Ť Manifestación contra las expropiaciones, de Atenco a la sede del Ejecutivo

"La tierra es como nuestra madre", dicen ejidatarios frente a Los Pinos

MATILDE PEREZ U.

Llegaron a Los Pinos con la bandera nacional, la Virgen de Guadalupe, el Divino Salvador (patrono del pueblo) y Zapata. Llegaron con las herramientas de labor ?machetes y azadones? entre sus manos, con cañas y mazorcas, y con voz fuerte. ''No venderemos la tierra, porque es como nuestra madre'', advirtieron.

"Fox ?dijo un orador?, esperamos que recapacites y que cumplas con tu palabra de respetar bienes, usos y costumbres, y no hagas lo mismo que Arturo Montiel (gobernador del estado de México), quien corrió con granaderos a los pueblos que se presentaron al palacio de gobierno para pedir solución al conflicto de sus tierras. Eso fue bochornoso, lo mismo pretendes hacer con tu proyecto del aeropuerto".

A medio kilómetro de una de las dos entradas principales a Los Pinos, resguardada por un centenar de granaderos, los ejidatarios de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo reiteraron su mensaje: ''no venimos a negociar, sino a decirles que no vamos a dejar que toquen nuestra tierra''.

Jornada de percances

Desde las cinco de la mañana empezaron a lanzarse cohetones en San Salvador Atenco. Era el aviso para que los campesinos se reunieran en la plaza central a fin de abordar los autobuses que los llevarían a Los Pinos. Llegaron paulatinamente. Aguardaron con paciencia a los demorados. Otros autobuses estaban ya en los sitios acordados un día antes para recoger a los de los ejidos vecinos. El lugar de reunión de los autobuses sería en la caseta de la autopista Texcoco-México. De ahí al Angel de la Independencia y luego, a pie, hacia la residencia oficial de Los Pinos.

Un grupo de 15 agentes judiciales del estado de México detuvo el camión que transportaba a los ejidatarios de Acuexcomac, acompañados por José Gil García, uno de los jóvenes ejidatarios de San Salvador Atenco, quien narró: ''nos bajaron (del camión) y revisaron a cada uno. Primero nos dijeron que íbamos armados y al no encontrar nada nos dejaron ir, pero nos advirtieron que ya nos dejáramos de pendejadas y de defender la tierra. Se llevaron al chofer". Horas después éste fue liberado.

En la entrada de la caseta de cobro de la autopista nadie sabía del incidente. Sólo consultaban los relojes y hablaban del retraso de la caravana de casi 40 autobuses y microbuses. Pero algunos de la decena de agentes de seguridad del estado de México asignados para seguir a los manifestantes comentaron que no llegarían muchos autobuses, porque los ejidatarios "ya estaban negociando".

El atraso provocó un cambio en el recorrido acordado y un acceso caótico a la ciudad de México. Los autobuses arribaron, por distintas vías, en pequeños grupos, a la altura del Museo de Antropología e Historia, en avenida Reforma. Nunca llegaron los contingentes del Congreso Agrario Permanente ni de la UNT, como sus representantes había anunciado.

Los ejidatarios de San Salvador Atenco encabezaron la marcha; atrás, con ejidatarios de Texcoco, el alcalde de ese municipio, Horacio Duarte Olivares, y cuatro regidores.

El primer enojo de los ejidatarios se produjo cuando se toparon con la patrulla 22025, de la policía capitalina, en el cruce de Reforma y el Chivatito. ''¡Queremos llegar frente a Los Pinos!'', gritaban los campesinos, quienes intentaron quitar el vehículo que les impedía el paso, porque ''aquí se hace lo que el pueblo dice''.

Angustiado y sudoroso, Gerardo Romero, director de Gestión Social del Gobierno del DF, habló con los coordinadores de la marcha. A ellos les aseguró, una y otra vez, que ya todo estaba arreglado; ''¡los van a recibir!''

Finalmente, los manifestantes llegaron cantando el Himno Nacional y con los machetes en alto hasta las redes metálicas que los separaban de los granaderos. ''¡Este machete sí para el fuego, no te me acerques, pinche granadero!'', arengaban.

Los rostros enrojecieron. El coraje y la impotencia retenidos llegaron a la catarsis. Se colocaron en hileras de 20 hombres por tres al fondo, y chocaron los machetes contra las barras metálicas. ''¡No les vamos a dejar la tierra!'', gritaban. Después llegó la orden: ''¡atrás, atrás!''

Las comisiones de Texcoco, encabezada por el munícipe Horacio Duarte, y de San Salvador Atenco, con Jesús Adán Espinosa Rosas al frente, entraron por separado; la primera con un escrito, la segunda sólo con la advertencia: ''¡si no nos hacen caso nos vamos a hacer respetar con el aval del pueblo!''

 En Los Pinos, el trato fue diferente para cada una de ellas. La de Texcoco fue recibida por el director de Concertación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y el director de audiencias de la Presidencia; a la de San Salvador la atendió un ayudante del director de audiencias de la Presidencia, según versión de los ejidatarios.

