DOMINGO Ť 14 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Los 45 mil mdp inyectados a Inverlat se fueron a Islas Caimán, acusa documento

Se niegan bancos beneficiados por el IPAB a someterse a auditorías de ley

Ť Los banqueros argumentan que con el informe Mackey se cubre tal requerimiento

Ť La naturaleza del reporte no proporciona la misma información, reconoció el canadiense

ROBERTO GARDUÑO Y TRIUNFO ELIZALDE

Entre los actos de ilegalidad detectados en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario se cuenta la firma del convenio para el canje de pagarés con los bancos rescatados, porque se realizó sin que las instituciones bancarias, hasta la fecha, acepten someterse a las auditorías dispuestas en la Ley del IPAB. Un documento repartido a integrantes de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados sostiene que, además del irrisorio costo del Banco Inverlat -su valor ascendía a mil 100 millones de dólares y se vendió en 250 millones al grupo canadiense Scotiabank-, el gobierno federal le inyectó 45 mil millones de pesos (casi la mitad de la recaudación adicional estimada por la aplicación del IVA a alimentos y medicinas), que fueron triangulados al paraíso fiscal de las Islas Gran Caimán.

No se conocen operaciones

A la fecha el IPAB ha dejado transcurrir el tiempo para iniciar el intercambio de los pagarés, porque sabe que haber firmado con las instituciones bancarias significa una violación al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que establece como obligación inicial la aplicación de auditorías a los bancos beneficiados por el rescate financiero. No obstante, ninguna de estas instituciones ha permitido que las autoridades federales auditen sus operaciones.

Y es que el argumento de los bancos que fueron beneficiados por el Fobaproa es que el informe Mackey significa para ellos una auditoría, a pesar de que el mismo auditor canadiense aclara la naturaleza del trabajo que elaboró para la Cámara de Diputados: "Los términos de referencia de ésta revisión fueron diferentes a los de una auditoría financiera y no debe considerarse que proporcionan la misma información y nivel de seguridad que una auditoria financiera".

Lo peor de esto es que los bancos supuestamente ya firmaron su adhesión al nuevo programa y por ello actualmente rehúsan las auditorías. De la misma forma que el IPAB incurre en una grave anomalía al considerar que el reporte Mackey es una auditoría, cuando el mismo autor la descalifica como tal, el instituto también violenta el ordenamiento legal porque aceptó firmar el nuevo Programa de Capitalización -a través del canje de pagarés- sin haber concluido las auditorías respectivas.

Incluso, el IPAB también violó las reglas generales del nuevo Programa de Capitalización porque decidió no aumentar el porcentaje de pérdidas compartidas hasta el 50 por ciento (el actual es 25).

Intervención especial

En el caso del rescate de Inverlat, ese banco fue objeto de una "intervención especial" por el alto grado de descapitalización de que fue objeto, y por lo tanto el gobierno federal es poseedor de 36 por ciento de las acciones del grupo financiero Nova Scotia-Inverlat, situación que se dio en forma desventajosa para las autoridades federales:

"El acuerdo al que llegaron los funcionarios mexicanos y los canadienses fue que inicialmente -los dueños de Nova Scotia- aportarían 100 millones de dólares para administrar Inverlat y posteriormente con 150 millones más obtendrían los derechos de compra, además el gobierno mexicano se comprometía a mantener el 9 por ciento de la capitalización de Inverlat." Aquello significó otro revés para los recursos públicos, porque el valor aproximado del banco era de mil 100 millones de dólares, y sólo se vendió en 250 millones.

Aquel compromiso gubernamental de capitalizar el banco, en número significó una erogación de 45 mil millones de pesos, pero la intención fue disfrazar ese rescate y negar que se hizo con dinero del erario nacional, y por esa razón fueron triangulados al paraíso fiscal de las Islas Caimán, para que regresaran al banco en forma de capitalización con fideicomisos y empresas que aparentemente se convirtieron en accionistas del banco, propiciando que 9 por ciento del capital de Inverlat se encuentre dividido en accionistas de los que no se conoce su identidad.

Mas dudas

Otro caso es el del Banco del Atlántico. En 1997, Antonio del Valle, director general de Bital, manifestó interés en "adquirir" el primero en términos de fungir como administrador, pero tras una serie de decisiones inexplicables dentro del Fobaproa, ahora Bital le está exigiendo al IPAB "una aportación" de 13 mil millones de pesos con el argumento de que ese banco no fue suficientemente saneado por el Fobaproa.

Además, como resultado del reporte Mackey se definió un universo de 18 mil 973 transacciones reportables cuyo monto asciende a los 73 mil millones de pesos. De esas operaciones se definieron tres grupos:

- Las operaciones llamadas Aa, que ascienden a 24 mil millones de pesos, cuya razón de reportabilidad obedece a que no cumplieron los requisitos establecidos por el Fobaproa en los programas de compra de cartera.

--Las operaciones B, cuya razón de reportabilidad obedece a que fueron créditos otorgados a partes relacionadas, es decir, a accionistas de bancos, y que ascienden a 42 mil millones de pesos.

- Y las operaciones C, que contemplan un monto de 6 mil millones de pesos, y son llamadas así porque definitivamente si existió violación a la ley.

Por otro lado los bancos que fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la crisis, aún no son entregados al IPAB por la CNBV, para que el instituto pueda realizar la venta de los activos y reducir el costo fiscal del rescate bancario.

"Lo anterior no es un problema de ineficiencia del IPAB, sino más bien lo es de la CNBV, quien ha tenido tiempo de sobra para planchar todas las irregularidades e ilegalidades que en su momento permitió Eduardo Fernández."

El IPAB, válido: Fauzi Hamdan

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Fauzi Hamdan, sostuvo que "muchos traidores quieren golpear al IPAB porque afecta sus intereses". Y por el contrario, el legislador dijo que el instituto "es una instancia válida que no requiere de ajustes sustantivos porque ha demostrado su efectividad".

Hamdan adujo que está de acuerdo con el castigo jurídico contra el secretario adjunto del IPAB, Eugenio González Sierra, y del director de Investigaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, León Alberto Schietekat Ballesteros. El senador panista aseguró que "se pueden corregir algunas cosas".

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Hamdan recordó que el IPAB fue creado -dos años y medio atrás- para tratar de resolver el problema del Fobaproa, "en donde hubo todo ese daño que se le causó a la nación", y tuvo como finalidad aspectos fundamentales como: recuperar cartera, denunciar acciones de ilegalidad y la irregularidad de servidores públicos y de particulares.