MIERCOLES Ť 21 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Campesinos expropiados y agraviados

Emilio Pradilla Cobos

La decisión del gobierno federal de localizar el nuevo aeropuerto metropolitano en Texcoco, y la consecuente expropiación de los ejidos de Atenco sobre los que se construiría la terminal aérea, agravian a los campesinos de la región. Estos hombres y mujeres, herederos de los pueblos originarios de México, están hundidos en la pobreza ancestral, a pesar de habitar y producir en la periferia del mayor mercado agrícola nacional y al interior de una de las concentraciones urbanas más grandes del mundo, como resultado de décadas de injusticia social, explotación y opresión política, y de ausencia de políticas gubernamentales de desarrollo agrario.

Hoy el gobierno foxista, autodenominado del "cambio ya", en aras de una modernidad inhumana y una decisión autoritaria y sin sustentación técnica conocida, expropia a los ejidatarios todo su patrimonio. Al quitarles la tierra, les arranca sus raíces milenarias, les roba su identidad campesina y su cultura, los expulsa del territorio de sus ancestros, les quita su vivienda, destruye sus lazos comunitarios y los deja sin medios para reproducir su existencia material. A cambio, el gobierno les impone unilateralmente una indemnización monetaria ridícula, que nada tiene que ver con los precios de mercado del suelo hoy, y menos aún con las elevadas rentas del suelo que generarán en el futuro la construcción del aeropuerto y los desarrollos inmobiliarios colaterales. El gobierno federal y el del estado de México, gran promotor de la operación, no han ofrecido ni el pago de costos de reubicación ni alternativas de empleo, tierra y vivienda a los expropiados. La gran idea foxista es que "pongan un changarro" e ingresen a la informalidad, o que busquen un empleo en el nuevo aeropuerto, en lo más bajo de la escala laboral, suponemos que como trabajadores de limpieza, jardineros o maleteros.

Haciendo gala de la más descarnada lógica neoliberal, el decreto pretende justificar la expropiación como de "utilidad pública", al tiempo que declara explícitamente que el aeropuerto será construido y operado por capitales privados nacionales y extranjeros; de ahí su dudosa constitucionalidad. Serán estas empresas las que se beneficiarán de las ganancias especulativas derivadas de la operación inmobiliaria hecha posible por esta injusta expropiación.

No cabe duda de lo justificado de la irritación de los ejidatarios expropiados, que no fueron oídos antes de la decisión, con quienes no se negociaron los términos de la expropiación y no se les ha querido oír después de expedido el decreto. Sin embargo, habría que sugerir prudencia a los ejidatarios en la forma de sus movilizaciones. Entendemos que los machetes, hoces, guadañas y tridentes son instrumentos cotidianos de trabajo en el campo, como son las computadoras portátiles para los ejecutivos empresariales, pero al usarlas en las marchas por las calles de la ciudad de México pueden generar la inquietud y el rechazo de sectores capitalinos que los apoyan en su justa causa, pero que están muy sensibilizados por la violencia imperante.

El gobierno, la Asamblea Legislativa y diversos sectores de su sociedad civil del DF se han opuesto a la ubicación del aeropuerto en Texcoco, y adelantan procesos legales para revertirla; esta posición y sus declaraciones significan un apoyo decidido a la causa de los expropiados. Pero la apariencia violenta de la marcha de los ejidatarios la semana pasada, independientemente de la voluntad de los manifestantes, coloca al gobierno local en una situación muy difícil, proclive al enfrentamiento con los manifestantes, pues tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden público, a pesar de su coincidencia general con la causa que defienden y de que el conflicto no es con el gobierno local sino con el federal, que ostenta el mando superior legal de la policía capitalina.

Si el gobierno federal foxista, que llegó al poder gracias a la insurgencia electoral de la sociedad contra el antiguo régimen priísta, quiere seguir declarándose democrático, federalista e impulsor de la transición política, tiene que abandonar sus prácticas autoritarias y aceptar que debe oír a la sociedad, concertar con los gobiernos involucrados en la problemática del nuevo aeropuerto y negociar con los afectados. Si quiere lograr legitimidad democrática para su decisión, tiene que reabrir el caso del aeropuerto y, si es necesario y conveniente, cambiar de opción para su localización. Por lo pronto, tendrá que enfrentar la movilización social y legal que frenará el inicio de la obra, cosechando lo que sembró.