JUEVES Ť 1Ű Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Falta de pruebas

Impugna el PRI decisión de no consignar a Machorro

SUSANA GONZALEZ G.

Ante la resolución de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de no ejercitar acción penal contra Armando Machorro -a quien el PRI acusó de trabajar como asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y, al mismo tiempo, como jefe de prensa en la campaña de Lázaro Cárdenas, candidato a la gubernatura de Michoacán-, Felipe Solís Acero, representante del PRI en el IFE, interpuso ayer un recurso de inconformidad ante la PGJDF.

"El PRI se siente agraviado con esta resolución porque es infundada y con visos de carácter político", por lo que advirtió que si la PGJDF no da cauce a su demanda, su partido acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Ministerio Público, se quejó, "dijo simple y llanamente que no había pruebas suficientes para sustentar la acusación que presentamos el 23 de septiembre contra Armando Machorro", aun cuando fue presentado un expediente con una certificación notarial que probaba las faltas de carácter penal en las que incurrió el perredista.

Con la desestimación que las autoridades hicieron de las pruebas "contundentes" que se les entregaron, Solís Acero consideró que "se trata simplemente de una decisión tomada por una Fiscalía que está al servicio del jefe de Gobierno del Distrito Federal (Andrés Manuel López Obrador), y por esa vía se está protegiendo a los servidores públicos que trabajan en Michoacán pero pagados por el Distrito Federal".

La ley, insistió, claramente establece que una persona no puede cobrar en una dependencia del gobierno, del nivel que sea, y al mismo tiempo prestar sus servicios para un partido político.

Ante ello Machorro, que cobraba 41 mil pesos como asesor de la Secretaría de Seguridad Pública, incurrió en faltas de carácter penal, "pero también su jefe inmediato que lo autorizó", agregó en alusión a Leonel Godoy, secretario de la SSP.