Los ejidatarios de San Salvador Atenco dejaron la advertencia: ''que el gobierno no juegue con nosotros, porque lo que nos pretenden quitar es la tierra y nuestra vida; las defenderemos a costa de lo que sea''.

Por la noche informaron que el jurista Ignacio Burgoa Orihuela aceptó encabezar la defensa legal de ese núcleo agrario.

El presidente municipal de Texcoco, Duarte Olivares, se dijo a la espera de la respuesta al escrito de rechazo a la construcción del aeropuerto y manifestó su compromiso de defender el derecho de los campesinos por la vía del amparo y de la controversia constitucional ante la injusta decisión del gobierno federal. CON INFORMACION DE JAVIER SALINAS CESAREO Y RENE RAMON ALVARADO

Secodam vigilará con escrúpulo el proceso

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará escrupulosamente la legalidad y ejecución de las obras que licite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, afirmó Guillermo Haro Bélchez, titular la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secodam. El funcionario señaló, en referencia a la encuesta de transparencia recientemente publicada, que la corrupción cuesta al país anualmente 30 mil millones de dólares, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para transparentar la administración pública y hacer efectiva la rendición de cuentas.

Ť Pretenden dividir a los ejidatarios, afirman opositores al aeropuerto en Texcoco

Procuraduría Agraria y CNC se arrogan representación legal de los inconformes

ANGELICA ENCISO Y JAVIER SALINAS Y RAMON ALVARADO CORRESPONSALES

La mañana de ayer, mientras ejidatarios de San Salvador Atenco hacían su primera movilización a la ciudad de México en protesta por la expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto, el procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, acudió a la zona para convencer a un grupo de campesinos de que otorguen a esa dependencia la representación legal. Al mismo tiempo la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) anunciaba, en ausencia de ejidatarios, que busca asesorar a los afectados.

Inesperadamente, a diez días de que comenzó el conflicto por la expropiación de 5 mil 300 hectáreas en los municipios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, Martínez Garza se reunió con unos cien ejidatarios ?de los 5 mil 300 que tienen el conflicto?, los cuales dijeron tener representatividad, sin acreditarla, de los 13 ejidos y a quienes el funcionario insistió para que esa institución los represente legalmente.

Garza Martínez explicó que la propuesta es interponer ante el Poder Judicial de la Federación el juicio de amparo "para que se mejore el precio que el gobierno federal quiere pagar por la tierra". Para quien no quiera vender sus parcelas se va a pedir la suspensión del decreto.

El funcionario explicó en entrevista que se ha logrado acercamiento con campesinos de nueve de los 13 ejidos afectados, propietarios de terrenos en Santa Isabel Ixtapan, Tocuila, Huexotla, San Martín, Santiago Cuautlalpan, Nexquipayac, San Bernardino, Chimalhuacán y San Felipe-Santa Cruz. Reconoció que formalmente sólo 150 campesinos solicitaron el apoyo de esta dependencia, pero confió en que al paso de los días se logre un mayor consenso para apoyar jurídicamente a los campesinos que hasta el momento se niegan a vender su tierra al gobierno.

Reconoció que el pago que el gobierno federal pretende hacer, después del avalúo de la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin), es injusto; "queremos que sea el valor comercial". No sólo se defenderá el valor de las tierras, sino también, agregó, la inconstitucionalidad del decreto expropiatorio para mantener sus tierras.

En el encuentro, los ejidatarios manifestaron su inconformidad al grupo de funcionarios de la Procuraduría Agraria por la forma en que se dio la expropiación. Se quejaron de la falta de información y sobre todo del precio "de risa" que les quieren pagar por sus tierras, pero también cuestionaron la credibilidad de esta dependencia.

Ahí, Martínez Garza instruyó al director general jurídico y de representación de la Procuraduría Agraria, Jorge Edmundo Beller Esparza, para encargarse del proceso jurídico de los ejidatarios, quien informó que ya tiene preparado un "catálogo de concepto de violaciones" en las que se incurrió en los 19 decretos de expropiación de las tierras ejidales.

Destacó que en los decretos de expropiación existen dos violaciones específicas; la que se refiere al precio que ofrecen por los terrenos, ya que el artículo 94 indica que la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales calculará con base al valor comercial; sin embargo, ''los siete pesos que se pretenden pagar no son ni remotamente el valor comercial de las tierras". Otro aspecto de violación de los decretos, explicó a los ejidatarios, es el de la utilidad pública, porque "no se encuentra a nuestro juicio suficientemente comprobada".

José Elías Martínez, comisariado ejidal de San Salvador Atenco, y Juan Manuel Galicia, representante del Frente Unido de Comunidades contra el Aeropuerto, calificaron la reunión con el procurador agrario de "amañada", porque no es representativa. Aseguraron que pretende dividir a los ejidatarios y quiere dar "el madruguete" al movimiento de oposición. Dijeron que desconocían de la reunión, pues ni a ellos, al igual que a los comisariados ejidales de Acuecomac y la Magdalena, entre otros, se les avisó de la reunión.

