MIERCOLES Ť 21 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Las leyes de inmunidad procesal, entre los obstáculos para combatir ese delito
Reporta Amnistía tortura e impunidad en 150 países
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 20 de noviembre. La organización Amnistía Internacional (AI) presentó hoy un panorama desolador en materia de tortura perpetrada desde el Estado.
El último informe de la sección española de AI, llamado Acabar con la impunidad. Justicia para las víctimas de la tortura, concluyó que en más de 150 países se ha ejercido la tortura en los últimos cuatro años, con el agravante de que en prácticamente todos persiste la "impunidad", más aún en aquellos en los que se ha puesto en marcha una supuesta campaña de "reconciliación nacional", que sólo ha motivado "la persistencia de la impunidad".
En la mayoría de los países del mundo, el poder del Estado continúa ejerciendo prácticas ilegales que han dejado en su historial un número inconcebible de desaparecidos, torturados y mutilados.
Los métodos tampoco han variado mucho: cables eléctricos, manipulación mental y golpes. Amnistía Internacional reconoció que la situación de la tortura en el mundo requiere de la concientización de la sociedad, por lo que desde España se emprendió una campaña para recordar sobre todo dos episodios que figuran entre los más oscuros de esta trágica realidad: las dictaduras de Argentina y Chile.
AI reconoce que en el delito de la tortura hay una constante: "la persistencia de la impunidad" de los ejecutores de estos actos, pero también subraya en su informe que hay países como Argentina, Chile y Guatemala, en los que son los propios gobiernos los que protegen a sus verdugos. "Hay falta de voluntad política para que los que cometen actos de tortura puedan ser investigados, procesados y castigados, y para que las víctimas obtengan la reparación adecuada", señala el informe de la organización.
Amnistía cita entre los países donde se practica la tortura a México, Nicaragua, Perú, Sierra Leona, Uruguay, Argelia, Turquía, Chechenia y Brasil.
El informe constata que los principales obstáculos para las investigaciones y los procesamientos son las leyes nacionales de amnistía, destinadas a proteger a los responsables de los delitos de acción de la justicia, y a menudo las leyes que conceden la inmunidad procesal a los torturadores se han introducido en momentos de transición política, con el pretexto de favorecer la reconciliación nacional.
Pero la experiencia ha demostrado que cuando se deja de hacer justicia en nombre de la reconciliación nacional, se paga un alto precio cuyas consecuencias recaen en la sociedad en su conjunto, además de en las víctimas y en sus familiares.