DOMINGO Ť 18 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Bloquean con maderos y piedras parte de la carretera Chicontepec Alamo desde 2000
Campesinos enfrentados al gobierno de Veracruz impiden servicio de autobús
Ť Exigen registro de una cooperativa indígena de transporte e indemnizaciones por atropellados
ANDRES MORALES Y GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSALES
Alamo, Ver., 17 de noviembre. Un accidente vial ocurrido el 5 de septiembre del año pasado, en el que fallecieron cinco indígenas, mantiene a habitantes de cuatro municipios de esta región en-frentados al gobierno del estado y a la empresa Autobuses Alamo, propiedad de la familia Mejía.
Actualmente, alrededor de 100 patrullas de Seguridad Pública escoltan a los autobuses que circulan por los municipios de Chicontepec y Benito Juárez, además de que la empresa tiene suspendido el servicio en Ixhuatlán de Madero y parte de Alamo, debido a que los campesinos tienen bloqueados los caminos con maderos y piedras.
El problema se agravó cuando -molestos por los constantes accidentes que provocaban las unidades de Autobuses Alamo y el mal trato que daban los conductores a los usuarios- los pobladores fundaron una cooperativa de transporte y ante la negativa para obtener su registro iniciaron hace un mes, por la vía del hecho, la explotación del servicio de pasajeros.
El accidente
Luego de que una unidad de Autobuses Alamo atropelló y mató a cinco indígenas el 5 de septiembre de 2000, los pobladores y familiares de las víctimas exigieron indemnización. Para ello retuvieron varias unidades de pasajeros de la empresa y las concentraron en el poblado Zocohuite, municipio de Ixhuatlán de Madero, hasta que se indemnizara a los deudos.
Un mes y medio después la secretaría de Seguridad Pública envió a 800 policías a "recuperar" los vehículos. Al llegar fueron recibidos por 4 mil campesinos, quienes detuvieron y desnudaron a 85 gendarmes y, atados de pies y manos, los entregaron, junto con sus armas, al agente municipal de la comunidad. Asimismo fueron detenidos 12 trabajadores de Autobuses Alamo que acompañaban a los policías para recuperar los camiones.
En la refriega falleció Bernardino Antonio Pacheco y resultaron lesionados de gravedad Delfino de la Cruz, quien recibió un balazo en una pierna, y Lázaro Juárez, quien fue embestido por una patrulla.
Tras la entrega de los 85 policías el gobierno inició negociaciones que concluyeron con la firma de una minuta para indemnizar a las víctimas, detener los procesos judiciales abiertos contra los dirigentes campesinos y otorgar la concesión para prestar el servicio de transporte rural que evitaría el monopolio en la zona de la línea Alamo.
Hasta la fecha ninguno de los acuerdos ha sido cumplido. La familia de Bernardino Antonio Pacheco espera el apoyo oficial, mientras que los campesinos heridos durante el enfrentamiento no pueden trabajar por su incapacidad y no tienen pensión para mantener a sus hijos.
Hace un mes, ante la negativa de la dirección general de Tránsito para otorgar el reconocimiento y las concesiones a la cooperativa indígena, los campesinos pusieron a circular cinco camiones para proporcionar el servicio a comunidades rurales de los municipios de Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Chicontepec y Alamo.
Nueve días después empleados de Autobuses Alamo, armados, detuvieron dos unidades de la cooperativa indígena, golpearon a conductores y pasajeros que en ese momento se encontraban en ambos vehículos, cuyos neumáticos fueron baleados.
El secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano, anunció el restablecimiento del servicio de pasajeros en los mencionados municipios huastecos y a partir del 28 de octubre pasado fueron enviadas alrededor de 100 patrullas de la DGSPE para escoltar a los camiones de pasajeros de la línea Alamo.
Empero, la noche del 2 de noviembre una de estas unidades atropelló al campesino Santiago González Antonia, de la comunidad La Pedrera, quien pereció al día siguiente. La respuesta de los lugareños fue bloquear el acceso a los vehículos de la empresa de la familia Mejía y establecer retenes sobre la carretera Chicontepec-Alamo.
Los directivos de Autobuses Alamo decidieron suspender el servicio en la región pese a que representantes de la secretaría general de Gobierno iniciaron negociaciones para que se pudiera restablecer.
Aun cuando una comisión de miembros de la Organización Indígena de la Zona Norte de Veracruz se trasladó a la ciudad de Jalapa para negociar con diversos funcionarios y solicitar una audiencia con el gobernador Miguel Alemán Velasco, el diálogo no dio resultado.
Detienen a dirigentes indígenas
El pasado martes por la tarde, tras ofrecer una conferencia de prensa afuera de la Cámara de Diputados en el Distrito Federal, efectivos de la Policía Federal Preventiva aprehendieron a Lauro Cruz Cruz, quien encabeza la Sociedad Cooperativa de Transporte Indígena Tzocohuite (SCTIT) y lo trasladaron al penal de Chicontepec.
Simultáneamente, en el municipio de Benito Juárez fue detenido Felipe Hernández Hernández, dirigente de la Organización Regional de la Zona Norte del estado (ORZNV), quien también fue enviado a dicho reclusorio.
El subprocurador de Justicia, Mario Reyes Marín, informó que ambos tenían pendientes órdenes de aprehensión obsequiadas por el juzgado mixto de primera instancia de Chicontepec, que abrió la causa penal por delitos contra la seguridad de los medios de transporte y las vías de comunicación, ultrajes a la autoridad en agravio de la función pública y privación ilegal de la libertad de 97 personas, entre ellas 85 policías.
Seguridad Pública del estado informó que están pendientes de ejecutar otras nueve órdenes de aprehensión contra integrantes de la ORZNV.
El asesor jurídico de la ORZNV, Evencio Vera Hernández, calificó la detención de los dirigentes de traición de las autoridades estatales que habían estado negociando una solución pacífica y firmaron acuerdos para suspender los procesos judiciales contra estas personas.
A todo esto, Manuel Mejía, director de operaciones de Transportes Alamo, comentó que con la aprehensión de los mencionados dirigentes "resurgirá la tranquilidad en esa región, pero aun así el gobierno debe garantizar la seguridad para que las unidades de la empresa normalicen totalmente el servicio, ya que miembros de la ORZNV mantienen bloqueados los caminos con maderos y piedras y así no se va a poder trabajar".
Mencionó que la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, a la cual pertenece Autobuses Alamo, pide que el gobierno del estado restablezca el estado de derecho, dé seguridad en esa región y establezca un esquema claro de concesiones, que éstas se respeten y presten el servicio los que cuenten con ellas.
En los dos últimos años, dijo, Autobuses Alamo adquirió 40 camiones que requirieron una gran inversión de dinero y por el conflicto han estado parados hace 11 meses, con pérdidas bastante fuertes.
Mejía consideró que la cooperativa formada por los dirigentes de la ORZNV "sólo es un negocio particular" que no beneficia a las comunidades, "ya que metieron autobuses viejos que no sirven, además de que les cobran un servicio de caseta y multas por no asistir a reuniones".
Por último, Carlos Demuner Pitol, presidente de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, exigió la intervención de la secretaría de Seguridad Pública para brindar protección a las unidades de Autobuses Alamo y restablecer las rutas suspendidas desde octubre de 2000.