MIERCOLES Ť 21 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť En SLP se encontró el punto medio entre lo que quieren las bases y lo que dicta la línea

Mantendrá el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el control de los órganos de justicia partidaria

Ť El tema del código de ética motivó una profunda discusión Ť Se descentralizarán los mecanismos para sancionar a priístas ''traidores'', pero la cúpula tendrá la última palabra

MIREYA CUELLAR ENVIADA

San Luis Potosi, SLP, 19 de noviembre. Una vez más el PRI demostró aquí, en el tema del código de ética y la justicia partidaria, que todavía puede encontrar el punto medio entre lo que quieren las bases y lo que dicta la línea. Fue así que encontró la manera de descentralizar los órganos y mecanismos para sancionar a los priístas ''traidores'', sin que el Comité Ejecutivo Nacional pierda el control de los procesos que se inicien. Siempre tendrá la última palabra.

Como los delegados que participaron el fin de semana en esa mesa eran poco duchos en la redacción de documentos -aunque impetuosos para expresar lo que deseaban-, y por lo tanto no supieron cómo ajustar sobre la marcha el texto del dictamen en función de sus demandas, cuando el lunes se dio la sesión plenaria la presidenta de la mesa directiva, Mar-tha Castro, leyó un resumen de los trabajos que no se apegaba al ''espíritu'' de lo consensuado.

Y la inconformidad se hizo sentir. A Emilio Chuayffet Chemor se le agolpó la sangre en el rostro cuando vio a un grupo de delegados de Oaxaca y Guerrero abandonar sus asientos para ir hasta la parte frontal del presidium y gritarle: ''šNo se vale! šQueremos respeto! šEl artículo 2 del código de ética se modificó!''

Los ajustes de cuentas podrían derivar en persecución

En el resumen se pretendía que dicha mesa sólo había modificado ocho artículos, durante más de 30 horas de discusión, cuando en esa ''tribuna'' se había planteado durante sábado y domingo la descentralización de todos los órganos de impartición de justicia. Decenas de reclamos se escucharon contra la ''indolencia'' de la actual Comisión Nacional de Honor y Justicia, ''que nunca hace nada''. Por eso, todos querían comisiones de esa naturaleza en sus estados, además de las fiscalías y tribunales locales, rebasando el proyecto de dictamen que sólo hablaba de una fiscalía y un tribunal de carácter nacionales. Querían tener al alcance de sus consejos políticos locales y municipales la posibilidad de juzgar a los malos militantes.

Sin embargo, a esos asambleístas se les explicó la noche del domingo que dejar en el ámbito municipal la posibilidad de los ajustes de cuentas entre compañeros podría devenir ''cacería'' y ''persecución'' de miembros de fracciones distintas, así que convinieron en que lo mejor era ''bajar'' las cosas sólo hasta el ámbito estatal. Pero ni siquiera eso estaban vislumbrando en el ''resumen'' que se les hizo el lunes en la sesión de clausura; por eso protestaron.

Finalmente, los delegados de la mesa de código de ética se fueron de San Luis sin conocer la redacción final del articulado, aunque se logró controlar la inconformidad con el ofrecimiento de que posteriormente, en ''conferencia'' con la mesa de Veracruz -también competente en el tema-, se harían los cambios necesarios.

Pero el resumen ''del dictamen'' supuestamente aprobado por esa mesa, repartido la misma tarde del lunes después de que se clausuraron los trabajos, dejó ver qué es finalmente lo que se hará en materia de justicia partidista.

Ahí se dice -posición que nunca se le escuchó a ningún delegado- que era ''inconveniente la descentralización de la Comisión de Honor y Justicia''. Es decir, no habrá este tipo de comisiones en los estados, cosa que por otra parte -según explicó uno de los delegados mejor informados- no será un problema, porque durante esta asamblea dicha instancia perdió las facultades operativas que tenía y ahora serán ''meramente políticas''.

Los militantes contarán en cambio con una fiscalía en cada estado -un militante distinguido con título de abogado que usará el rimbombante nombre de fiscal de ética y disciplina- ante quien podrán presentar sus inconformidades con otro u otros de sus compañeros. Y el fiscal estará obligado a abrir un proceso, investigar y hacerla de acusador.

También habrá por entidad un ''tribunal colegiado de primera instancia'', o sea el órgano que determinará la culpabilidad o inocencia del procesado. Nada más que se reservó para la Comisión Nacional de Honor y Justicia la designación de fiscales y miembros de los tribunales estatales, cuando la asamblea se había manifestado porque esa decisión recayera en los consejos políticos de cada entidad.

También se dice en el resumen -eso lo había esbozado durante la discusión el ex senador sonorense y miembro de la comisión que redactó el proyecto de dictamen, Fernando Mendoza- que habrá un tribunal de segunda instancia. ''Para que las resoluciones emitidas por los magistrados queden perfectamente fundadas -apunta-, se acordó también que los magistrados serán designados'' a propuesta de la Comisión Nacional de Honor y Justicia por el Consejo Político Nacional, ''lo que establece la certeza de la independencia, imparcialidad y recto criterio en los juicios que se sometan a su consideración''. El decir, la cúpula nacional mantiene el control de los órganos de impartición de justicia interna.

-ƑY eso es bueno o es malo? -se le preguntó a un delegado que observó en silencio el debate y las posteriores maniobras políticas sin animarse a adoptar públicamente una postura.

-El problema no es que haya línea, quizá es una postura razonable de la dirigencia no dejar que en los estados los grupos se hagan pedazos. Lo que no se vale es que nadie de la comisión redactora haya intentado convencer a los delegados de la conveniencia de aprobar el proyecto de dictamen en los términos que fue presentado, y de las graves consecuencias que una descentralización a ultranza podría traer y se optara por la chapuza.

Los talacheros hicieron pasar fatigas a los experimentados

Aparentemente, al margen de los temas polémicos, a las tres ''tribunas'' -o mesas de discusión- instaladas aquí, casi no asistieron lo que se conoce como ''priístas distinguidos'', esos que hoy son senadores, ayer fueron diputados y mañana tienen un puesto de dirigencia partidaria. Entre uno que otro diputado local o dirigente estatal se vio a Mariano Palacios Alcocer y Carlos Rojas. De los presidentes de las mesas directivas el más experimentado fue Juan Ramiro Robledo. La mayoría de los asistentes a estas mesas eran jóvenes militantes y muchas señoras, esas que siempre le hacen la talacha al PRI en las campañas.

Pero fueron precisamente esos jóvenes y señoras, sin cabida en las mesas de Veracruz y Toluca (a las que la mayoría hubiera deseado asistir), quienes pusieron en aprietos a los viejos operadores políticos de la mesa de código de ética y justicia partidaria, y modificaron completamente -aunque a tropiezos- el proyecto de dictamen que les fue presentado.

Quizá también es cierto eso que dice la propaganda del Revolucionario Institucional -''uno de cada tres delegados a la asamblea es un nuevo militante''-, y por ello en la sesión de clausura festejaban con aplausos todos los artículos del código de ética que se refieren al tema de la expulsión de militantes, cuando en realidad no se hicieron adiciones en ese rubro al texto históricamente existente.

El júbilo daba la impresión de que pensaban estar incluyendo algo nuevo. Quizá descubriéndolo.