En tanto, la CNC anunció una reunión con ejidatarios afectados, pero finalmente se limitó a dar una conferencia con la prensa en la que sólo estuvieron el secretario de Organización, Lino Celaya, y Guillermina Cacique, dirigente de la CNC en el estado de México. A lo largo de sus respuestas, ambos dirigentes resaltaron el hecho de que la mayor parte de los ejidatarios no tiene sus documentos en regla, lo cual dificultará el establecimiento de los amparos.

Aseguraron que había diez representantes de los 13 ejidos "reunidos en privado" con el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López, con quienes se buscaría tomar acuerdos y en principio estaba el planteamiento de la asesoría jurídica con un equipo de 16 abogados.

Inician averiguaciones previas por ocupación ilegal de bienes

La Procuraduría General de Justicia del estado de México comenzó tres averiguaciones previas por los delitos de ocupación ilegal de bienes destinados al servicio público y ataques a las vías de comunicación contra quien resulte responsable, por las movilizaciones de campesinos que se oponen a la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco.

Asimismo, el procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, informó que además existen tres órdenes de aprehensión en contra de sujetos que vendieron lotes de manera irregular a las personas que ahora se oponen al proyecto. En entrevista, el funcionario estatal dijo que el gobierno del estado respeta el derecho constitucional que tienen los ejidatarios de San Salvador Atenco a manifestarse, pero sujetándose a los límites legales.

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, externó que el asunto del nuevo aeropuerto está politizado y las opiniones de los detractores sobre la decisión de que se construya en Texcoco son meramente para eso, " para hacer política''.

Luego de la entrega de títulos a pilotos aviadores en las oficinas de la SEP, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, rechazó opinar sobre el asunto y a empellones se quitó a decenas de reporteros que lo rodearon.

Mientras, la bancada del PT en la Cámara de Diputados anunció que va a citar a comparecer al pleno a los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de la Reforma Agraria, para que justifiquen el "pago irrisorio" que se pretende dar a los propietarios de los terrenos a expropiar para construir el nuevo aeropuerto. CON INFORMACION DE CLAUDIO BAÑUELOS, ISRAEL DAVILA, SILVIA CHAVEZ GONZALEZ, CORRESPONSALES, Y CLAUDIA HERRERA Y ROBERTO GARDUÑO

Ť Hasta el momento han efectuado tres reuniones privadas para impulsar el proyecto

En cónclave, funcionarios federales y estatales cierran filas en torno a la nueva terminal aérea

PATRICIA MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA

Los gobiernos federal y del estado de México acordaron apoyos en educación, salud, desarrollo económico, vivienda y empleo a los habitantes de la zona de Texcoco que serán afectados por la expropiación de tierras para la construcción del nuevo aeropuerto.

La mayor parte del gabinete de Vicente Fox llevó a cabo tres reuniones entre martes y miércoles para apoyar la construcción de la nueva terminal aeroportuaria en Texcoco y acordar las primeras acciones. Como parte de sus conclusiones determinaron ''atender con gran sensibilidad y justicia los asuntos vinculados con el arraigo de estas familias a la tierra'' y establecer diversos apoyos inmediatos y de mediano y largo plazos.

Los acuerdos fueron tomados por los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola; de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; de Educación, Reyes Tamez Guerra; de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger; de Salud, Julio Frenk, y de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, así como el gobernador mexiquense, Arturo Montiel, y su gabinete.

En el encuentro se estableció una "ruta" de acciones a corto, mediano y largo plazos, así como una especie de cronograma de acciones para atender las demandas sociales, las cuales -aseguró el gobierno estatal- "ya se empezaron a recoger". Las primeras medidas que los funcionarios convinieron fueron: hacer un diagnóstico de los requerimientos en salud, educación y cuestión económica, así como de necesidades de generación de empleo, a fin de establecer una especie de política de apoyo integral para el desarrollo del área.

La Secretaría de Gobernación apuntó en este sentido "que no se trata de un programa de compensación" sino de una política de atención social, en un paquete de acciones colaterales a la construcción del aeropuerto.

Durante la reunión se abordó además el tema de las expropiaciones. No sólo se trató el asunto de las indemnizaciones de los terrenos ejidales, también la definición de criterios diferentes para hacer avalúos en aquellos terrenos donde ya existan construcciones.

Acordaron ''unir esfuerzos'' para fortalecer el proyecto del nuevo aeropuerto; por ello además de la respuesta social que se dará, comenzaron a indicar los requerimientos de infraestructura de la zona, en materia hidráulica y vialidades, así como "servicios de protección para el entorno ecológico".

La reunión se efectuó a puerta cerrada. No fue convocada la prensa, pese a que, paradójicamente, uno de los puntos prioritarios que señalaron es "reforzar los mecanismos de comunicación con la sociedad, para que los habitantes y vecinos de la zona cuenten con información y asesorías necesarias". Y fueron más allá, al sostener que "se concluyó que la garantía es que nadie se quede sin ser escuchado y atendido".