen que hacer con prontitud, porque mientras más tiempo pase es más probable que se vayan perdiendo evidencias muy importantes que se pueden obtener en los primeros momentos de la recabación de datos.

"Eso nos hace pensar que van muy lento y que tampoco tienen claras las líneas de investigación", insistió Zamora.

Alvarez, por su parte, indicó que la Comisión de Derechos Humanos del DF ha realizado docenas de diligencias junto con la procuraduría capitalina, pero todavía no hay resultados claros, ya que existen varias hipótesis; sin embargo, ninguna ha sido contundente o resolutiva.

Por ello, Zamora dijo por separado que el gobierno mexicano, en la audiencia que tendrá el próximo lunes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "no tendrá nada" que informar sobre los avances en las investigaciones del asesinato de Digna Ochoa ni tampoco acerca de la puesta en marcha de medidas para proteger a otros defensores amenazados.

Indicó que hasta el momento ella no ha recibido ningún tipo de protección pese a que la Corte Interamericana pidió al gobierno mexicano la aplicación de medidas cautelares para un grupo de abogados que fueron hostigados después del homicidio de Ochoa.

En opinión de la abogada, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían presentarse a declarar ante el Ministerio Público para explicar por qué decidieron retirar las medidas cautelares a favor de Ochoa.

Dijo que esta explicación es muy importante porque la cancelación de las medidas cautelares colocó a la defensora de los derechos humanos en situación muy vulnerable y eso permitió que su muerte largamente anunciada finalmente se consumara.

Manifestó que es grave que el presidente Vicente Fox haya dicho que el crimen cometido contra Ochoa es del fuero común y en cambio señaló que los asesinatos de magistrados en Sinaloa son crímenes contra el Estado.

Con estas aseveraciones, afirmó, el gobierno busca quitarle el carácter político al asesinato de la defensora de derechos humanos. La abogada se pregunta por qué, sin antes investigar, el jefe del Ejecutivo se atrevió a calificar estos dos hechos.

En su análisis sobre la impunidad, dijo que las violaciones a los derechos humanos se han agudizado gravemente en este primer año de gobierno panista. En el caso del Poder Ejecutivo, aseguró que el nombramiento del general Macedo de la Concha como procurador general de la República viola la Constitución, porque los militares no pueden desempeñar funciones encomendadas a civiles.

Explicó que el Poder Legislativo también viola los derechos constitucionales de los mexicanos porque aprueba leyes contrarias al interés del pueblo y a favor de los dueños del poder y del dinero. Se refirió en particular a las discusiones sobre el presupuesto del 2002, que prevé disminución de recursos en educación y salud.

Por parte del Poder Judicial, dijo que las violaciones a los derechos humanos quedan en evidencia con la "criminalización" de los movimientos sociales cuando se han emitido órdenes de aprehensión y se ha encarcelado a dirigentes sociales.

Consideró que en estas condiciones, la tarea de los defensores de derechos humanos cada día es más difícil. Explicó que los abogados tienen que enfrentar a todo el sistema en condiciones de desigualdad y mencionó como ejemplo la constante negativa de los policías o soldados implicados en hechos que se investigan para comparecer ante el juez y ser interrogados por la defensa.