miercoles Ť 21 Ť noviembre Ť 2001

Gabriela Rodríguez

Las sociedades de convivencia

Gracias a movimientos políticos tan importantes como el feminismo y el movimiento lesbico-gay, se ha propuesto en la ciudad de México una nueva iniciativa: la ley de Sociedades de Convivencia, que buscar dar un marco jurídico de protección a quienes deciden establecer relaciones de convivencia en un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

Se trata de que las familias que no encajan en la estructura matrimonial que definen los códigos civiles no queden excluidas de la seguridad jurídica y de los derechos patrimoniales al decidir compartir un techo con una compañía elegida.

Las relaciones de parentesco son estructuras muy estables que las sociedades han ido construyendo para contar con un marco de seguridad, ligas que pueden establecerse con base en vínculos consanguíneos, de adopción o, simplemente, de alianza basados en la voluntad personal. El conjunto de regulaciones sobre la vida conyugal, el matrimonio, el divorcio, la herencia, las pensiones alimenticias, etcétera, no se ajusta a la dinámica y diversidad actual, pues no están respondiendo a los nuevos estilos familiares.

Los seres humanos no solamente se ajustan a los patrones de parentesco reconocidos; por el contrario, las personas construyen nuevas formas de convivencia acordes a procesos de obediencia y rebeldía, a las vicisitudes del desarrollo, a la definición de una identidad de género y orientación sexual y al posicionamiento individual o colectivo frente a las reglas de la sociedad.

De cualquier manera, en el camino de la vida sigue siendo necesario tener alguien en quien confiar. Alguien que escuche nuestros problemas y nos acepte como somos, alguien con quien nos podemos comprometer a establecer un hogar y acompañarnos. No se trata de tener una garantía ni un seguro vitalicio, sino alguien en quien apoyar el propio crecimiento.

Hoy en México solamente la mitad (52 por ciento) de los hogares presenta el modelo de familia nuclear conyugal en que vive la pareja con sus hijos solteros; la otra mitad construye arreglos residenciales diferentes: 7 por ciento son parejas sin hijos; 8 por ciento, hogares monoparentales; 24.4 por ciento vive en hogares extensos (hogar nuclear más otras personas emparentadas con líneas de parentesco vertical o colateral); 1.3 por ciento vive en hogares compuestos (hogar nuclear o extenso con una o más personas no emparentadas). Los hogares no familiares, es decir, aquellos en que las personas deciden compartir el mismo techo, pero sin estar emparentadas, han ido en aumento, pasando de 3.9 a 6.9 por ciento entre 1982 y 2000, lo que representa un aumento de 76 por ciento (Conapo, El perfil sociodemográfico de los hogares en México/2001). Las bases afectivas de solidaridad, amistad, cariño, adopción y las alianzas heterosexuales u homosexuales que sustentan esta diversidad de arreglos residenciales están invisibilizadas en los estudios sociodemográficos.

Hay que relevar particularmente la situación de las parejas homosexuales y lésbicas, quienes no cuentan con ningún marco jurídico que regule su derecho a la herencia, a pensión alimenticia o a la seguridad social. No importa si se trata de 7 o 10 por ciento de la población -según cálculos aproximados de algunos estudios-; por pocas que fueran, todas y cada una de las parejas deben tener acceso a estos derechos económicos.

Algunas dependencias del Gobierno del Distrito Federal son las únicas que en este país han abierto servicios que dan reconocimiento a los homosexuales. Hace dos años se abrieron en el DIF-DF servicios de apoyo sicológico a adolescentes homosexuales, y en este año el Instituto de la Mujer del Distrito Federal abrió servicios especiales a lesbianas. Yo me pregunto: Ƒhasta dónde esta visión progresista y contemporánea que se perfila en algunos programas gubernamentales de la ciudad de México está convirtiendo a sus líderes en blanco privilegiado de ataques y descalificaciones por parte de políticos, legisladores, conductores de radio y televisión, y de representantes de la más recalcitrante ultraderecha?

Ahí están las calumnias sobre irregularidades administrativas a Rosario Robles, quien también quiso homologar las justificaciones del aborto a las condiciones que ya existen en varios estados y que están a punto de declarar inconstitucionales; o las innumerables persecuciones por presuntos desacatos administrativos a Isabel Molina Werner, ex directora del DIF y actual directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Ya nada más falta que les envíen cartas con ántrax para copiar la estrategia que aparentemente dirigen las milicias derechistas a líderes del vecino país del norte.

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal ya dio ejemplo de un maduro proceso en la elección del ombudsman y ahora tiene que apartarse de una actitud de discriminación, colocar la iniciativa de ley de Sociedades de Convivencia por encima de prejuicios, de luchas partidistas e ideológicas, pues se está frente a la oportunidad de dar un paso ejemplar de reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas como seres que nacen libres e iguales ante la ley, tal como suscribe nuestra Constitución y las garantías individuales de todo país democrático.