JUEVES Ť 1Ɔ Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Logra un amparo definitivo contra los delitos federales que le imputan
Ordena tribunal a un juez militar revocar la sentencia contra el coronel Pablo Castellanos
Ť El capitán David Hernández, acusado de proporcionar información, también fue absuelto
JESUS ARANDA
Después de un litigio de casi cinco años y dos sentencias condenatorias de la justicia militar, el tercer tribunal colegiado en materia penal otorgó amparo definitivo al coronel Pablo Castellanos, por los delitos federales de infracción de deberes de los funcionarios públicos -en los que se basó la acusación que se le imputó por haber "revelado" secretos militares, que fueron publicados por una revista de circulación nacional-, y ordenó al juez militar revocar la sentencia condenatoria y emitir en 24 horas una nueva resolución "que vaya de acuerdo con la sentencia absolutoria".
El coronel Castellanos, especialista en inteligencia militar, fue arrestado el 3 de abril de 1996 a raíz de que Pedro Cervantes Aguirre -hermano del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre-, descubrió que poseía tarjetas de "inteligencia militar" que hacían referencia a un tal "Pedro", que tenía vínculos con el narcotráfico -información que posteriormente fue publicada. Así, fue procesado y sentenciado por el fuero de guerra, cuando el general Rafael Macedo de la Concha fungía como procurador militar.
Esta es la segunda batalla legal que Castellanos le gana al Ejército, porque hace unos meses, después de una serie de amparos "para efectos" que había obtenido, el coronel obtuvo la libertad condicional, pero estaba obligado a firmar cada semana en la ciudad de Guadalajara, lugar en el que inexplicablemente estuvo detenido y fue sentenciado por un consejo de guerra en la Quinta Región Militar, con sede en Zapopan, Jalisco.
Precisamente, su traslado a esa ciudad fue una de las irregularidades que se denunciaron en su momento, porque los presuntos delitos que se le imputaban habrían sido cometidos en el Distrito Federal y no existía razón para que fuera trasladado, debido a que trabajaba en la Escuela Superior de Guerra y su familia residía en la ciudad de México.
Pablo Castellanos fue procesado en dos causas: la primera, por ejercicio indebido del servicio público, revelación de secretos e infracción de deberes comunes a los militares, y la segunda, por ejercicio indebido del servicio público e infracción de deberes militares de todos los obligados a servir en el Ejército en razón de su cargo, empleo o comisión. En ambos procesos recibió la pena máxima de 5 años 8 meses y 5 años 6 meses de prisión, respectivamente.
De acuerdo con su abogado, Cuauhtémoc Sotelo, fue tan ilógica la sentencia que la justicia castrense tuvo que exonerarlo del delito de "revelación de secretos", con el que se pretendía fundamentar que había entregado información "secreta" para su publicación.
Además de la pena corporal, a Castellanos le quitaron el cargo de coronel y fue inhabilitado para trabajar en el Ejército.
Ahora, una vez que el juez militar emita el fallo absolutorio, adelantó Sotelo en entrevista, Pablo Castellanos solicitará su plena reintegración al Ejército -después de estar casi 5 años fuera del servicio activo-, y en caso contrario acudiría nuevamente a la justicia federal para exigir su reinstalación.
A su vez, el capitán David Hernández Torres, quien fue acusado por las autoridades militares de haberle proporcionado la información al coronel, fue absuelto de los delitos federales que le imputaban y quedó a la espera de una nueva sentencia del fuero castrense.
Por otra parte, Sotelo destacó que la sentencia es muy importante para la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país, porque se demostró que el Poder Judicial Federal está en condiciones de echar abajo sentencias "falsas e indebidas" que dictamina el fuero militar, y aseveró que también revela la necesidad de una reforma radical en el sistema de administración y procuración de justicia para que se respeten los derechos humanos de los soldados.