JUEVES Ť Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Presidencia buscó al organismo para analizar las observaciones de Sané

AI pidió a Fox esclarecer violaciones del pasado

Ť Revela contenido de un documento entregado al jefe del Ejecutivo el 13 de marzo

VICTOR BALLINAS

El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, entregó en marzo pasado al presidente Vicente Fox las observaciones de ese organismo acerca de la situación de los derechos humanos en el país. En el texto se destaca que "es tal el descrédito de México en relación a la protección de los derechos humanos, que las reformas necesarias para garantizar la vigencia de esos derechos requerirá de un periodo de transición a medida que se establezcan los cimientos para una cultura y práctica cotidiana de los mismos".

Sané se entrevistó en privado con Vicente Fox el 13 de marzo pasado en Los Pinos, y le entregó un memorándum en el que manifiesta las preocupaciones de AI. El documento señala que "el gobierno tiene la responsabilidad de esclarecer las violaciones del pasado en derechos humanos, pues sólo con la verdad y la justicia que han venido reclamando por largos años los familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos se evitará que hechos semejantes se repitan".

AI hizo público el informe entregado al Presidente, porque el Ejecutivo citó al organismo -después del asesinato de la abogada Digna Ochoa- para evaluar la situación descrita en dicho memorándum.

"Hay preocupación en el jefe del Ejecutivo", informaron funcionarios de Presidencia a Christian Rojas, director de AI en México.

Sané destacó en su escrito -de fecha 13 de marzo- que "en los últimos 35 años Amnistía Internacional se ha dirigido a los gobiernos en turno sobre los principales motivos de preocupación de ese organismo en el país: privación ilegal de la libertad, tortura, maltrato, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales".

Asimismo, agregó Sané, "es preocupante la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre tales abusos; la casi absoluta impunidad que viene prevaleciendo en esos casos y el ejercicio jurisdiccional de tribunales militares".

El documento de AI señala que las detenciones arbitrarias se han incrementado en los últimos tiempos, y que las autoridades mexicanas no parecen haber tomado acciones efectivas para erradicar la práctica de la tortura y malos tratos. "Durante tres décadas este organismo ha venido documentando las desapariciones forzadas en México, muchos de estos casos nunca han sido investigados y todavía quedan por aclarar", y dice que "en los 90 disminuyeron esas prácticas".

Puntualiza que la importancia de garantizar un juicio justo implica la necesidad de adelantar, durante el presente periodo presidencial, reformas que aseguren la plena autonomía e imparcialidad de los sistemas de procuración e impartición de justicia, y que los procedimientos realizados por procuradores y jueces estén "en todo momento apegados a las normas internacionales pertinentes".

El organismo internacional le hizo notar al presidente Fox que la PGR "tiene amplísimos poderes y la legislación le otorga también amplísimas facultades en materia de investigación y privación de la libertad; esta situación es uno de los factores que han contribuído a la práctica sistemática de la detención ilegal".

AI también menciona que en México los militares implicados en casos de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura son investigados y procesados por tribunales militares, y solicita que esa práctica sea erradicada, garantizando así la preminencia de un estado de derecho y la protección de las garantías.

Los Estados, sostuvo AI, "están obligados a investigar las violaciones en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y llevar a los que las perpetraron ante la justicia."

Se destaca que AI ha registrado las repetidas amenazas en México contra defensores y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente en su trabajo de buscar y lograr justicia.

Sané recomendó que, "con la promesa del presidente Fox de actualizar el marco constitucional", se incorporen a ella los avances en los acuerdos internacionales que México ha signado en materia de derechos humanos, y que la visión de una reforma a la Constitución "no debe excluir a los familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos. Solamente con el logro de la verdad y la justicia que ellos han venido reclamando por largos años se evitará que hechos semejantes se repitan".

Asimismo, instó a México a preparar un nuevo plan de derechos humanos como marco inicial del establecimiento de su política en la materia anunciada el 1Ɔ de enero de 2000 y reiterada el 5 de febrero del 2001.